Obama, Atila contra
la Primera Enmienda
SI MAYO NO FUÉ el mejor mes de su
segundo mandato para Barack Obama -perdió la batalla en su intento de revisar
la Ley de Armas de Fuego y El Capitolio empezó a malograrle la reforma
migratoria-, menos lo ha sido para la Primera Enmienda Constitucional que
antaño dio a los Estados Unidos el rango de democracia líder en el respeto y la
protección a la Libertad de Expresión.
Casualmente el 7 de junio -consagrado en México a la
celebración de la libertad de Prensa-, aquí se difundió el hallazgo del diario
británico The Guardian que dio con una directiva del gobierno de Obama por la
que se instruye al operador telefónico Verizon la entrega diaria a la Agencia
de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de un reporte sobre todas
las llamadas telefónicas en territorio estadunidense y de éste hacia otros
países.
Según la espeluznante versión, que fue reproducida por
The Washington Post, la orden judicial se originó en el Foreign Intelligence
Survillance Court (FISA), con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como
destinataria del reporte.
Sirve esa orden para que queden bajo control
gubernamental los contenidos de los sistemas operados por Google, Facebook,
Apple, Microsoft y otros por los que circulan millones de mensajes en las redes
sociales. La coartada es el combate al terrorismo.
A decir verdad, esa revelación careció del impacto de la
sorpresa, pues a mediados de mayo la indignación cundió en el interior de la
Unión Americana y en el mundo cuando la agencia de noticias AP encendió la
alarma al denunciar que fue objeto de una operación de espionaje con la
intervención de los teléfonos de editores y reporteros, so capa de investigar
la filtración a la prensa de información clasificada, considerada sensible a
riesgos para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La agencia, medios y
movimientos civiles solidarios consideraron esa intercepción gubernamental como
atentado no sólo a la Primera Enmienda, sino a la privacidad de las personas.
En el curso de las indagatorias se comprobó que esa
operación de espionaje se inició desde mayo de 2013, cuando AP divulgó que la
Inteligencia de los Estados Unidos infiltró un agente en al-Qaeda con base en
la península arábiga, quien habría recibido una bomba para hacerla estallar a
bordo de un avión con destino a territorio estadunidense, pero finalmente
entregó el artefacto al gobierno saudita.
Sobre esa denuncia, al vocero de la Casa Blanca Jay
Carney se le trabó la manzana de Adán cuando, en conferencia de prensa, se le
interpeló sobre el hecho de que durante la gestión de Obama se han dictado el
doble de directivas de espionaje que las de todas las administraciones
anteriores en su conjunto.
El vocero se aferró a la cortada de que está por medio de
la Seguridad Nacional de EU.
Más impermeable y hermético sobre esa cuestión estuvo el
Fiscal General Eric Holder, blindado por la Casa Blanca desde que El Capitolio
lo emplazó a explicar la operación Rápido y furioso, de trasiego de armas a
México, y con posterioridad la conducta del Servicio Interno de Rentas
(autoridad fiscal), por su selectiva persecución a contribuyentes no gratos a
Washington.
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