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Obama, Atila contra la Primera Enmienda
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Edición 306


Obama, Atila contra


la Primera Enmienda

 

 

SI MAYO NO FUÉ el mejor mes de su segundo mandato para Barack Obama -perdió la batalla en su intento de revisar la Ley de Armas de Fuego y El Capitolio empezó a malograrle la reforma migratoria-, menos lo ha sido para la Primera Enmienda Constitucional que antaño dio a los Estados Unidos el rango de democracia líder en el respeto y la protección a la Libertad de Expresión.



     Casualmente el 7 de junio -consagrado en México a la celebración de la libertad de Prensa-, aquí se difundió el hallazgo del diario británico The Guardian que dio con una directiva del gobierno de Obama por la que se instruye al operador telefónico Verizon la entrega diaria a la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés) de un reporte sobre todas las llamadas telefónicas en territorio estadunidense y de éste hacia otros países.

Según la espeluznante versión, que fue reproducida por The Washington Post, la orden judicial se originó en el Foreign Intelligence Survillance Court (FISA), con la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) como destinataria del reporte.

 

Sirve esa orden para que queden bajo control gubernamental los contenidos de los sistemas operados por Google, Facebook, Apple, Microsoft y otros por los que circulan millones de mensajes en las redes sociales. La coartada es el combate al terrorismo.

A decir verdad, esa revelación careció del impacto de la sorpresa, pues a mediados de mayo la indignación cundió en el interior de la Unión Americana y en el mundo cuando la agencia de noticias AP encendió la alarma al denunciar que fue objeto de una operación de espionaje con la intervención de los teléfonos de editores y reporteros, so capa de investigar la filtración a la prensa de información clasificada, considerada sensible a riesgos para la Seguridad Nacional de los Estados Unidos. La agencia, medios y movimientos civiles solidarios consideraron esa intercepción gubernamental como atentado no sólo a la Primera Enmienda, sino a la privacidad de las personas.

En el curso de las indagatorias se comprobó que esa operación de espionaje se inició desde mayo de 2013, cuando AP divulgó que la Inteligencia de los Estados Unidos infiltró un agente en al-Qaeda con base en la península arábiga, quien habría recibido una bomba para hacerla estallar a bordo de un avión con destino a territorio estadunidense, pero finalmente entregó el artefacto al gobierno saudita.

Sobre esa denuncia, al vocero de la Casa Blanca Jay Carney se le trabó la manzana de Adán cuando, en conferencia de prensa, se le interpeló sobre el hecho de que durante la gestión de Obama se han dictado el doble de directivas de espionaje que las de todas las administraciones anteriores en su conjunto.

El vocero se aferró a la cortada de que está por medio de la Seguridad Nacional de EU.

Más impermeable y hermético sobre esa cuestión estuvo el Fiscal General Eric Holder, blindado por la Casa Blanca desde que El Capitolio lo emplazó a explicar la operación Rápido y furioso, de trasiego de armas a México, y con posterioridad la conducta del Servicio Interno de Rentas (autoridad fiscal), por su selectiva persecución a contribuyentes no gratos a Washington.



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