“El
tesoro” petrolero
“Cualquiera que
tenga el poder de hacerte creer idioteces, tiene el poder de hacerte cometer
injusticias”.
Voltaire
Retorna la letanía de que
urge abrir la industria petrolera, con el único fin de revertir los efectos
históricos de la expropiación decretada por Lázaro Cárdenas del Río en 1938
para frenar las actitudes de soberbia y despotismo de las petroleras extranjeras,
negadas a cumplir los ordenamientos constitucionales.
Lázaro Cárdenas y el decreto de expropiación
Es inconcebible que por
medio de una nueva arremetida mediática de manera inusitada se busque abrumarnos
con la cantaleta de que es urgente -para no quedarnos fuera del entorno
mundial- que en materia de energéticos se coloque a México en la ruta “de ida”,
cuando los países que experimentaron esta fórmula de las políticas neoliberales
y globales, están recuperando de nuevo
el control sobre sus energéticos.
Quizás muchos de nuestros
legisladores, quienes parecen disfrutar de los cabildeos entre los partidos y
el mercadeo de votos, nunca se han tomado la molestia de investigar la historia
de nuestro petróleo y remontarse al 13 de abril de 1917, cuando, ya promulgada
la Constitución, el gobierno constitucionalista estableció el impuesto de
producción al petróleo.
Qué tiempos aquellos.
Mucha pulcritud mostró
entonces el secretario de Hacienda Luis Cabrera cuando estableció que el
impuesto se pagara precisamente en timbres, para evitar que la Compañía
Mexicana de Petróleo El Águila se negara
a cumplirlo, apoyada en la concesión de 1906, en que el Congreso de la Unión
había aprobó el proyecto enviado Porfirio Diaz en los siguientes términos:
“Se aprueban los dos contratos celebrados el
18 de enero y el 4 de febrero de 1906, entre la Secretaria de Fomento y la
Compañía S. Pearson and Son ltd, para la explotación y exploración de los
criaderos de petróleo existentes en el subsuelo de los lagos, lagunas y
terrenos baldíos nacionales, ubicados en los Estados de Veracruz, Tabasco,
Chiapas, Campeche, San Luis Potosí y Tamaulipas”.
Esos terrenos, adquiridos en
ganga porfirista le permitieron a Edwar
L. Doheny crear otra compañía denominada Huasteca Petroleum Company, quedando
constituida el 12 de febrero de 1907. ¿Lo saben nuestros reformadores?
Al estallar el movimiento
armado de de 1910, en ningún momento se
alteraron, suspendieron o modificaron las condiciones en que operaban las
petroleras, cuyo progreso fue notorio, pues en 1911 se logra una producción de
12 millones 546 mil 286 barriles anuales, muy superior a la de 1910 que había
sido de tres millones 632 mil 192 barriles anuales. ¿Entre más anarquía mejor
ambiente para los negocios globales?
Cuando el petróleo no era nuestro.
Cabe señalar que a finales
del mismo 1910 la producción de petróleo con la que se contaba en México
superaba el requerimiento nacional, iniciándose la exportación de excedentes
(sin saber cuánto representaba en ingreso vía impuestos en una país en
confrontación).
El primer embarque rumbo al
extranjero lo vendió la Huasteca Petroleum Compañy a la Magnolia Petroleum
Compañy, saliendo 30 mil 262 barriles de crudo con destino a Sabine, Texas en
el barco Capitán A.F.Lucas.
Porfirio Díaz Mori.
Esto animó a otras compañías
que fueron invitadas por Díaz, quien entregó concesiones basado en la Ley de
1901, pero las petroleras no solamente saqueaban el recurso, sino que
practicaban una explotación inhumana contra todos los mexicanos.
El codiciado oro negro
fue botín de compañías como las americanas del Grupo Doheny, Mexican
Petroleum Company, Huasteca Petroleum Company y Estándar Oíl Company of New
Jersey, que operó con el nombre de Penn
Mex Fuel Company. Los intereses
Sinclair, que operaron con el nombre de Freeportand Mexican Fuel
Corporation; la Gulf Company; Sourtherm PacificRail Rod (controlando comercialmente
el 65 por ciento de toda la producción nacional.) La Royal Dutch-Shell
Sindicate, que operó con el nombre de Corona Petroleum Compañy y Chijoles Oil
Limited controló el 32 por ciento,
dejando solamente el 3 por ciento restante a la empresa semioficial Petróleos
de México S.A. (Petromex).
Luis Cabrera, secretario de Hacienda con Porfirio Díaz.
¿Solicitarán nuestros
diputados y senadores la información de hechos que describe en sus memorias el
general constitucionalista Cándido
Aguilar sobre la misiva del almirante de
Marina de los Estados Unido a bordo del Nebraska,
amenazando con invadir México con el
pretexto de salvaguardar sus intereses petroleros?
La forma de intervenir de
las petroleras en muchos hechos históricos se ilustra con aquel pasaje en que
el gobierno constitucionalista de Venustiano
Carranza expide su decreto que definía las condiciones de exploración y
exploración del subsuelo, conforme a los estipulados por la Constitución recién
promulgada. Los gobiernos de Londres y Washington protestaron enérgicamente
para que Carranza
suspendiera algunos decretos, mientras “sorprendentemente” se levantaba en armas el general Manuel
Peláez, auspiciado por las subsidiarias de Estándar Oíl Company of New Jersey y de la Royal Dutch
Shell.
El buen negocio del petróleo
llevó a México a ocupar en 1921 el segundo lugar como productor mundial con la nada despreciable cifra de 193
millones 397 mil 586 barriles anuales.
Constitucionalistas.
Posteriormente a la
nacionalización del petróleo, la nación
fue objeto de una campaña internacional de descrédito y las petroleras inflaron
a niéveles de atraco el valor de sus activos y los intereses para efectos de
indemnización.
También, como respuesta, se
alentó al cabildero del petróleo Manuel Gómez Morín a crear el Partido Acción Nacional (PAN) para
revertir por la vía política este acto histórico.
Las tentaciones de revertir
la consolidación financiera de Pemex han
sido permanentes, hasta que entre 1949 y 1951 se consideró “pertinente” celebrar los denominados Contratos Riesgo con
empresas privadas, con una duración de 10 a 15 años para su exploración y explotación. Estamos hablando del esquema que ahora se quiere
restablecer. Estos contratos se otorgaron a las empresas CIMA, Sharmex; Isthmus
Development Company y Pauley-Noreste.
El 29 de noviembre de 1958,
el artículo 8 de la Ley Reglamentaria
del artículo 27 Constitucional determinó que Pemex no podía fijar remuneraciones en porcentaje
de los productos ni sobre resultados de la explotación.
Fue Gustavo Díaz Ordaz quien el 16 de junio de 1965 comunicó a las
empresas la terminación del plazo contractual a 15 años. Los berrinches no se
hicieron esperar y después de avalúos y negociaciones se fijó una liquidación
de 24 millones 43 mil dólares.
Es importante que, antes de
decidir la desnacionalización se conozca nuestra historia y sus efectos en
corto y mediano plazos. Quien tiene el
petróleo tiene el poder y México no puede perder esa fuerza que le da cohesión
y viabilidad.
La solución más simple sería combatir la
profunda corrupción de la paraestatal, el derroche por parte de una burocracia
parasitaria gerencial. Reconstruir sus
sistemas de vigilancia en forma real
y la evaluación con probidad republicana de resultados
replanteados para rescatar la solvencia integral de México y sus
instituciones..
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