Combate a la corrupción,
imperativo impostergable
Como resultado automático de la existencia de un Poder
dividido -el Ejecutivo federal frente a un Legislativo con oposición dominante,
y la mayoría de las gobernaciones estatales en manos del PRI-, la transición
democrática, oteada desde 1997, se frustró en su placenta, y se redujo sólo a
alternancia en Los Pinos, acompañada por ex priistas a quienes se confió
posiciones determinantes, como fue la cabeza de sector del gabinete económico, la Secretaría de Hacienda,
encargada a Francisco Gil Díaz.
El dizque bueno, la mala y la fea.
Lo que aparentemente se prefiguraría como gobierno de
coalición, se fracturó con la declaración inaugural de Vicente Fox, quien
definiría el suyo como un gobierno de empresarios, por empresarios y para
empresarios que, por carecer de una base popular solidaria, desgastó el
bono democrático endosado por los
votantes al guanajuatense en 2000.
Aunque Fox lograría en su oportunidad atraer a las
dirigencias nacionales de los partidos opositores a la firma de un Acuerdo
Político para el Desarrollo Nacional, la falta de pericia para la operación
política dejó ese acuerdo en mero texto testimonial.
El problema básico del primer Presidente de oposición en
70 años, se detectó en la propia Oficina de la residencia presidencial: La
impotencia de la Dirección
de Imagen y Opinión Pública para sustanciar en aceptación del gobierno los
altos índices de popularidad personal del titular del Ejecutivo. El excesivo
protagonismo mediático de La pareja
presidencial dio al traste con
las expectativas de cambio.
No menos importante, fue la falta de voluntad política
para acometer el cumplimiento del compromiso que atrajo la simpatía del
electorado: El de entrar a fondo al combate a la corrupción.
Por el contrario, los expedientes más escandalosos de esa
peste heredada del priismo populista, parecieron ser un manual práctico para
los funcionarios de nuevo cuño, que se engolfaron con prebendas ilícitas, al
grado de que -tras doce años de alternancia partidista-, el más reciente Índice
de Percepción de la
Corrupción, elaborado para México por Transparencia
Internacional, cayó más de 30 puntos, para situar al país en el sitio 106.
Ahora -con el PRI de nuevo en Los Pinos- resultaría
prematuro aventurar oficiosamente calificaciones a un gobierno que sólo tiene
un año en ejercicio, si no fuera porque el tiempo apremia y un sexenio se agota
antes de que el titular del Ejecutivo lo desearía. Una agencia encuestadora,
generalmente reconocida como confiable (GEA-ISA), reveló en agosto que Enrique
Peña Nieto perdió en menos de cuatro meses diez puntos en popularidad personal.
En abono a Peña Nieto, puede acreditársele la concreción
del Pacto por México como instrumento catalizador y funcional de coincidencias
políticas y programáticas de las tres fuerzas partidistas dominantes, con la
adhesión de una cuarta que juega el papel de satélite oportunista. Pero una
golondrina no hace verano, como lo estamos viendo a la luz del retiro del PRD
de dicho pacto.
Francisco Gil Díaz.
Frente al razonable éxito de ese mecanismo de negociación
-en particular en el campo legislativo-, de nuevo se presenta en los haberes y
debes del gobierno federal el espectro de la corrupción. Es así, porque uno de
los compromisos asumidos e incumplidos por el mexiquense, fue el combate a ese
degradante fenómeno que agravia a la sociedad toda.
Es indudable que uno de los factores de presión contra el
imperativo de limpiar la administración pública, radica en la resistencia de
los poderes fácticos, usufructuarios de lo que los sociólogos codifican como economía
criminal.
Pero si Peña Nieto ha probado su acerada inflexibilidad
en el debate y la oposición a algunas de sus iniciativas -como son las reformas
educativa, financiera, hacendaria y fiscal, y la energética-, sería de
esperarse que en el tema de la corrupción el Presidente diera pasos firmes y
adelante.
A los tres meses de conocida su baja en los índices de
popularidad, Peña Nieto declaró en octubre, con voluntad de estadista, que no
gobierna para estar bien en las encuestas, sino para la transformación de
México en nombre y beneficio de las nuevas generaciones.
Si las nuevas generaciones desertan de la política -la
organización chilena Latinobarómetro ha informado
recientemente que un alarmante porcentaje de
mexicanos cree que México marcharía mejor sin partidos políticos-, esa
deserción responde justamente al desencanto de la democracia, preñada de
corrupción.
Resulta pertinente e impostergable que, para la salud de la República y la
restauración de la confianza en la política, en la agenda 2014 el Ejecutivo
ponga a caballo esa asignatura, porqué, como lo advirtiera en su momento José
López Portillo, hemos convertido a México en un país de corruptos. La
deliberada tolerancia a la impunidad, es madrastra de la decadencia de cualquier
sistema político.
Sólo la eficaz reparación de ese criminal entuerto que
afrenta a la comunidad nacional, permitirá sacar a México de la categoría de Estado
fallido. Si leemos bien los signos de los tiempos, podemos establecer
que hay imperativos improrrogables: Contra la corrupción, es uno de ellos.
El viejo PRI cayó del poder presidencial por ese
putrefacto déficit; el nuevo, debe validar en los hechos su condición partido
transformador. La sensibilidad popular es implacable. No hay opción: O
cabestreas o te ahorcas.
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