ES PREOCUPANTE QUE EN MÉXICO sin padecer una guerra civil o internacional, ocupe el séptimo lugar en nivel mundial y primer lugar en Latinoamérica en asesinatos a periodistas, rebasando a Afganistán, Siria, Somalia e Irak, según el Comité para la Protección de los Periodistas.
EN EL CASO DE MÉXICO, es monstruosa la forma en que son asesinados, secuestrados y desaparecidos en nivel nacional y existe un denominador común: hombres armados vestidos de policías, secuestran, desaparecen o asesinan a los periodistas incómodos. Posteriormente, aparecen sus cuerpos torturados en bolsas negras en lugares visibles. Durante ese tiempo, el Poder Judicial practica la simulación y el entretenimiento ante los familiares, que en su desesperación, entrevistan a varios funcionarios del gobierno, pero no son recibidos. Lo que expresa la impunidad y corrupción del Poder Judicial en todos sus niveles, donde la justicia es para los amigos y no para la sociedad.
Impunidad y corrupción
Por tanto, algunos funcionarios del Gobierno Federal, Estatal y Municipal están inmersos en la corrupción e impunidad y en algunos casos, son colaboradores del narcotráfico.
Por ello, los periodistas asesinados o desaparecidos, son aquellos que publican noticias policíacas y otros informan a sus medios periodísticos, acerca de las luchas sociales antigubernamentales en sus diversas modalidades.
De ahí que, gran parte del territorio nacional está cubierto de la sangre de decenas de periodistas, mientras los gobiernos federal, estatal y municipal, siempre culpan al narcotráfico como los autores de esos asesinatos de vidas irreparables.
Brutal represión
Con base en la información y estudio realizado por el Club de Periodistas de México, en casi toda la República Mexicana se ha reprimido brutalmente a los periodistas, sumando a la fecha 139 asesinatos, 22 desapariciones forzadas y 37 homicidios, estos últimos se dieron entre 1983 al 2000, haciendo un total de 198 víctimas hasta el 2015, logrando que México sea el país más peligroso del mundo para los periodistas, resaltando a aquellos que se dedican al periodismo de investigación.
En la mayoría de los secuestros y asesinatos de periodistas, los familiares y amigos que buscan apoyo en los tres niveles de gobierno solo se han encontrado con funcionarios sordos, corruptos e ineficientes.
Y al paso de los meses en los casos más conocidos, recogen los cuerpos de los periodistas asesinados, en donde fueron abandonados. Esto es un claro ejemplo de cómo los gobiernos neoliberales, como el mexicano, solamente otorgan una libertad limitada, pero no hacen justicia a la población.
A ello hay que agregar la cooptación que hace el narcotráfico a las corporaciones policiacas y de algunos militares que hoy ya se encuentran en las filas del cártel de los zetas.
Denuncia y asesinato
Entre los periodistas reprimidos que ofrendaron sus vidas para defender la libertad de expresión, se encuentran aquellos que denunciaron precisamente a las corporaciones policiacas y los funcionarios corruptos, resaltando algunos nombres de munícipes y gobernadores represores, que por cierto, se han enriquecido inexplicablemente.
Otros periodistas han denunciado el tráfico de drogas de mayoreo y menudeo en territorio nacional vía Estados Unidos de Norteamérica. Así que estos índices de inseguridad, también afectan la tranquilidad de la sociedad mexicana ante la indiferencia del Estado, frente a los ataques a la libertad de expresión y el derecho a la información.
Para observar la trascendencia de estos crímenes y desapariciones forzadas de estos periodistas, es preciso señalar los estados de la República que se encuentran involucrados en esta matanza de periodistas. Los citaremos a partir del primer lugar hasta el de menor incidencia.
Escenarios del crimen
En primer lugar se encuentra Veracruz con 27casos, Chihuahua 25, Tamaulipas 22, Guerrero 16, Michoacán 14, Sinaloa 13, Distrito Federal 13, Coahuila 9, Estado de México 8 Baja California 6, Oaxaca 6, Nuevo León 6, Sonora 5, Morelos 4, Puebla 3, Tabasco 2, Jalisco 2, San Luis Potosí 2, Nayarit 1 y Zacatecas 1.
Ante esta situación represiva nacional, es obvio que el gobierno federal ha violado los Artículos Sexto y Séptimo Constitucionales, porque no ha sido capaz de hacer cumplir esos dos preceptos constitucionales y menos aún, indemnizar a las familias de lo periodistas asesinados y consignar a los sicarios y autores intelectuales de esos homicidios.
Por su importancia, vale la pena citar esos dos Artículos Constitucionales: Artículo sexto: “La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho a la información será garantizado por el Estado”. Artículo séptimo: “Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquier materia, ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta que no tiene más límites, que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz pública”.
Por tanto, es imprescindible legislar para dar plena protección a los periodistas y así garantizar la libertad de expresión. Asimismo, crear una Comisión Nacional o Fiscalía especial que investigue los casi 200 asesinatos, secuestros y desapariciones forzadas y entregue las indemnizaciones a los familiares de esos comunicadores asesinados o desaparecidos, pues la PGR y la CNDH, ya tienen bastante trabajo para investigar los casos de los 27 mil desaparecidos y de los líderes sociales que han sido asesinados en todo el territorio nacional, porque la Ley del 2013, duerme en las oficinas del Poder Judicial.
Sin importar la contaminación
En otro orden de ideas, con la Reforma Energética, en México se iniciarán las perforaciones profundas (frackin), en busca de gas y petróleo en toda la nación, sin importar la contaminación de los mantos friáticos, así como del medio ambiente por parte de las compañías mineras y ello ocasionará grandes movimientos sociales de indígenas, campesinos y mineros que no aceptarán tales megaproyectos y que los periodistas se verán obligados a publicarlos.
Ya existe la experiencia de la guerra indígena en Bolivia y en el caso de México, podemos mencionar los “Tratados de Bucareli”, que firmó Álvaro Obregón y la Reforma Energética de Enrique Peña Nieto para vender y explotar el subsuelo mexicano.
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