Existe la posibilidad de que Javier Duarte de Ochoa, (JDDO), ex gobernador de Veracruz, tenía una pasión desbordada por la fortuna, a sabiendas de que un correligionario suyo con más poder lo protegería a futuro.
Y con esa idea, empezó a robar las 24 horas del día a los veracruzanos, con los ojos abiertos. Además, JDDO padece un delirio de grandeza. Es un cleptómano, y ante esa enfermedad, no hay códigos penales o civiles que le restituyan la salud.
Este planteamiento puede justificar la conducta del 99% de los políticos mexicanos, que utilizando los recursos públicos ilícitamente, presumen a sus amigos e invitados los mejores vinos, pent-houses, residencias en los mejores fraccionamientos, haciendas, ranchos, como el “Faunito” de Fortín, Veracruz. Asimismo, compran las joyas más caras en Polanco de la Ciudad de México y sus indumentarias son exclusivas o de modistas particulares.
Arquetipos de la corrupción
Este fenómeno de la corrupción mexicana, se cristaliza con JDDO, ex gobernador con licencia y prófugo, que triunfó políticamente con votos robados o comprados por otro corrupto antecesor, Fidel Herrera Beltrán. Ellos son arquetipos de la corrupción, así como las élites políticas, capaces de robar miles de mdp para darse los lujos citados y poder enviar en avionetas o helicópteros maletas con decenas de millones de pesos en plena campaña presidencial a Toluca, base del grupo Atlacomulco, por ser intocables como élite política.
La historia política cuenta que en una ocasión, los periodistas le preguntaron al ex presidente Emilio portes Gil, que expresara su opinión sobre los regímenes sexenales y él contestó: “sabemos que en cada sexenio se producen comaladas de millonarios”. Y haciendo cuentas, ésta práctica se inicia con Álvaro Obregón Salido, de 1920 hasta el 2016.
Antes de citar las denuncias de ciudadanos, la Auditoría Superior de la Federación, (ASF), Procuraduría General de la República, (PGR), Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, (FEPADE), y otros, es necesario preguntar a las autoridades federales y estatales: ¿por qué si conocían desde el 2011 los desvíos de recursos públicos de JDDO, no actuaron judicialmente?
Resaltamos que era un secreto a voces que José Juan Janeiro Rodríguez, ordenaba las transferencias de los recursos públicos, con la anuencia de los titulares de las Secretarías y Subsecretarías del gobierno duartista. “…los fondos públicos se transferían hacia lo que solo los allegados de Duarte conocían como ‘la licuadora’. Además, este abogado fiscalista creó varios despachos y empresas fantasmas y con ellas se hizo lavador de dinero…” Hoy se le acusa de defraudador fiscal, por el cual interpuso un amparo contra la demanda que hizo el Servicio de Administración Tributaria, (SAT). También se afirma que era socio de Moisés Mansur Cysneiros, presta nombre sobresaliente del ex gobernador JDDO.
¿Productos del trabajo?
Por otra parte, según la PGR, el abogado fiscalista Alfonso Ortega López, —testigo protegido— y cercano del ex gobernador multicitado, ha informado con detalles los procesos de las compras de inmuebles y venta de las mismas a través de diversas inmobiliarias fantasmas, citando dos casas en Ixtapa Zihuatanejo con valor de tres millones y medio de dólares. En Miami, se adquirieron 30 propiedades de tres millones 200 mil dólares. Otros en Woodlands Texas, Arizona y Madrid, España; un edificio en la calle Masaryk, Polanco; tres condominios en el club de golf Bosques de Santa Fe, un terreno en Avenida Chapultepec y Salamanca y una casa en Coyoacán de la CDMX. Así también, propiedades en Tlacotalpan, un rancho en Córdoba, la torre Pelícano en Boca del Río, un rancho, “el faunito”, en Fortín de las Flores. En Boca del Río posee seis lujosos pent-houses, otro en el 933 del Boulevard miguel Alemán, así como un departamento lujoso en la torre financiera americana, en el Puerto de Veracruz y otro en el Municipio Emiliano Zapata y una casa en Tlacotalpan. Además, el rancho las mesas en Valle de bravo, una plaza comercial en Metepec y unas bodegas en Ocoyoacac más los inmuebles en Cancún, Quintana Roo. Posteriormente, se catearon inmuebles relacionados con JDDO en las Delegaciones Coyoacán, Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, asimismo, se dice que adquirió cientos de hectáreas en Campeche, donde construyó un club de golf (Proceso 2087, pp.16 a la 20, Jorge Carrasco A. y Noé Zavaleta).
Así que, resaltan entre sus allegados y prestanombres, los hermanos Moisés Mansur Cysneiros y José Zuri, así como Gabriel Deantes Ramos y Jaime Porres Fernández Cavada, empresarios cordobeses.
Simulación de reintegros
Por otro lado, el titular de la Secretaría de la Función Pública local, Estefany Olmos, denunció entre otras cosas, que la Secretaría de Hacienda del Estado, “…retuvo el 5% de los ingresos de los trabajadores del gobierno y los entregó al PRI, asevera que hasta ahora, se cuenta mas de 100 millones de pesos. Empero, el desfalco que hizo JDDO, según la Auditoría Superior de la Federación (ASF), es por 35 mil mdp, exclusivamente por las transferencias federales a Veracruz, había una simulación de reintegros a la Tesorería de la Federación o sea, la Secretaría de Finanzas depositaba los fondos en cuentas de banco para solventar la investigación, pero al día siguiente se retiraban desaparecía el dinero, se refiere del 2012 al 2016” (La Jornada, 5 de noviembre de 2016, p. 14, Miroslava Breach V., Roberto Garduño y Enrique Méndez). En el mismo orden de ideas, la periodista Nancy Flores, asegura que solo entre 2011-2014, las irregularidades detectadas, ascienden a 27 mil 503.5 mdp, es decir 13 mil 456.4 mdp entre 2011 a 2013 y 14 mil 47.1 mdp del 2014, y sintetiza que en las 32 entidades federativas se simulan reintegros a la Tesorería de la Federación por 175 mil mdp entre 2011 y 2014. (Contralínea, pág. 32, 13 de noviembre de 2016). Y cabe la pregunta: ¿a qué se dedica tanta burocracia en el área de Inteligencia Fiscal de la SHyCP, así como en la SFP y la PGR? Por ello, la clase política huele a corrupción por su permanente silencio en los grandes problemas nacionales y de corrupción.
Consideramos que por las permanentes manifestaciones ciudadanas, así como de los trabajadores del gobierno, organizaciones civiles y ediles que no les llegan los recursos federales, la PGR se vio obligada a ejercer acción penal contra el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita y Gabriel Deantes Ramos, ex Secretario del Trabajo en el gobierno de JDDO, el primero junto con su esposa de ser propietarios de cinco residencias en Woodlands Texas, valuadas en 2.4 mdd —prófugos de la justicia—, ambos acusados por tráfico de influencias, abuso de autoridad y enriquecimiento ilícito. (La Jornada, 28 de octubre de 2016, Enrique Méndez).
Asimismo, la PGR aseguró 112 cuentas bancarias, cinco empresas (de las 32 empresas fantasmas) y cuatro propiedades del exgobernador citado. A la fecha existen 75 indagatorias, 32 del SAT y 43 denuncias de la ASF, (la Jornada 14 de noviembre de 2016, pág. 5, César Arellano G). Todo ello parece una burla a los veracruzanos porque todos los allegados a JDDO, se encuentran amparados por diversos jueces y la tragicomedia aún no termina.
Ni las puertas perdonan
Vale la pena señalar, que en este río revuelto de corrupción, hay también impunidad, cinismo, infamia, simulación, traición, cooptación, represión, crimen, desapariciones forzadas e injusticia para la población veracruzana. Precisamente, en Fortín de las Flores, donde el ex gobernador prófugo adquirió el rancho “el faunito”, uno de sus alumnos ya se encuentra en la cárcel de Amatlán de los Reyes, se trata del expresidente municipal César Torrecilla Ramos, porque se robó 40 millones de pesos y el actual alcalde Armel Cid de León, ya desapareció la puerta de madera de la entrada del Palacio Municipal, que tiene un valor histórico, según el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Se dice en lenguaje mexicano que muchas veces sale mejor el alumno que el maestro, y para muestra un botón.
Por tanto, si el gobierno federal no actúa con rigurosidad y en su lugar no penaliza a los involucrados en el robo de los recursos públicos en Veracruz, así como la SHyCP no levanta el castigo al nuevo gobierno en su ejercicio fiscal para 2017; se radicalizarán las manifestaciones y se hará ingobernable esa entidad federativa, mientras que Javier Duarte oye ladrar los seis perros que se robó de la casa de gobierno y Tomás Ruiz, exsecretario de Finanzas, se consuela diciendo que cuando observó el desvío de los recursos públicos, renunció en lugar de denunciar y por ello, es cómplice del robo a cielo abierto a los veracruzanos que hoy no reciben salarios ni medicamentos en los hospitales y otras dependencias públicas.
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