Privatizar el agua, beneficiar a mineras a costa de la biodiversidad y facilitar reformas para seguir operando el Fracking quedan pendientes en el Congreso de la Unión.
Agua privatizada
Mauricio Laguna Berber
UTILIZAR LOS RECURSOS HÍDRICOS y las áreas naturales del país para impulsar la explotación de hidrocarburos mediante el fracking, es una de las mayores preocupaciones de organizaciones civiles que han dado seguimiento a las iniciativas de las fracciones parlamentarias de los hoy partidos políticos de oposición en el poder legislativo
ESTE PROCESO mecánico de fracturación hidráulica sirve para extraer petróleo, gas natural y minerales atrapados en los poros de formaciones rocosas poco permeables denominadas lutitas bituminosas situadas en el subsuelo a profundidades de entre mil y cinco mil metros.
En la reciente protesta realizada el 19 de septiembre por los trabajadores de la Mina Pasta de Conchos, en Coahuila, contra el uso de este sistema los mineros explican; como esta técnica usada por las compañías extranjeras que tienen concesiones para explotar los recursos del subsuelo mexicano, concesionados a través de PEMEX, hacen perforaciones de pozos verticales hasta llegar donde está la formación de gas o petróleo lo que ocasiona impactos socioambientales.
Con el uso de la fracturación hidráulica se realizan una serie de perforaciones horizontales en la lutita, que pueden extenderse por varios kilómetros en diversas direcciones. A través de estos pozos horizontales se fractura la roca con la inyección de una mezcla de agua, arena y sustancias químicas a elevada presión que fuerza el flujo y salida de los hidrocarburos de los pozos contaminando los mantos freáticos del subsuelo.
Pero este flujo disminuye muy pronto, por lo cual es necesario perforar nuevos pozos y extraer más agua para mantener la producción de los yacimientos. La fractura para hacer un solo pozo requiere entre 9 y 29 millones de litros de agua y estas operaciones ocupan vastas extensiones de territorio.
Este tema se ha mantenido en México con un bajo perfil pese a sus devastadores efectos para millones de mexicanos, porque las elecciones presidenciales, los problemas de inseguridad y violencia en México lograron desviar las miradas de la opinión pública.
El proyecto para privatizar el agua y usarla en el fracking
En noviembre de 2017, la Comisión de Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados, entonces presidida por el ex diputado del Partido Revolucionario Institucional (PRI) José Ignacio Pichardo Lechuga, presentó la tercera etapa del proceso legislativo rumbo a la construcción de una Ley General de Aguas.
Dicha iniciativa promovida en la pasada legislatura indica prevé concesionar caudales nacionales y trasvases a privados, así como permitir que la iniciativa privada realice descargas de líquidos residuales. Una ley que ha sido interpretada por grupos ambientalistas y organizaciones civiles como una reedición de la llamadaLey Korenfeld que el gobierno de Peña impulsó en 2015 para privatizar el agua.
Además, el borrador de esta Ley de Aguas que se mantiene en la congeladora y el PRI la pretende impulsar en la actual legislatura, busca facilitar el uso de agua para la explotación de hidrocarburos, a través de una técnica conocida como fractura hidráulica o fracking, pese al enorme riesgo de que pueda contaminar los mantos acuíferos.
De ahí que académicos de la UNAM hayan advertido que los términos en que viene planteada la Ley de Aguas, donde buscan privilegiar a industrias como la refresquera, la automotriz y las extractivas.
Tal es el caso de las conclusiones de expertos reunidos en febrero pasado, en el Centro de Investigaciones en Geografía Ambiental del Campus Morelia de la UNAM, donde participaron los académicos Carmen Carmona, Joel Carrillo, Rafael Huizar y Gonzalo Hatch, quienes destacaron que el principal riesgo de la reforma tiene que ver con que "no incluye un esquema claro de gestión para el agua subterránea", refiere Michoacán 3.0
De ahí que la reforma incluye "la privatización de la infraestructura, la entrega de concesiones a perpetuidad, la autorización de los trasvases, así como la entrega de grandes volúmenes de agua subterránea para actividades altamente contaminantes como el fracking y la minería", señalan los académicos, quienes incluso en septiembre pasado propusieron que se debe impulsar una iniciativa de ley para regular las aguas subterráneas.
Un tema grave, considerando que el 97% del agua subterránea es utilizada para consumo humano, es decir, más de 87 millones de mexicanos.
Además, los expertos consideran que el tema de aguas subterráneas es estratégico ya que gran parte de las inversiones son extranjeras.
"Requieren fundamentalmente de agua; pensemos en las grandes compañías mineras, automotrices, el sector agroalimentario, por mencionar algunos cuantos que extraen grandes cantidades de agua subterránea y este tema ha pasado como de forma a priori, como que no es necesario tener un esquema pero gran parte de estas riquezas de estas empresas, como las refresqueras, se hace a partir de agua subterránea, entonces aunque no está claro en la renegociación del TLC, el tema de las aguas, está ahí latente", señalan.
Los Lineamientos para la protección y conservación de las aguas nacionales en actividades de exploración y extracción de hidrocarburos en yacimientos no convencionales, de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) no representan una solución para atender los peligros del fracking, agregan los académicos
Un análisis realizado por la Alianza Mexicana contra el Fracking evidencia que se trata de disposiciones débiles, deficientes e inoperables. Considerando que ya existen más de mil pozos perforados con esta técnica, que han realizado bajo concesión de Pemex, empresas como Halliburton, Schlumberger y Boker Huges; siendo Veracruz con 349 pozos, Puebla 233, Tamaulipas 100, Nuevo León 182, Tabasco 13, Coahuila 47, aunque se sabe de más sin que se tenga documentada su ubicación.
En opinión de Elena Burns, académica de la Universidad Autónoma Metropolitana, esta ley abre no sólo las aguas nacionales como objeto de compra y venta, sino también de especulación, pagando una cuota de garantía, adquiriendo volúmenes de agua, aunque no lo estuvieran utilizando.
La especialista explica al portal Sputnik que la Ley de Aguas Nacionales vigente fue impuesta como condición para que México entrara en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, lo cual explica parte de la tendencia privatizadora que se ha seguido en México en los últimos años.
"La Ley Korenfeld es la base de este borrador completo y hay coincidencias en los artículos más graves", agregó Miguel Ángel Montoya, consultor de Gestión Integral del Agua.
Por su parte, el gobierno federal indica que es falsa la percepción de que la administración de Peña Nieto busca privatizar el agua, con base en declaraciones del director de la Comisión Nacional del Agua, Roberto Ramírez de la Parra.
Entre los conflictos recientes por la privatización del agua en México se encuentran los casos de Mexicali y el estado de Puebla, lugares donde se han generado conflictos sociales a partir de la entrega del líquido a empresas privadas y concesionarios de la iniciativa privada para manejar los sistemas de agua potable y saneamiento.
Expertos en temas ecológicos advierten que La Ley General de Biodiversidad permite que las áreas naturales protegidas puedan ser explotadas por mineras y gaseras encargadas de obtener hidrocarburos a través del fracking.
No en la Sierra Norte de Puebla
Actualmente existen protestas para frenar un cuestionado proyecto minero en la sierra norte de Puebla. considerando que la pasada legislatura, el pasado mes de marzo de 2018, la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara Baja aprobó ilegalmente -sin quórum (con tan sólo 15 legisladores de 30) y sin haber realizado la consulta solicitada por otras comisiones- la minuta de la ley General de Biodiversidad promovida por el Partido Verde Ecologista.
"Detectamos que hay un conflicto de interés, dado que la ex senadora promovente Ninfa Salinas Sada tiene un interés en proyectos de minería metalúrgica a cielo abierto en México. Con base en los contenidos de la iniciativa, como es el debilitamiento de las áreas naturales protegidas para que se permitan este tipo de actividades que son las más destructivas, es evidente este conflicto de interés", indica Alejandro Olivera Bonilla, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica.
Por su parte la Coalición Ciudadana opositora a la Ley General de Biodiversidad, que aglutina a más de 200 organizaciones civiles especializadas en asuntos ecológicos, resaltan que las empresas extractivas como mineras y gaseras podrán explotar comercialmente reservas naturales, incluso mediante técnicas altamente contaminantes como el fracking.
Agrega la Coalición como se quieren apropiar, a través de esta ley, de los recursos energéticos que no sólo son de los pueblos originarios, sino del país; si ya hemos perdido soberanía con Pemex, con esto vamos a perder prácticamente todo.
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