ANTE EL AUMENTO DE VIOLENCIA
El país sigue siendo el
México Bárbaro
Mauricio Laguna Berber
HOMICIDIOS CONTRA LA POBLACIÓN CIVIL, desapariciones, atentados a instalaciones de medios de comunicación, amenazas de muerte a quienes realizan su labor profesional, así como a sus familias; se han mantenido como una constante que niega certeza para que este círculo pueda cerrarse y decir en México Nunca Más
DURANTE UNA VISITA de cinco días a México del 5 al 10 de abril, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, firmó un acuerdo con el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores Marcelo Luis Ebrard Casaubón, Secretario de Relaciones Exteriores, Olga Sánchez Cordero, Secretaria de Gobernación y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para brindar asesoría y asistencia técnica en el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
En conferencia señaló que “llegar a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición en cumplimiento de los estándares internacionales en el caso Ayotzinapa es una obligación del Estado mexicano. A la vez, es una oportunidad para potenciar cambios de fondo en el sistema judicial que permitan alcanzar el anhelo de justicia de quienes han sufrido graves violaciones a sus derechos humanos y saldar la deuda histórica que existe con las víctimas de la violencia”.
Subrayó que, de acuerdo a cifras oficiales, hay más de 40 mil personas cuyo paradero se desconoce. Este hecho es un llamado a todas las autoridades a asumir la búsqueda de las personas desaparecidas como una prioridad ineludible. Los efectos de la desaparición de un ser querido perduran hasta que se esclarece su suerte o paradero, se haga justicia, prolongando y amplificando el sufrimiento que se causa a familiares y personas allegadas, y afecta a toda la sociedad e impide la democracia. “Nadie debe ser sometido por más tiempo a este calvario”.
Periodistas sin protección
De manera paralela el 8 de abril pasado la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México, se pronunció porque existen vacíos legales en entidades federativas para proteger a periodistas y personas defensoras, y presentó campañas de difusión y preventivas en esas materias
La CNDH denunció los muchos vacíos legales, de mecanismos y acciones en las entidades federativas para prevenir, proteger e investigar las agresiones contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos, especialmente ante los 191 homicidios cometidos contra los integrantes de esos colectivos –146 comunicadores y 45 activistas—, la mayoría de los cuales permanece en la impunidad.
Expuso la CNDH que existe una falta de coordinación entre las fiscalías y procuradurías locales con la Fiscalía General de la República en cuanto a las carpetas de investigación que se abren en la instancia federal y locales en los casos de agresiones contra periodistas, lo que duplica actuaciones e impide conocer ante qué autoridad deben acudir las víctimas; y señaló la falta de fiscalías especializadas y de protocolos de investigación que proporcionen herramientas útiles a los ministerios públicos para saber qué investigar y qué líneas agotar relacionadas con la labor de la víctima. Todo ello, expresó, obstaculiza el acceso a la justicia de periodistas, personas defensoras y sus familiares.
Ante este panorama, el Organismo Nacional presentó las campañas “Para que algún día no tengamos que ser defensores de derechos humanos”, creada en coordinación con la sociedad organizada, y “Con violencia no hay libertad de expresión”, mediante las cuales se busca posicionar el contexto que enfrentan periodistas y personas defensoras, así como dar a conocer a la sociedad la inseguridad en que realizan sus actividades para exigir su protección a las autoridades correspondientes y reivindicar su labor.
Mecanismos Fallidos
El pasado 25 de marzo el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, informó que hay 790 personas o grupos bajo el mecanismo de protección, de los cuales 292 son periodistas y 498 son defensores de derechos humanos.
En conferencia de prensa Encinas dijo que la pasada administración les dejó un mecanismo burocrático, con pocas medidas de prevención, presupuesto insuficiente, falta de coordinación entre la federación y los estados, y una empresa privada que es la única que otorga medidas de protección y tiene reportes de deficiencias.
El subsecretario dijo que estas deficiencias han provocado que muchos de los que están bajo el mecanismo de protección no confíen en el sistema.
Explicó que de los 794 botones de asistencia que se les han otorgado a las víctimas, 209 registran más de 150 días apagados, 100 entre 61 y 150 días apagados, 56 entre 31 y 60 días, 84 entre 11 y 30 días, 102 entre uno y 10 días, 230 entre un minuto y 24 horas y 11 cero minutos.
Encinas indicó que entre las acciones que implementarán para mejorar la protección a víctimas son: auditorías al fideicomiso que maneja el presupuesto, evaluación externa del mecanismo por parte de la Alta Comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y reemplazo de escoltas privados por policías federales preventivos.
Así como ampliar el contrato con empresas privadas para protección mientras se migra al gobierno, colaborar entre los diferentes órdenes de gobierno y en particular con los periodistas, involucrar a los dueños de medios de comunicación para que brinden medidas de protección.
El país de los abismos
Los datos actualizados del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) arrojan que en diciembre de 2018 (primer mes del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador) se registraron 2 mil 842 víctimas de homicidio intencional y 74 de feminicidio. En total 2 mil 916 personas asesinadas. En total, los homicidios dolosos repuntaron el año pasado en 24 de las 32 entidades federativas.
Lo anterior significa que en cuatro años el nivel de los homicidios dolosos en México ha crecido, sin detenerse, más de 74%. Para ponerlo en proporción, en 2014 el total de personas asesinadas anualmente (siempre de acuerdo con los datos del SESNSP) fue de 17 mil 336 víctimas, mientras que en 2018 asciende 34 mil 202, es decir, 16 mil 866 asesinatos más.
En cuanto al caso específico de los feminicidios, delito del que hay datos estadísticos de 2015 a la fecha, el número de víctimas registradas en 2018 asciende a 861 mujeres. En comparación con 2017, en el que se registraron 759 víctimas, es un incremento del 13.4 por ciento La tasa pasó de 110 a 130 casos por cada cien mil mujeres.
Desde hace varias semanas el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó a publicar una nueva estadística sobre víctimas de homicidio doloso generado por lo que ellos denominan un “equipo interdisciplinario” generado por distintas dependencias federales.
A diferencia de los datos del SENSP esta es una estadística que se publica diariamente, sin embargo, como el gobierno aclara en la nota metodológica, se trata de información con fines estratégicos, pero no de datos oficiales pues esos corresponden al SESNSP.
Como los números comenzaron a publicarse desde el 5 de diciembre no es posible hacer una comparación mensual, sin embargo, el informe del gobierno reporta un promedio diario de 79.7 víctimas de homicidio doloso en diciembre.
Los datos oficiales del SESNSP muestran, por el contrario, que en diciembre se registraron 2 mil 842 víctimas, que equivalen a un promedio diario de 91.6 personas asesinadas. Esto es casi 15 por ciento arriba de los casos que informa el gobierno federal en su propio conteo.
El mes de enero de 2019 rompió récord en homicidios dolosos con un total de 2,853 víctimas, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto significa que en el primer mes de este año fueron asesinadas, en promedio, 92 personas al día.
Las cifras del órgano de la Secretaría de Gobernación (Segob) —difundidas en la última semana de marzo muestran que en el primer mes de este año también incrementaron los delitos de feminicidio (75) y secuestro (164) respecto de diciembre de 2018. En total, en los dos primeros meses de gobierno de Andrés Manuel López Obrador —diciembre pasado y enero—, se cometieron 5,699 asesinatos, 149 feminicidios y 276 secuestros.
Amenazas Recientes a Periodistas
Igualmente, el pasado 28 de marzo, se denunció de manera pública las amenazas de muerte en contra del Mtro. Juan Bautista Rojo, Secretario General de la Fraternidad de Reporteros de México (FREMAC) y Celeste Sáenz de Miera, dirigente del Club de Periodistas de México AC.
Durante la conferencia se explicó que México es país sin guerra civil o de conflictos armados en ebullición, donde aún no encontramos declaradas luchas de facciones políticas, religiosas o de algún grupo por alcanzar el poder por la vía armada o de bandas criminales por el control territorial, pero la realidad es que el país se está convirtiendo en la zona mundial más peligrosa del mundo para ejercer el periodismo.
Hoy día nos encontramos con amenazas de muerte recientes en contra del maestro Juan Bautista Rojo, Secretario General de la Fraternidad de Reporteros AC y de la periodista y locutora Celeste Sáenz de Miera, compañera y parte de la dirección colectiva del Club de Periodistas de México AC
Ambas personas se han destacado por su trabajo periodístico crítico al sistema, en denuncias a la corrupción de gobiernos estatales y locales, así como en la difusión de actos de mal gobierno hechos por las dependencias del gobierno federal.
Se especificó durante el acto que la organización Artículo 19 en su informe anual de agresiones a periodistas, señala que en México muere un periodista cada 26 días y que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reporta, del 2000 a la fecha, 146 homicidios de periodistas, 21 desaparecidos y actualmente cuenta con 92 expedientes abiertos relacionados con agresiones a periodistas.
Precisaron que las estadísticas demuestran que la mayor parte de las agresiones contra periodistas son cometidas en el ámbito estatal, y más de la mitad son perpetradas por autoridades locales. El informe de Artículo 19 también destaca un incremento de los asesinatos de los periodistas autónomos durante el bienio 2017-2018.
Las agresiones a periodistas han sido una constante, pese a que el derecho a la libertad de expresión, un derecho fundamental incluido desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1798, la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos de 1969.
Lo que vemos en los hechos es que la Procuraduría General de la República, a través de la Fiscalía Especial para la atención de delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, no ejerce esa facultad de atracción sobre delitos cometidos por ejercer la libertad de expresión como periodista y los delitos gozan de absoluta impunidad.
Hasta la fecha el 99.7% de las agresiones a periodistas quedan impunes, de las más de 800 denuncias presentadas ante la Fiscalía Especial para la atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, solamente se ha emitido 3 sentencias, indico Mauricio Laguna.
Otro aspecto importante son las 45 agresiones a periodistas que fueron cometidas durante el pasado proceso electoral en todo el país, y van desde amenazas verbales hasta golpes a los comunicadores y sus familias, siendo un total de 189 agresiones a reporteros y trabajadores de medios a nivel nacional en lo que fue 2018 y 34 en lo que va de 2019.
Resulta alarmante que en los tres sexenios más recientes han sido asesinados, en nuestro país, 143 periodistas, hasta la primera semana de diciembre del 2018, situación que se ha tornado muy grave en Veracruz, Tamaulipas, Quintana Roo y Guerrero. En particular Veracruz es el estado más riesgoso para ejercer esta profesión, seguido por Guerrero, Tamaulipas y Sinaloa, resalto el periodista de la revista Voces.
Por su parte Juan Bautista Rojo indicó que el motivo de la conferencia es por las agresiones a periodistas mexicanos durante 2018 y lo que va del 2019 con cinco periodistas muertos, lo que genera incertidumbre sobre el aparato de justicia, ya que la prevención contra estos actos va más allá de los considerados contra las libertades de expresión como de información.
Explico Bautista que ya se realizó la denuncia por amenazas de muerte contra mi persona y por la labor de Celeste Sáenz de Miera quien también forma parte de la investigación sobre el control y acaparamiento del agua por aparte del grupo caciquil local del municipio de Temixco, “quienes han provenido amenazas en contra de la maestra Celeste”.
Detalló el comunicador y periodista, también secretario general de la FREMAC que[A1]; “en mi caso denuncie formalmente esta serie de amenazas en mi contra ante el Mecanismo de Protección a quienes ejercen la Libertad de Expresión de orden federal e incluso tengo desde el 27 de marzo un botón de alerta, para promover medidas precautorias en mi caso. Por tal motivo espero que estas medidas contribuyan a otorgarme algún halo de seguridad en la labor que realizo desde hace más de tres décadas como periodista de investigación”.
Acotó Bautista Rojo que “contamos con pruebas documentales, peritajes en las Procuradurías de Morelos y de Derechos Humanos, videos testimonios sobre esta forma ilegal de controlar el agua potable que representa un derecho humano para los más de 5 mil habitantes del municipio de Temixco”.
La Sangre Derramada
Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018), al menos 47 periodistas fueron asesinados, mientras que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya suman 7 víctimas. Con fue la mañana del sábado primero de diciembre de 2018 donde se encontró sin vida en Tepic el periodista Jesús Alejandro Márquez Jiménez, reportero de nota roja y colaborador de diferentes medios de comunicación en Nayarit. Mientras que Diego García Corona, fue asesinado el 4 de diciembre, en Ecatepec, Estado de México.
Organismos no gubernamentales, la CNDH, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Derechos Humanos y organizaciones periodísticas han condenado los asesinatos ocurridos en lo que va 2019, como son los casos de Rafael Murúa Manríquez localizado el 20 de enero en Baja California Sur y del periodista Jesús Eugenio Ramos Rodríguez, ocurrido el 9 de febrero en el municipio de Emiliano Zapata, Tabasco.
El Locutor de radio local de deportes Reynaldo López fue asesinado en febrero en Hermosillo, Sonora, el periodista Santiago Barroso, fue asesinado el 15 de marzo en San Luis Rio Colorado, Sonora y recientemente el comunicador de deportes Omar Iván Camacho fue asesinado el pasado domingo 24 de marzo en la comunidad de La Escalera, Sinaloa.
Es notorio el caso del periodista Rafael Murúa Manríquez, director de la radio comunitaria Radiokashana él estaba desde 2016 en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. En noviembre pasado, volvió a denunciar amenazas en su contra tras publicar críticas a la administración del alcalde de Mulegé, Felipe Prado Bautista en Baja California Sur.
Diversas organizaciones civiles condenan estos hechos y llaman a las autoridades competentes a investigar de forma eficaz los asesinatos de los señores Murúa Manríquez, Ramos Rodríguez, Santiago Barroso, Iván Camacho y Reynaldo López incluyendo su actividad periodística como una de las posibles líneas de investigación, y a adoptar medidas de atención y protección eficaces para los familiares y colegas de la víctima.
De acuerdo con la organización Reporteros sin Fronteras y la UNESCO según su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, México se sitúa sólo atrás de Afganistán en actos de agresión contra comunicadores y periodistas que ejercen la libertad de expresión.
Aunque debemos recordar que el pasado 2 de noviembre del año 2018, se conmemoró el "Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas", esa misma fecha la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), precisó que durante los dos últimos años han sido asesinados 182 comunicadores en el mundo. México aportó al menos 26 víctimas de ese total, es decir, poco más del 20 por ciento.
Esto lo confirma el informe de la UNESCO sobre la seguridad de los periodistas, que registra 182 asesinatos de periodistas en todo el mundo. Por si fuera poco, desde 2006 a la misma fecha, el 89% de los casos sigue sin resolverse.
Además, de los 1010 casos condenados por los directores generales de la UNESCO, entre 2006 y 2017, solamente se resolvieron 115, una escasa cifra que indica que ese 89% de esos casos impunes. En América Latina y el Caribe, solo se falló el 18% de los casos, esto es 41 de las 226 muertes.
Asimismo, los reporteros locales representan el 90% de todos los periodistas asesinados en 2017, pero sus muertes reciben “mucha menos atención mediática que la que se presta a los de periodistas y corresponsales extranjeros”, según la UNESCO.
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