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Edición 392
Escrito por Abraham García Ibarra   
Jueves, 15 de Agosto de 2019 17:03

 3923

Rosario Robles,

¿A quién beneficia el crimen?

Abraham García Ibarra

EN LA CULTURA POLICIALlondinense -clásica ya en la literatura del género-, la indagatoria se inicia con la pregunta, ¿a quién beneficia el crimen?

Invariablemente, cuando se trata de esclarecer cualquier crimen que no sea de naturaleza pasional, los investigadores parten de una lógica: Sígale la huella al dinero.

No siempre el crimen beneficia al perpetrador material. Cuando se trata de delitos patrimoniales y financieros, entran en escena aquellos expertos en ingeniería financiera (como es el caso del lavado de dinero) que, constituidos en cártel, toman el botín de la tesorería pública más vulnerable, lo blanquean al través de los paraísos fiscales, lo retornan a México rechinando de limpio y lo reparten entre los integrantes de la asociación público-privada, constituida ex profeso para esos fines.

La Escuela de Rateros elevada a su quinta potencia

Aunque parezca ya un lugar común, insistimos en recordar que Carlos Salinas de Gortari promovió y obtuvo de su Congreso federal y de las legislaturas estatales la reforma constitucional y de los códigos penales federales para despenalizar los delitos patrimoniales y financieros, de tal manera que la autoridad ministerial y una complaciente instancia jurisdiccional los auparan como delitos no graves.

Ahí se incubó El huevo de la serpiente. Se fundó lo que, en términos de viejo cine mexicano, se tituló Escuela de rateros, devenidos delincuentes de cuello blanco, que han desarrollado en México La economía criminal.

Si, para 2016-2017, investigaciones privadas y de medios de información cuantificaban el costo de la corrupción con cargo a los contribuyentes cautivos y de la sociedad en su conjunto, en un billón de pesos al año, el monto de la coloquialmente conocida como Estafa maestra por poco más de cinco mil millones de pesos, es apenas una partícula minúscula en tiempo y en suma hasta ahora documentada.

Robles Berlanga sí: ¿Por qué no José Antonio Meade?

Por su presunta participación en esa estafa, a la ex secretaria de Enrique Peña Nieto, Rosario Robles Berlanga, un juez de control le ha dictado auto de prisión preventiva con base en pruebas que preliminarmente configuran el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Si vale aclararlo, materia de esa desviación de la Ley de Presupuesto de Egresos la encontró la Auditoría Superior de la Federación (ASF) de la Cámara de Diputados, en la revisión y dictamen de las Cuentas Públicas del gasto federal y federalizado durante el mandato de Peña Nieto.

Si mal no registramos el dato, dos de esas cuentas públicas corresponden a los ejercicios del gasto federal 2015 y 2016.

La acotación nos sirve para apuntar que, de agosto de 2015 a septiembre de 2016, despachó como titular de la Secretaría de Desarrollo Social -una de las dependencias implicadas en la investigación- José Antonio Meade Kuribreña, quien fue secretario de Hacienda y Crédito Público al final del sexenio de Felipe Calderón y entre 2016 y 2017, en el periodo de Peña Nieto, del que surgió como candidato presidencial del PRI: No tengo más manchas, que las del vitíligo, dijo entonces Meade.

Corrupción, proceso estructural; no fenómeno cultural

La acotación nos da pie para trazar el siguiente esquema:

Recordar, primero que, en México, el gran dispensador de favores y nombramientos públicos es el jefe del Ejecutivo federal.

Recordar luego que, hace unas semanas, el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero caracterizó la corrupción como una conspiración de Estado, operada durante sexenios. (Se dijo entonces que, de más de 700 denuncias admitidas contra funcionarios públicos, en los primeros meses de la actual administración poco más de 400 habían sido ya judicializadas.)

Desde esa perspectiva, la corrupción es una práctica estructural, no un fenómeno cultural, como declaró Peña Nieto. Por nuestra parte, podemos identificar tres piezas estructurales de ese disolvente fenómeno, bajo un mismo código: Tesofe, según siglas en la Administración Pública Federal.

Una maquinaria infernal rigurosamente planificada

La Tesorería de la Federación, inscrita en el organigrama de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, es la responsable de la gestión financiera de los recursos y valores de la Federación y de la ejecución de pagos etiquetados en el Presupuesto de Egresos (PEF), al través de una Cuenta de Tesorería Única.

Tiene la Tesofe, además, la facultad de autorizar por excepción cuentas bancarias de algunas dependencias y entidades financieras de la Administración Pública Federal.

Eso quiere decir que no se mueve un centavo del erario público si no cuenta con el visto bueno del Tesorero de la Federación y funcionarios subordinados.

La siguiente escala son las Oficialías Mayores de la propia SHCP y de cada dependencia pública federal, con facultad de administrar recursos financieros conforme el calendario del PEF y del Plan Nacional de Desarrollo y de los programas sectoriales.

Para que no haya mano negra en ese proceso de gestión presupuestal, está la Secretaría de la Función Pública. No son pocos, pues, los filtros que sedimentan el ejercicio del dinero de los contribuyentes.

Tenemos entonces: Secretario de Hacienda, cuyo titular firma y circula manuales de normatividad administrativa; Tesorero General, que sistematiza contablemente y ejerce los valores de la Federación; Oficial Mayor, administrador de recursos financieros. Si se trata del gasto federalizado, existe la Unidad de Coordinación Fiscal con las Entidades Federativas.

Mención especial merece la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, de la que depende prevenir, evitar y procurar castigo al lavado de dinero.

Coartada inadmisible: Se me persigue por ser mujer

A quienes pretenden erigir a Rosario Robles Berlanga en víctima propiciatoria de ajustes de cuentas de la actual administración con las antecedentes, y en perseguida de género, les repetimos la cifra de casos judicializados a instancias de la Fiscalía General de la República. Sobresalen los varones. Ahí están Emilio Lozoya Austin y sus secuaces.

La propia ahora indiciada, cuestionada sobre su inapropiada conducta como secretaria encargada de despacho, en ocasión de una comparecencia ante el Senado, dirigiéndose expresamente a las legisladoras, invocó su condición de mujer para asumirse víctima de discriminación y acoso. No vale la coartada.

Cuadrantes para una nueva Carta de Navegación

¿Cuáles son las asignaturas pendientes de la Cuarta transformación frente al histórico fenómeno estructural de la corrupción? A nuestro leal saber y entender:

  • Una radical reforma del Estado;
  • La revisión de la Constitución en materia de Justicia Penal; incluida la racionalización del Derecho de amparo;
  • La conminación al Poder Judicial de la Federación para el ejercicio de su código de ética;
  • La reforma a la Administración Pública Federal, para limpiar Los establos de Augías. La Secretaría de la Función Pública ha dejado mucho a deber en esa materia;
  • Revisar el régimen de las perversas Asociaciones Público-Privadas;
  • Darle dientes a la Auditoría Superior de la Federación, adscrita a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, para que pueda ejercer facultades punitivas contra los transgresores;
  • Instituir una verdadera y eficaz Contraloría Social que dé oportunidad al ciudadano de a pie a participar en el proceso de vigilancia de la contratación de obras y servicios públicos, y sancionar su escrupuloso cumplimiento, y no se reserve este derecho en exclusiva a juntas de notables;
  • Comprometer a los gobernadores y a las legislaturas de los estados a acatar y cumplir las leyes generales en materia de Contabilidad Pública y de Disciplina Financiera, y darles independencia a los órganos de fiscalización de la gestión presupuestal estatal, particularmente en cuanto toca al gasto federalizado.
  • Y muchas otra…

Con la canalla no se puede contar; tenemos reserva moral

A propósito, ¿en qué andan las bancadas del Congreso de la Unión? Andan en pugnas frijoleras por el control de las mesas directivas para el siguiente año legislativo, en espera de la apertura de los pisos deremate electoreros para 2021 y 2024.

¿En qué andan los partidos políticos nacionales? En pleitos carroñeros intestinos para agandallarse de los subsidios públicos, cada vez más escasos pero suficientes para saciar la rapacidad de sus tribus.

Con la canalla no puede contar la cuarta transformación: Su presupuesto radica en la reserva moral de la sociedad civil, harta ya de su degenerada sociedad política y su criatura: La economía criminal.

Es cuánto.





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