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Edición 405

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CONTRA LOS MOLINOS

DE VIENTO

Juan José Agustín Reyes Rodríguez

“Sólo un traidor entrega su país a los extranjeros”: Adolfo López Mateos. (EPIGRAFE)

El famoso hidalgo Don Quijote de la Mancha, en sus correrías se encontró con los gigantes molinos de viento a los que combatió con denuedo. Muchos siglos después, México se está enfrentando a otros gigantes dueños de otros “molinos”, pero modernos: los aerogeneradores de electricidad, en manos de empresas españolas principalmente e italianas.

A RAÍZ DEL PROCESO de privatización del territorio, playas y recursos naturales del país, iniciado con Salinas de Gortari, a partir de 1992, se modificaron diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tienen que ver con la soberanía del país sobre sus recursos naturales y servicios estratégicos.

EL ARTÍCULO 27 constitucional es la base de esa soberanía y propiedad sobre la naturaleza nacional, su suelo, subsuelo, espacio aéreo, costas y mares, con todos los recursos que contienen; este fue uno de los artículos modificados, entre otros más. Adicionalmente se hicieron reformas a las Leyes Forestal, de Aguas Nacionales, Minera, de Reforma Agraria, entre otras, que impactaron la vida económica y social, para rematar otros bienes de interés público, que no son tema de este artículo.

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  • SE INICIÓ ASÍ la desaparición del ejido, para darles supuestamente a sus poseedores seguridad jurídica sobre sus parcelas, lo que desató el mercado especulativo inmobiliario, de infraestructura, minero y turístico, sobre las tierras en áreas periurbanas, cercanas a las playas y atractivos turísticos, históricos, con alto potencial de explotación minera, hidráulica y tierras agropecuarias de altos rendimientos.
  • SIN EMBARGO, muchos ejidos mantuvieron ese carácter sin caer en la especulación y manteniendo sus costumbres y tradiciones. Lo mismo ocurrió con comunidades y pueblos originarios de muchas partes del país, especialmente en los estados del sur-sureste, que siguen arraigados a la tierra y a la vida.
  • DESDE EL PERIODO DE SALINAS, pasando por los demás periodos presidenciales, hasta el 2018 que hubo cambio de poderes, se vino ejecutando un remate de los recursos naturales y servicios estratégicos de la nación, entre los que destacan obviamente el petróleo, la electricidad, la petroquímica, los ferrocarriles, la aviación, las playas, los bancos, y siga contando.

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  • EN 2010, EN LA PRESIDENCIA DE CALDERÓN, se pudo conocer por una investigación de Contralínea, la estrategia de remate del país, que se encuentra en “MÉXICO 2030, Proyecto de Gran Visión” en donde se definen muy claramente los pasos para despojar al país de sus recursos naturales y servicios estratégicos, como se ha mencionado. Obviamente están los mecanismos para transferir a la empresa privada, principalmente extranjera, el petróleo, electricidad, reservas naturales, educación, salud, seguridad, control del narcotráfico, no su extinción, así como ¡el agua! para señalar los más relevantes. (Este documento pueden consultarlo en ).

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Desde 2007 comenzaron a instalarse empresas de energías renovables, con inversiones importantes. De manera complementaria y a manera de ejemplo, sólo en el 2009, se otorgaron subsidios por 16 mil 862 millones de pesos a las industrias de todos los giros, 6 mil 220 al consumo doméstico, 3 mil716 al comercio y 1,744 millones a las empresas de servicios. En ese mismo año había una cartera vencida de 12 mil millones, así como el robo de luz o no pago de industrias, dependencias oficiales, bancos, universidades y empresas. Y para complementar el saqueo, 400 grupos empresariales de 850 mil millones que debían pagar en impuestos, solamente pagaron el 10 por ciento, es decir 85 mil millones.

“Las grandes empresas (como Iberdrola) que nos vendieron "energías limpias", tenían contratos sucios que lesionaron a México. Les entregaron el 50 por ciento del mercado y le dejaron de pagar $45 mil millones a CFE. Calderón y Kessel trabajaron para Avangrid, filial de Iberdrola”. Fuente: Rafael barajas @fisgonmonero. 

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Obviamente que las reformas responden a los mandatos e intereses de los dueños del mundo, que tratan a los países como sus marionetas, provocando crisis financieras, endeudamientos impagables, con el cobro de la soberanía, creando mayor pobreza para el pueblo y exagerada riqueza para unos cuantos. Estamos en una gran dependencia económica, comercial, industrial, agropecuaria, forestal, turística, científica, técnica y educativa de los países más desarrollados, especialmente de Estados Unidos, China y España.

Con el nuevo gobierno se han iniciado algunos procesos constitucionales, legales y administrativos para evitar que continúe el saqueo y la entrega del país a intereses extranjeros y a algunos connacionales apátridas, que hemos tenido en las décadas inmediatas pasadas. Se están tomando decisiones fiscales, presupuestales, publicitarias y operativas, que no les han parecido a los grupos empresariales y políticos acostumbrados a prácticas anteriores, ya que se han visto afectados en sus ingresos y obligados a cumplir con las leyes, reglamentos y normas que anteriormente no lo hacían, por la complicidad de algunos de los funcionarios públicos, especialmente aquellos que tenían el poder de brincarse las normas.

El tejido constitucional y legal que se forjó en estas últimas décadas, se hizo de tal manera que acciones ilegítimas se hicieron legales, para poder asegurar el futuro de los atropellos y el despojo a la nación, sin posibilidad de revertirlos.

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Estas son las bases de la “Deformas Estructurales” que hizo Peña Nieto, entre las que se encuentra la Energética, que es entregar el petróleo, petroquímica (que prácticamente está desmantelada), gas y electricidad. Para ello se vinieron desmantelando a las principales empresas estratégicas Petróleos Mexicanos (PEMEX) y Comisión Federal de Electricidad (CFE), sustituyéndolas paulatina y legalmente (pero ilegítimamente) por empresas privadas principalmente extranjeras, en las que algunos de los exfuncionarios que las arroparon, ahora son miembros de sus grupos directivos, y probablemente hasta socios.

Conferencia: Proceso histórico de la privatización energética en México. Ángel Balderas Puga 14 de mayo 2020 (Buzón ciudadano)

El 29 de abril del presente año, el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), publicó el “Acuerdo para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional, con motivo del reconocimiento de la epidemia de la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)” para cumplir precisamente con esos puntos, por lo que suspendió las pruebas de 17 empresas, antes de su arranque formal.

Con el fin de fundamentar y dar legalidad al acuerdo del CENACE, el pasado 15 de mayo la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación el

“ACUERDO por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional.

“Este acuerdo se fundamenta en lo dispuesto en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, la Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de la Industria Eléctrica y Ley de Transición Energética:

“Artículo 25…el sector público tendrá a su cargo, de manera exclusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artículo 28, párrafo cuarto de la Constitución, manteniendo siempre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre los organismos y empresas productivas del Estado que en su caso se establezcan”;

“Que el artículo 27, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala que, corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del Sistema Eléctrico Nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, funciones que de conformidad con el artículo 28, párrafo cuarto del mismo instrumento, son consideradas entre otras, como áreas estratégicas del Estado mexicano” .

En el acuerdo publicado en el Diario Oficial el 15 de mayo, encontrarán toda la argumentación constitucional y legal, así como el detalle de las disposiciones a aplicar (www.dof 15 mayo 2020).

De acuerdo con declaraciones públicas de la Secretaria Rocío Nahle, y lo establecido en este ordenamiento jurídico, es para ordenar el sistema eléctrico del país, garantizar el flujo constante, en vista que los aerogeneradores y solares son intermitentes, respetando los contratos ya firmados, pero que deberán ajustarse a las nomas, disposiciones administrativas y técnicas. Esto significa entre muchas otras decisiones, recuperar el dominio sobre las líneas de transmisión y las empresas que las utilicen paguen el costo que implica y no seguir con sus canonjías, algunas legales y otras no tanto.

Ante estas medidas oficiales y legales, Inmediatamente se desataron los amparos en contra de estos acuerdos, por las empresas privadas que se sintieron afectadas, así como las que apenas iban a iniciar pruebas sin que esté autorizada su operación todavía.

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Otra vez, jueces y magistrados que continúan actuando “legalmente” están concediendo suspensiones provisionales, mientras se resuelve el fondo del asunto. En la entrega de contratos, por licitaciones o asignaciones que los funcionarios responsables de los gobiernos anteriores, hay dudas razonables que se hicieron de manera legal, pero ilegítima y eso sería importante que se investigara a fondo, empezando por los juzgadores que con tal rapidez otorgaron sus suspensiones provisionales.

Este asunto tiene muchas aristas y desde luego muchos intereses en juego de las empresas privadas, pero también está en juego el rescate de la CFE, que se la ha pasado subsidiando a las empresas privadas.

Se ha desatado una campaña en contra de este acuerdo, argumentando que se va en contra del movimiento mundial para generar energías limpias, principalmente la eólica y la fotovoltaica, que son los campos ya establecidos en México y muchos más programados y en proceso.

¿Pero qué es lo que está en juego y por eso tanto encono contra la Secretaria, por parte de algunas cúpulas empresariales, representantes de Canadá y la Unión Europea, así como las empresas extranjeras?

Unos de los principales motivos es que la CFE está tomando el control del Sistema Eléctrico Nacional y no tendrá por qué seguir subsidiando la transmisión en sus líneas, lo cual implica utilidades que no seguirán teniendo. Ya se soltó la lluvia de amparos y la campaña de los medios comerciales, que tienen más elementos de ataque a las reformas o contrarreformas del nuevo gobierno. Por lo menos 17 empresas (7 eólicas y 10 solares) de las 26 solares y 18 eólicas, que están por arrancar operaciones, han solicitado amparos, y los jueces y magistrados muy comedidos están otorgando las suspensiones provisionales. Tanto el CENACE, como la SENER han puesto su inconformidad al respecto.

“Hasta 2014, México contaba con una capacidad efectiva instalada para la generación de energía eléctrica de 65,452 MW, de los cuáles 16,047 MW provinieron de fuentes renovables de energía (eólica, solar, hidráulica, geotérmica y de biomasa), lo que representa el 24.5 por ciento del total de la capacidad instalada.

Actualmente el país cuenta con más de 230 centrales en operación y construcción para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables; Oaxaca y Veracruz son los estados con mayor número de proyectos eólicos y de biomasa, respectivamente.” (PROMEXICO 12 FEB 2016 www.gobiernodemexico).

De acuerdo con PROMÉXICO, misma fuente citada, entre 2010 y 2014, el país recibió 45 proyectos de inversión extranjera en energías renovables, principalmente de España, Estados Unidos y Alemania. Según sus estimaciones para el 2028 la energía renovable ascenderá a 19,761 MW cubrirá el 59 por ciento de la demanda nacional.

Fuente: https://www.elfinanciero.com.mx/pages/docs/parques-eolicos-en-mexico.html. 21 mayo 2020.

En la actualidad, aproximadamente el 50 por ciento de la electricidad consumida en el país es maquilada por los conocidos como “Productores Independientes de Electricidad” (PIE), destacándose la empresa española Iberdrola, que tiene como consejera a Georgina Kessel, quien fuera en el gobierno de Felipe Calderón, Secretaria de Energía.

El acuerdo del CENACE, que frenó las pruebas pre operativas a partir del 3 de mayo, afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones por 6 mil 426 millones de dólares. Fuente: https://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?urlredirect=https://www.reforma.com/mete-un-juez-freno-a-golpe-energetico

Así que seguimos en esa lucha de la recuperación de la soberanía, no sólo energética, sino además de la Nación. ¿Habrá una actitud legal y legítima del poder judicial?

https://www.eleconomista.com.mx/energia/Generacion-de-energia-eolica--en-Mexico-tiene-el-viento-a-su-favor-20190904-0047.html

https://twitter.com/OilGasMagazine/status/1262510934997770249

De acuerdo al Inventario Nacional de Energía Renovable (INERE), en México la generación de energía solar en 2015 fue de 61.99 Gigawatts (GW), correspondiente a la producción de las centrales que se ubican en seis estados del país. Baja California Sur aportó 32.5 GW, Baja California 12.59 GW, Durango 14.58 GW, Aguascalientes 1.66 GW y Sonora .66 GW.



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