Digna Ochoa,
Ni perdón ni olvido
Juan Bautista Rojo
Reabrir el caso, ordena la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
La justicia tuvo que esperar dos décadas para resarcir el daño moral y de imagen pública, en agravio de la defensora de los derechos humanos, Digna Ochoa, a quien se encontró sin vida en su despacho la tarde del 19 de octubre del 2001.
NI PERDÓN NI EL OLVIDO, porque fueron los familiares de la abogada de 37 años, quienes llevaron y puntualizaron el expediente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), para exigir la reapertura del expediente.
Esta batalla es apenas el inicio de una larga lucha emprendida por la familia Ochoa, en su infinita búsqueda de justicia por acercarse a un resultado objetivo de la verdad, en un laberíntico andamio por ministerios públicos de la Ciudad de México y del gobierno Federal, para quienes el caso fue cerrado diez años después de la muerte, al declarar que la joven abogada veracruzana y defensora de los Derechos Humanos se había “suicidado”, y que no se encontraron elementos para justificar un “homicidio”.
En sesión virtual, desde San José Costa Rica y enlace con autoridades mexicanas, la tercera semana de abril, Alejandro Celorio consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, reconoció la condición de víctima de Digna Ochoa y admitió la responsabilidad del Estado en la violación de diversos artículos de al menos dos convenios internacionales de derechos humanos.
Celorio, admitió que sí se violó el debido proceso legal, ya que no fue realizada con perspectiva de género como tampoco de derechos humanos, además de incurrir en argumentos que dañaron la imagen negativa de la víctima después de su muerte. El representante de la Secretaria de Relaciones Exteriores, afirmó que a la familia de la víctima se le ofrecerá una indemnización económica y que planteará un acuerdo de la reapertura del caso, de la investigación con perspectiva de género.
El Estado mexicano acepta parcialmente su responsabilidad en la violación al debido proceso
Por su parte, Karla Michel Salas y David Peña, del Grupo Acción por los Derechos Humanos y Justicia Social, quienes llevan el seguimiento del caso Digna Ochoa, reconocieron la aceptación parcial de la deficiente investigación, y cuestionaron que la autoridad mexicana no admita la endeble situación de los defensores de los derechos humanos en México en estos momentos.
La vulneración a la integridad de Digna Ochoa, es otro delicado tema que Michel Salas insiste aclarar en precisas, porque semanas antes de ser encontrada sin vida (de la cuales existen sospechas de se trató de un asesinado), la autoridad judicial, le retiro las guardias a las que tenía derecho toda vez que había denunciado amenazas contra su vida.
El contexto
La sociedad mexicana estaba entrando a un nuevo periodo social y de un “significativo cambio” en el largo proceso de la democracia, al llegar a la Presidencia de la República, Vicente Fox derrotando al PRI, y estar en la silla de la entonces regencia de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador.
Al menos en la Ciudad de México ya habían pasado 13 años de gobiernos de izquierda, y se esperaba una aplicación de la justicia, así como aplicar en forma efectiva medidas cautelares para resguardar la vida de la luchadora de los derechos humanos.
Al frente de la llamada Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se encontraba un connotado abogado, Bernardo Bátiz —de extracción panista histórico—, quien en términos ideológicos pasó a las filiaciones del Partido de la Revolución Democrática y de ahí a ejercer como funcionario en el gobierno de presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Castigo a los culpables; ahondar en la hipótesis del asesinato
¿Suicidio?
Desde las primeras horas, después de encontrar el inerte cuerpo de Digna Ochoa, se cuestionó la acción anunciada y sostenida, desde entonces por la Procuraduría Capitalina. Incluso, en una de las fichas informativas sobre los motivos de la indagatoria, fue dirigida contra las relaciones sentimentales de la defensora de los derechos humanos, remarcando un carácter explosivo de la entonces víctima, que incluso el diagnóstico la denomina esquizofrénica.
Las indagatorias soslayaron las denuncias, hechos y amenazas de muerte por parte de grupos paramilitares y exmilitares, ligados a los caciques de Guerrero y Oaxaca, donde Digna realizaba gestiones para defender a los comuneros e indígenas ante la amenaza de arrebatarles sus propiedades. Incluso un día antes de su asesinato, Digna tenía que asistir al reclusorio en Palma a una audiencia en favor de los hermanos Cerezo acusados de actos terroristas.
La autoridad tampoco justificó con argumentos sólidos, porque retiró o no dio seguimiento a la seguridad de la defensora de los derechos humanos, asignada dos años antes.
El cuadro sicológico presentado en su momento por la autoridad, fue de una debilidad emocional y enredada en sus propios problemas legales, sin capacidad de resolución la cual terminó por concluir su vida de dos disparos, una en la pierna y otro en la parte izquierda del cráneo, siendo ella era diestra.
Desde el primer momento del suceso, sobre la investigación se cubrió un manto de secrecía, de pusieron candados, se encriptó la información, aduciendo que “era una investigación en curso” que no se podían revelar detalles importantes.
El lugar del sucedo, Zacatecas 31, en la colonia Roma, fue sellado y no permitió al acceso a la prensa. Los servicios periciales de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, envío a cuatro peritos en fotografía criminalística, y tomaron fotos desde la entrada al inmueble hasta el primer piso, donde se ubicaba la pequeña oficina, donde compartía una parte del Despacho la defensora de los Derechos Humanos.
Se sabe también, que asistieron otros peritos de una agencia privada para complementar la investigación a través de fotos y ser entregadas a un alto mando de la misma Procuraduría Capitalina, como entonces se le denominó.
Así, en las múltiples conferencias de prensa ofrecidas por el Procurador Bernardo Bátiz, como los fiscales que estuvieron al frente, se expusieron en forma prolífica la versión textual y en momento alguno, se presentaron pruebas fotográficas de la escena del crimen. Las fotos tomadas por los peritos de la Procuraduría jamás vieron la luz pública en las conferencias. Desde entonces, se desconoce el paradero de esos archivos, incluso, existe la versión, de que fueron sustraídos de los archivos de la misma procuraduría. Hay que precisar aquí, que esta versión se refiere a la desaparición de las fotos periciales de la “escena del crimen”, otra suerte corrieron las fotos periciales de la morgue, las cuales sí fueron exhibidas, y ahí, siguen en la internet.
Mi testimonio
Por mis oficios de reportero, logré obtener una de las fotos de la escena del crimen, a dos meses del suceso.
“El cuerpo inerte de Digna, derrumbada sobre su costado izquierdo, casi arrodillada sobre un pequeño sillón y recostada sobre un simple librero con libros sobre Derecho y ensayos especializados, le procuraban una imagen de total indefensión.
Por la posición del cuerpo, casi de costado hacia el lado izquierdo, vestida de pantalón obscuro y botines color negro, y la chamarra negra, que se presume llevaba portaba ese día, en forma extraña está frente a su pecho, con uno de los puños, metidos en la boca.
En el análisis corporal, en la forma en que está arrodillada, se observa, que la víctima, Digna Ochoa, fue sometida por la fuerza, con la ayuda de una o más personas.
Un dato extraño, es que se alcanza a apreciar que en ambos manos, la victima tiene insertados unos guantes látex de color rojo, los cuales fueron insertados en sus manos, con polvo de talco blanco, de ahí se vea ese polvo regado en la escena del crimen.
La pistola calibre 22, el arma asesina, se encuentra debajo de su pierna izquierda, cercana a su cadera, casi en el piso.
Más que un suicidio, pareciera un asesinato, donde los captores, primero sometieron a la víctima, la pusieron de rodillas y después la ejecutaron. Y el hallazgo de los guantes rojos, bien puede ser un mensaje de los grupos paramilitares, que se burlan de alguien que profesaba una ideología de izquierda”.
Este análisis es resultado de la observación de la única fotografía conocida hasta el día de hoy de la escena del crimen, por el psicólogo especialista en violencia, Josep Amara y publicada en primera plana para el periódico El Universal, como parte del equipo de reportajes especiales que dirigía el subdirector en Información, Oscar Hinojosa, quien me encargó consultar al analista para tener mayores elementos y difundir la fotografía.
La fotografía de Digna Ocho es, quizá, el único elemento con que se cuenta para reanalizar los hechos periciales en la escena del crimen.
Una vez que se conoció esta foto, el ex Procurador Bernardo Bátiz, despidió a los cuatro peritos en fotografía de esa institución y demandó cerrar los expedientes, aduciendo, “secrecía “en la investigación.
A partir de este 27 de abril del 2021 en que se le ordenado al Estado Mexicano reabrir el expediente por parte de la CIDH, bueno sería se indague y se conozca el paradero del expediente fotográfico de la escena del crimen, para contar con mayores elementos que ofrezcan una certeza, sobre qué paso al interior del despacho, al ocaso de ese 19 de octubre en Zacatecas 31.
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