Edicion 212 |
Panistas no resisten la Prueba de Drácula
Vamos poniéndonos serios
La febril obsesión de las privatizaciones -a toda costa y a todo costo-, de entes y servicios públicos ordenadas por los poderes imperiales encarnados por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), iniciadas por los ya deshumanizados gobiernos priistas y continuadas, compulsiva o voluntariamente, por los gobiernos panistas, ha llenado de cruces y lápidas los cementerios mexicanos, oficiales o clandestinos.
Cuando, en el arranque de su campaña presidencial, a finales de 1987 visitó Morelia, Michoacán -tierra por cierto de los cuatro magníficos: Felipe Calderón Hinojosa, César Nava, Germán Martínez Cázares y Juan Elvira Quesada, actual secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, pero antes alcalde de Uruapan, dominio electoral panista en donde se siembran cabezas decapitadas en las alfombras de los antros, y alcanza a su presidente municipal panista la reciente razzia federal-; cuando, repetimos, visitó Morelia Carlos Salinas de Gortari, en un foro sindical un modesto pero claridoso obrero increpó al candidato priista, cuestionando la política económica por él emprendida desde la Secretaría de Programación y Presupuesto (SPP) en los tiempos de Miguel de la Madrid. Si, como Presidente, le anunció el orador, usted no rectifica la dirección de esa política, pronto en México no alcanzarán las cárceles ni los hospitales para encerrar a tanto criminal, ni para prestar servicio médico a tanta población enferma de miseria.
Tanta modestia, la de aquel trabajador, su nombre no se registra en el libro de los profetas del siglo XX: Hoy, 22 años después, efectivamente, tan los reclusorios no se dan abasto para albergar a los cientos de miles de delincuentes arrestados, que el gobierno piensa concesionar a otros delincuentes no arrestados parte del sistema penitenciario federal. Tan los hospitales públicos no alcanzan a satisfacer la demanda de servicio de millones de mexicanos enfermos, que el gobierno federal concesiona la construcción de verdaderos elefantes blancos regionales a particulares, a quienes paga onerosas rentas mensuales por la ocupación de los edificios terminados y equipados, sin que, al final de cuentas, se produzca una contraprestación social plena, porque los mezquinos conflictos entre la burocracia médico-administrativa en los estados impiden canalizar hacia esas nuevas -quién sabe si modernas- arquitecturas hospitalarias a los pacientes urgidos de atención, que siguen siendo remitidos, en buena parte de los casos, a los añosos hospitales generales civiles de zona, o a los centros hospitalarios de la Ciudad de México.
La herencia maldita de Salinas de Gortari la tomó gustosamente, crimen de Estado de por medio, Ernesto (Doctor Z) Zedillo Ponce de León. Éste, so capa del salvataje instrumentado por Bill Clinton en 1995, se comprometió a no invertir un solo dólar de los préstamos negociados después de la operación Error de diciembre de 1994, en el sector productivo nacional. Por el contrario, embargada la factura petrolera para garantizar el pago de esos débitos, implícitamente dio señales de ofrecer sus oficios ejecutivos para la privatización del sector energético, que acometió expresamente con la tentativa para despojar al Estado mexicano del control de la industria eléctrica, al tiempo que aceptaba la desaparición de la Isla Bermeja como referente geográfico para reconocer los límites marinos entre nuestro país y los Estados Unidos en el Golfo de México, en donde se localizan los Hoyos de Dona, lechos de potenciales “tesoritos” negros guardados en el fondo del mar (Calderón dixit a ritmo de cumbia.)
En otros arreglos -no precisamente accesorios- con el FMI, para “blindar” la economía mexicana, Zedillo Ponce de León -convertido ya en el primer rescatista de México para salvar a los fraudulentos usufructuarios de las privatizaciones anteriores y las propias- dio pie a la institucionalización de la roqueseñal con la que se festejó la ampliación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) contra la economía de los consumidores, y, por otro flanco, lanzó su brutal ofensiva contra los sistemas de Seguridad Social, atacando en un primer plano al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al que arrebató la gestión financiera de los fondos pensionarios de los trabajadores cotizantes, para entregarlos a baquetones negociantes particulares, sin dar cuenta de los multimillonarios recursos acumulados en el viejo Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR). De esa manera -de la Aseguradora Hidalgo, ni quien se acuerde-, sentó las bases para que la rapacidad privatizadora esperara en la mesa el segundo banquete, ahora con los fondos para pensiones de los trabajadores del Estado como bocado fuerte en el menú, presentado a los comensales como Ley Gordillo, con sus entremeses y digestivos correspondientes.
Lo que, en esa mirada a vuelo de pájaro queremos destacar, es que el proceso privatizador “mexicano” ha estado impregnado de luto y sangre, lo mismo da si los obreros calificados de los centros minero-metalúrgicos del norte del país, particularmente los de la zona metropolitana de Monterrey, al quedar cesantes optaron por el suicidio, que si otros han sido exterminados con la técnica del homicidio industrial, como en Pasta de Conchos, Coahuila. Viejos y nostálgicos ex trabajadores del Ferrocarril del Pacífico recuerdan indignados cómo, para tratar de justificar la reprivatización del sistema ferroviario nacional, el gobierno abandonó deliberadamente el mantenimiento de vías, puentes y equipo motriz, para que los trenes rigurosamente desvigilados se fueran al mortal vacío sin importar el valor de las vidas de tripulaciones y pasajeros, y aun el de las cargas confiadas a ese medio de transporte.
No ha de sorprender, por lo arriba narrado, la puntual coincidencia de tragedias posteriores como la de la plataforma petrolera Usumacinta en aguas de las costas de Campeche, con el calendario previsto para darle curso a la pretendida reforma energética promovida por el gobierno de Calderón, ni que los supuestos atentados terroristas contra instalaciones de Petróleos Mexicanos en otras comarcas, hayan cesado como por arte de magia (¿dónde están los presuntos criminales?) después de que el Congreso de la Unión jugó su doble juego en ese malévolo toma y daca entre plutócratas y burócratas, en cuyo desenlace adicionalmente se fue la vida del ex negociador de contratos de la industria petrolera y ex secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño Terrazo, exaltado por su jefe como eficaz operador de dicha reforma energética, en cuyo centro de gravedad siempre estuvo Pemex, desde cuya panorámica torre su director general, Jesús Reyes Heroles acaba de anunciar que aún no hay fecha (ni prisa) para la emisión de los “bonos ciudadanos” que se colocarían en los mercados financieros supuestamente para impulsar la capitalización de la paraestatal, según esto uno de los objetivos centrales de la multicitada reforma; como tampoco están claros los plazos para la consumación de la refinería en el estado de Hidalgo, otro proyecto para supuestamente relanzar la capacidad de refinación del monopolio petrolero. Puro choro.
De esa pérfida historia, lo único que puede darse por esclarecido, aunque no por castigado, porque la impunidad es el lubricante del stablishment, es que, como recientemente lo denunció Miguel de la Madrid, los grandes aprovechados de los negocios públicos privatizados, son las parentelas y amistades de las “familias felices” que cada seis años se turnan en Los Pinos, con todo y sus exquisitas parejas presidenciales, que llegan dispuestas a cebarse en ese remanso de leche y miel que quisieran inacabable.
Cuando Salinas de Gortari era titular de la SPP, sus paisanos adoptados de Nuevo León lo bautizaron como El agente naranja. Así se conocía entonces al defoliador asesino que el gobierno de los Estados Unidos arrojaba sin discriminación ni clemencia sobre Vietnam para tratar de ganarle la guerra a los invencibles combatientes del norte, sin importarle la matanza de mujeres, ancianos y, sobre todo, de niños. Quedó para la historia de la vesania bélica, aquella fotografía de la inocente niña ardiente que, desnuda, huía de la muerte por una vereda entre tierra quemada.
Lo de agente naranja asestado como hostil metáfora a Salinas de Gortari parecía algo simple, pero no menos descriptivo en su contenido de rencor popular: La sentencia de muerte contra la legendaria Fundidora de Monterrey dejó en la calle a cientos de obreros calificados que, sin expectativas de reacomodo laboral dada su especialización, se vieron obligados a rendir su orgullo de técnicos industriales primera clase para contratarse a salario mínimo como barrenderos en la zona metropolitana de la capital de Nuevo León. El personal comisionado para esa tarea -“que ni los negros quieren hacer en los Estados Unidos”, según visión laboral de hoy un flamante doctor Horroris causa- portaba esa especie de mameluco anaranjado, cuyo modelito se llevó Alfonso Martínez Domínguez del Distrito Federal a aquella entidad. Entre enfundarse en esa prenda que encontraban ridícula y suicidarse, algunos de los desesperados despedidos no lo pensaron dos veces: Tomaron la segunda opción, una suerte de homicidio sicológico culposo, según se dice ahora, inducido por terceros. Desde entonces, los altivos “regios” denunciaron la política económica de Salinas de Gortari, no como despiadada, sino como sanguinaria.
Aquella escatológica imagen en la que se refleja el salinismo tecnoburocrático neoliberal, se nos reproduce ahora en Hermosillo, Sonora, con el infanticidio que alarma, enluta y subleva a la sociedad mexicana. Recordar la humeante estampa de una frágil niña vietnamita -una sola- en vertical y veloz fuga de y hacia la muerte, ya es bastante para condenar a la execrable mente asesina que ordenó el fuego y a la abominable mano que operó el dispositivo del disparo. Imaginar a medio centenar de infantes, algunos de ellos lactantes, fallecer envueltos en el candente plástico de sus cunas, parece un escape-ficción hacia el manicomio.
Y, sin embargo, es una realidad que parece extender, como en un tercer acto de melodrama teatral, el trágico fin de los mineros sepultados contra su voluntad en los socavones de Pasta de Concho, o la súbita agonía líquida de los técnicos petroleros en aguas campechanas del Golfo de México. Infanticidio, escribimos, porque así fuera sólo por negligencia burocrática -que no es sólo por eso-, la muerte múltiple de niños confiados a la irresponsabilidad de contratistas sin escrúpulos ni capacitación para su cuidado, prefigura un crimen de lesa infancia, no importa que el fiscal de la causa (tan celoso custodio del monopolio de la violencia ejercida por el Estado) finja no encontrar en el farragoso código penal figura específica para tipificarlo. Por eso, más que una falta de respeto y de consideración a los deudos y a una comunidad ofendida, es un acto intrínsicamente inmoral que el oportunista Presidente de la República se presente para las tomas televisivas ante una cama hospitalaria, fingiendo dialogar “consternado” con un inofensivo e indefenso ser convaleciente y apanicado.
Manes y desmanes de la hipocresía tartufiana: Ya divulgada a la rosa de los vientos la inmensa tragedia de Hermosillo, y esparcido en la atmósfera nacional el acre olor a cadaverina infantil, Felipe Calderón Hinojosa, en su improvisada agenda publicitaria para tratar de revertir los estragos que su alerta sanitaria descargó sobre la economía turística del país, reunió en Los Pinos a los alcaldes miembros de la Unión de Ciudades Iberoamericanas para -con un olímpico desprecio a las familias de los “poquitos” muertos a causa de la epidemia porcina- pedirles que digan al mundo que México está más vivo que nunca. Lo pidió, acompañando su delirante excitativa con su congelada sonrisa boba, ya institucionalizada como póster itinerante, y a veces tambaleante.
Casi doce mil muertos en la interminable guerra narca, quién sabe cuántos muertos en devastadoras inundaciones aquí y allá, más muertos en las oscuras y húmedas rutas de la emigración ilegal, muertos por accidentes de trabajo o por enfermedades profesionales no computadas o computadas deficientemente para no obligar a los patrones a pagar indemnizaciones o pensiones por viudez u orfandad; muertos en sospechosos avionazos, helicopterazos o carreterazos; otros muertos más, en estadísticas mañosamente administradas en dosis tranquilizantes, por las epidemias, sean humanas o con rostro de dengue; y, ahora, los niños muertos en Hermosillo, que se agregan a los niños misteriosamente “desaparecidos” de las Casitas del Sur etcétera. ¿Cuántos muertos y desaparecidos más se necesitan para reconocer que en México está ocurriendo algo anormal que dispara el número de defunciones por causas no naturales? Cualquier psiquiatra debutante diagnosticaría, casi por acto reflejo, que en Los Pinos le están tomando gusto a la necrofilia.
Después de que, el sábado 6 de junio, Calderón Hinojosa pidió en Los Pinos comunicar al planeta que México “está más vivo que nunca”, se embarcó hacia la capital de Sonora, donde ocupó 80 minutos del sombrío atardecer para repartir condolencias y posar para la televisión, a fin de regresar a Los Pinos justo a tiempo para fajarse “la verde” y programar el celular para la llamada de felicitación a El Vasco Aguirre y sus pupilos por el esperado -y ansiado- triunfo de la Selección Mexicana de fútbol sobre su rival bananera de la república de El Salvador. ¡Oh! decepción: los “ratoncitos verdes” no pudieron con los subdesarrollados, pero de elevado ánimo, centroamericanos, como tampoco “Los Tuzos” pudieron (a pesar del presidencial padrinazgo) con los impetuosos e indoblegables Pumas. Los celulares callaron. “Una tras otra”, qué le vamos a hacer.
Antes de continuar, nos parece pertinente, más que acotar, agregar un complemento al tema, dada su naturaleza humana y político-social. Casualmente, 24 horas antes de la conmoción sonorense, en la Ciudad de México el director ejecutivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim), Gerardo Sauri, ofreció una conferencia de prensa para informar que, a 20 años de aprobada la Convención sobre los Derechos del Niño, México está reprobado en la observancia de diversos imperativos para proteger las garantías de la infancia, y desoye sistemáticamente las recomendaciones para reparar esos fallos u omisiones. Se sigue operando, explicó, con las mismas instituciones existentes desde antes de la aprobación de la Convención, que no han sido renovadas ni recibido mejores presupuestos ni capacitación para su personal ejecutivo. Como si en la práctica no operara, al proponer una nueva institucionalidad para la atención a la infancia, la Redim recomienda la existencia de una coordinación nacional que asuma la rectoría de las políticas públicas en esa materia.
¿En qué ha parado, entonces, la matriarcal y patriótica gestión de las primeras damas panistas de México -Marta Sahagún Jiménez de Fox y Margarita Zavala Gómez del Campo de Calderón-, durante más de ocho y medio años en que han tenido por encomienda marital-institucional la amorosa custodia del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y su división infantil, el IMAN? No vaya a resultar ahora que, de la “acción responsable” de la que blasonan el gobierno y el PAN para Vivir Mejor en la vasta red de estancias puestas a disposición de las madres trabajadoras a fin de que ahí depositen a sus críos, se excluya injustamente a “la señora Margarita”.
Mucha ceniza bajo la alfombra
En el trepidante asunto de Hermosillo, quedará mucha ceniza bajo la alfombra, como ha quedado mucha basura en las escaleras en el caso de las razzias militares en algunos estados. Para empezar, durante al menos las primeras 36 horas se hizo un ejemplar esfuerzo quirúrgico para segregar del proceso informativo sobre la tragedia nombres e intereses implicados en la empresa particular regenteadora de la estancia infantil ABC, escenario civil de la catástrofe, donde se encontraban inscritos los niños mártires.
Súbitamente (como ha ocurrido en otras entidades tomadas para otros efectos por fuerzas federales), las instancias del fuero común del gobierno de Sonora se vieron sospechosa y tácitamente desplazadas por el Ministerio Público Federal, aun antes de conocerse declaración expresa de atracción del caso por la Procuraduría General de la República. A lo más que, aparentemente, Calderón Hinojosa llegaría a comprometerse en su sabatina y meteórica visita a Hermosillo, fue a “la coadyuvancia” de la PGR (¿Y del avionazo de Mouriño, qué?) con las autoridades locales, mediante servicios periciales para saber qué y cómo ocurrió en la guardería siniestrada. Pero el sábado mismo, en el cubículo principal de la Delegación de la PGR en Hermosillo, ya estaba rotulada la carátula de la averiguación previa correspondiente con la clave AP/PGR/SON/HM-V/690/2009.
Entre nerviosas escondidillas, rodeos y trompicones de funcionarios federales y estatales finalmente se empezaron a confirmar algunos datos: 1) la estancia infantil ABC era un albergue subrogado (un eufemismo para disimular privatización de servicios) por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a la empresa con razón social ABC, SC., propiedad de Gildardo Francisco Urquides Serrano, Sandra Lucía Téllez Nieves y María Altagracia Gómez del Campo Tonella, al amparo de un contrato otorgado en 2001; esto es, cuando era presidente Fox Quesada y director general del IMSS, Santiago Levy; 2) la ampliación de la pesquisa periodística permitió establecer que doña María Altagracia Gómez del Campo está vinculada genealógicamente con la primera dama “la señora Margarita”, esposa del Presidente de la República. El empresario Urquides Serrano, pariente político y compadre de funcionarios de la administración del gobernador priista Eduardo Bours Castelo, es secretario de Finanzas del comité estatal del PRI en Sonora, y también sería activista del proyecto calderoniano México 20-30; 3) la estancia infantil ABC -que tenía un registro de más de 200 niños de entre cuatro meses y cinco años de edad- compartía un antifuncional galerón concebido para la operación de una planta maquiladora, con una bodega contratada por la Secretaría de Hacienda estatal para depósito y reparación vehicular, sitio éste donde presuntamente se inició un incendio que provocó la explosión que alcanzó el cunerío-dormitorio de los infantes, y 4) el IMSS, de acuerdo con un esquema revisado en 2003 durante el gobierno de Fox, paga por ese tipo de servicios subrogados una cuota por niño de dos mil 458 pesos mensuales para satisfacer requerimientos de nómina y prestaciones sociales del personal, impuestos, cuotas obrero-patronales, insumos de alimentos, material didáctico, juguetes, renta, teléfonos, luz, agua, gas, utensilios y artículos de limpieza, gastos de oficina, capacitación, etcétera.
No se preocupen por los gastos funerales
En su visita relámpago a Hermosillo, según crónicas periodísticas de medios locales -quién sabe porque o con que razón la “fuente” presidencial fue dejada en la Ciudad de México-, Calderón Hinojosa, al expresar sus condolencias y solidaridad a atribulados padres de familia, les dijo que no se preocuparan por los gastos funerales, pues había instruido a la dirección general del IMSS se hiciera cargo del costo. ¡Que gran consuelo! Y la indagatoria de los terribles sucesos, fue dejada en manos del titular de la PGR, Eduardo Medina Mora, hoy por hoy el gestor de justicia más confiable que haya tenido México en toda su accidentada historia. Con eso está dicho todo.
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