OTRA VUELTA A LA TUERCA
Retorno a la edad del orangután
* De cómo el PAN retoma su destino manifiesto
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)
“En México particularmente, los acontecimientos de 1935-1936
ponen al descubiertos que los dirigentes sindicales que en teoría
se oponen a la conexión política-economía, son en la práctica aliados
de la burguesía. En última instancia, debe afirmarse que los combates
económicos y políticos se entrelazan entre sí y que cada huelga debe
elevarse al nivel superior de una huelga política consciente,
cuando tal viraje es posible y oportuno”.
Mario Pavón Flores
Abogado del Sindicato Mexicano de Electricistas (1935-1948)
El ABC de las huelgas (1937)
“Si algo puede salir mal… saldrá mal”.
Ley de Murphy
 Entremeses
CUANDO EL 1 DE DICIEMBRE de 1934 tomó posesión de la presidencia de México el general Lázaro Cárdenas del Río, el país vivía una ola de huelgas motivadas por la crisis económica. La cresta huelguística creció en 1935. El proceso tuvo un desenlace histórico: el 12 de junio de este año, Plutarco Elías Calles, sedicente Jefe Máximo de la Revolución, con el ánimo de extender su cacicazgo sobre gestión cardenista, declaró que las huelgas dañaban menos al capital que al gobierno, “porque cierran las fuentes de prosperidad”. El 13 de junio Cárdenas replicó que los problemas de trabajo que se habían traducido en movimientos huelguísticos eran la consecuencia del acomodamiento de los intereses representados por los dos factores de la producción, que si causan malestar y aun lesionan momentáneamente la economía del país, “resueltos razonablemente y dentro del espíritu de equidad y de justicia social, contribuyen con el tiempo a hacer más sólida la situación económica, ya que su correcta solución trae como consecuencia un mayor bienestar para los trabajadores, obtenido el acuerdo con las posibilidades económicas del sector capitalista”. La ruptura entre el michoacano y el sonorense estaba dada y éste sería obligado a abandonar el país, acompañado del dirigente de
Hacia febrero de 1936, la exigencia obrera en pos del Contrato Colectivo de Trabajo define lo que serían las relaciones entre el gobierno de la República y la clase patronal: La Confederación General de Obreros y Campesinos de México (CGOCM) organiza una huelga contra la Vidriera de Monterrey. El 5 de febrero, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje la declara existente y los empresarios regios se alzan en una marcha de protesta y un paro de tres días, al que convocan se sumen los del Distrito Federal, Puebla, Tampico, Guadalajara, Yucatán y la Comarca Lagunera. Cárdenas viaja a la capital de Nuevo León y emplaza: “Quienes se encuentren cansados de la lucha social, pueden entregar sus industrias a los obreros o al gobierno, pues eso sería más lógico y más de acuerdo con las circunstancias e intereses de la nación”.
Dentro de ese agitado cuadro, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) -que había tenido su primera experiencia de lucha en 1916 y en 1929 se hace de las primeras conquistas: logra acercar sus prestaciones a las del personal extranjero-, en julio de 1936 emplaza a las compañías Luz y Fuerza, de propiedad extranjera, con el mismo objetivo: homologar derechos y salarios con los de los obreros foráneos, pero, sobre todo, cambiar el viejo modelo de mando y obediencia, democratizando la relaciones obrero-patronales. Después de diez días, y declarada la existencia de la huelga, el 25 de julio la dirección sindical proclama que el movimiento terminó mediante un arreglo directo de las partes: Las empresas aceptaron, prácticamente en toda su integridad, el pliego petitorio. Para el abogado laboral, Mario Pavón Flores, el alto nivel de unidad y organización sindical, descansó “en la excelente planificación, preparación y dirección de la huelga”. El 17 de julio, un rapto emotivo había rasgado la tensión del momento. El secretario general del SME, Francisco Breña Álvarez, desde los patios de la Junta Federal, arengó: “¡Camaradas! Conforme el fallo que tengo en mi poder, ¡Existe el movimiento de huelga en México!”.
Las referencias anteriores están tomadas del cuaderno La trascendencia de la huelga del SME de 1936, editado en 2007 en el 93 aniversario de la fundación del sindicato. “La huelga de 1936”, se afirma en ese texto, “sigue siendo hoy una enorme cantera de experiencias y enseñanzas para el sindicalismo de hoy y del futuro, si se llega a comprender a fondo y tener conciencia de tan magnífico triunfo”.
Lo que sublevó a la contrarrevolución
La recapitulación de ese periodo tuvo para el SME la siguiente lectura: Lo que en el fondo estuvo presente en todas esas acciones era una intensa lucha de clases, que sirvió de base y motor para los cambios emprendidos en aquel sexenio:
- La nacionalización del petróleo es obra inicial de las luchas obreras, y de que el Presidente y el gobierno supieron llevarlas a mejor término;
- La Reforma Agraria surge de las luchas campesinas a lo largo y ancho del país, en particular de la huelga en la Comarca Lagunera:
- La educación socialista, laica y científica surge de las jornadas de lucha del magisterio e intelectuales;
- El crecimiento de la afiliación sindical (de 300 mil a 900 mil trabajadores de 1935 a 1940), el fortalecimiento y democratización sindical fue obra de los mismos trabajadores con el apoyo del gobierno;
- La sustancial mejoría de los Contratos Colectivos de Trabajo se logra en la lucha misma:
- La solidaridad nacional e internacional surgió de las necesidades de fortalecer las luchas, con decisivo apoyo del gobierno;
- La enorme cultura popular y artística -el Muralismo, la Escuela Mexicana de Pintura y el Taller de la Gráfica Popular- nacen en las luchas, calles y muros públicos, teniendo en ese sexenio una de sus expresiones más altas. (Termina la cita.)
Contra ese macizo árbol del reformismo social mexicano, fue que se fundó en 1939 el Partido Acción Nacional (PAN), y sus afiladas hachas se activaron cuando todavía Cárdenas no terminaba su sexenio. Una interpretación maliciosa sería que, si el PAN hubiera apelado al amoroso padrinazgo de Plutarco Elías Calles, éste gustosamente se lo hubiera otorgado. Después de todo, su creador, Manuel Gómez Morín, fue asesor financiero del gobierno de Calles al que le escribió las leyes Orgánica del Banco de México, la de Crédito Agrícola y la primera ley mexicana del Impuesto sobre la Renta. Al tiempo (1937), Gómez Morín aparecería como asesor de la Comisión Técnica de los Estados Unidos para asistir (desinteresadamente) a Ecuador en sus problemas monetarios. Su especialización en leyes corporativas y bancarias, le mereció un asiento como ejecutivo del Banco de Londres en México, posición desde la cual consolidó sus extensas conexiones capitalistas. (Efraín González Luna, otro de los más conspicuos impulsores del PAN y candidato presidencial del mismo, era por su parte accionista del Banco Capitalizador de Guadalajara.)
Desde sus raíces, el golpe de Estado figuró en su agenda
 En su ensayo-tesis Acción Nacional de México/ Una alternativa católica a la Revolución (Editorial Syracuse University, 1973), Donald J. Mabry recuerda que los fundadores católicos del PAN habían sido reclutados principalmente entre los participantes del conflicto Iglesia-Estado (en ese orden) del siglo XX, y particularmente del conflicto sobre la educación socialista. “La mayoría eran de los estratos medios y altos de la sociedad mexicana: intelectuales y profesionales, estudiantes universitarios y un pequeño número de propietarios y directivos de grandes empresas privadas...”. A propósito de estudiantes, la Asociación Católica de la Juventud Mexicana (ACJM), constituida en 1911, fue importante para el futuro de la Iglesia en México y para la fundación del PAN, pues fue la que reclutó a los jóvenes católicos mexicanos más brillantes, ricos y de las clases más prestigiadas, dice el autor.
De algún modo, siguiendo esa acuciosa investigación académica, la ACJM -núcleo de la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa, que organizó y detonó la Guerra Crristera- fue placenta de la Unión Nacional de Estudiantes Católicos (UNEC), uno de los soportes fundadores del PAN, que surgió como hechura de los jesuitas y de los Hermanos Cristianos. La Cristiada fue, en su secretismo original, conjura clerical-empresarial de la U, que en su metamorfosis devino La Legión, La base y finalmente tributaria de la Unión Nacional Sinarquista y del PAN. Don Luis Calderón Vega, padre de Felipe de Jesús del Sagrado Corazón Calderón Hinojosa e informante del autor de la obra comentada, reveló que “La base no era la inocente organización que pretendía ser. La base estaba planeando un golpe de Estado que se llevaría a cabo después de que la población hubiera sido adoctrinada”.
Según Mabry, en la fundación del PAN predominaron tres grupos: El más importante estaba formado por militantes católicos, quienes, en 1933-34, habían combatido a los anticlericales en la Universidad Nacional con Gómez Morín: La mayoría de la UNEC se unió al partido. Los siguientes en importancia fueron los profesionales e intelectuales que conocían a Gómez Morín desde sus días universitarios. Finalmente, los directivos de negocios e industrias, que se unieron con la esperanza de que Gómez Morín podía proteger sus intereses políticos sin llevarlos al suicidio financiero o político.
En la composición del primer Comité Ejecutivo Nacional y del primer Consejo Nacional del PAN, los abogados ocuparon 31 y 37 por ciento de los cargos en los respectivos órganos; los grupos profesionales como categoría genérica 54.8 y 73 por ciento, respectivamente y los banqueros, obviamente comprometidos con los intereses de la banca, 24.2 por ciento de los puestos del comité nacional. En éste, más de una tercera parte eran miembros de la UNEC y de su madrina golpista La base. El testimonio de don Luis Calderón Vega, padre del presidente designado, nos merece credibilidad. Conocimos su integridad intelectual y política.
Cangrejos al compás/ Marchemos hacia atrás
 Podríamos afirmar ahora, con escaso margen de error -valga la audacia-, que el PAN, cruzado por el “neopanismo” y los Bárbaros del norte, con independencia de su retórica falaz, sigue siendo, sin embargo, fiel a su espejo fundacional. En el número 220 de Voces del Periodista dijimos que, en materia de “política” laboral, sus iniciativas se han inspirado en los bandos de la banda pinochetista para exterminar la organización sindical como el enclave más temible de la resistencia social al neoliberalismo.
A la mitad del sexenio del catatónico neoliberal Miguel de la Madrid (postulante en campaña de la sociedad igualitaria je je je), en Colorado Springs se efectuó la Reunión Parlamentaria México-Estados Unidos. En ella, los más bravos mastines del Partido Republicano le dijeron a los integrantes de la delegación mexicana que, para que México pudiera prosperar, era necesario insertarlo en el modelo de economía de los Estados Unidos (En el cabúz de la locomotora yankee, que diría Justo Sierra). Una condición para ello, les aconsejaron a los legisladores mexicanos, sería acabar con la monserga de los sindicatos. Fue una consigna que pretendió seguir a pie juntillas Carlos Salinas de Gortari desde que, con el propio De la Madrid, era Secretario de Programación y Presupuesto, y con la que, como presidente fraudulento, pretendió granjearse la “legitimidad de gestión” de su aliado estratégico, el PAN.
Una década después, ya acelerado demencialmente el proceso neoliberal, el PAN (subsidiado financieramente desdenantes por la Fundación para la Democracia del gobierno de los Estados Unidos) formuló su plataforma legislativa 1997-2000. En tal documento, el partido del retroceso propuso que el modelo de desarrollo debería sustentarse en una economía de mercado socialmente orientada, con Estado solidario y subsidiario, “que busca estabilidad, crecimiento y justicia distributiva”.
Para ello, sería menester revisar el marco jurídico, que debería sancionar su Incumplimiento. Para 1994-2000, el PAN había postulado la Economía Social de Mercado a secas. No se trata de un desliz puramente sintáctico. Esa formulación venía de la Democracia Cristiana alemana. Se trataba de disimular la querencia. Como sea, la condición subsidiaria del Estado implica la restricción de sus facultades constitucionales, subordinándolo al interés individual (“que no haga la entidad superior lo que puede realizar la entidad menor”), de ahí que el PAN propusiera la reforma de los artículos constitucionales condensados como “capítulo económico”: los 25, 26, 27 y 28 de la Carta fundamental, que definen y condicionan la Planeación Democrática para el Desarrollo Nacional.
Concretamente, respecto del artículo 28 constitucional (que se refiere a las actividades estratégicas bajo la rectoría del Estado), el PAN demandó enmendarlo, “garantizando” la rectoría del Estado, (pero) respetando la iniciativa de las personas en todos los campos y la libre actividad económica de los mismos, promoviendo la desintegración de los monopolios públicos (y privados), con excepción de aquellas actividades, que por su propia naturaleza, deba controlar el Estado, como son seguridad nacional y la emisión de moneda. ¡Oh!, las premoniciones del Estado fallido. Para entonces, el inefable gobernador panista de Guanajuato, Vicente Fox, ya pujaba (1996) por la venta de Petróleos Mexicanos, porque “el petróleo ya dejó de ser estratégico”.
En cuanto a los artículos 27 y otra vez el 28 constitucionales, el PAN postulaba su reforma, para cancelar el control obligatorio del Estado sobre las actividades de la petroquímica secundaria, así como de la energía eléctrica.
Sindicatos, primera llamada, primera
La legislación laboral es obsoleta. Además de fomentar la improductividad, favorece las prácticas corporativistas de las verdaderas demandas de los trabajadores y la corrupción sindical. Se le deben suprimir todas las exageraciones que contiene actualmente, eliminando el paternalismo y la discrecionalidad. (La Ley Federal del Trabajo debe permitir) al empleador la adopción de un proceso flexible de trabajo y la reubicación de los trabajadores, según las necesidades de las empresas. En materia de salario, enriquecer su concepto adecuándolo a las exigencias de la modernización del país, incluyendo expresamente el pago por hora (destajo) y clarificando el concepto de salario integrado. Al principio de trabajo igual, igual salario, añadir como condicionante la calidad y la productividad”, pontificaba el PAN.
Después de un ataque al concepto del pago de salarios caídos, el PAN se lanza a la yugular: Propone la integración de “Comités de empresa”, formados por empleados y trabajadores, no necesariamente sindicalizados, que asumirían la titularidad del Contrato Colectivo de Trabajo, desplazando a los sindicatos en el ejercicio de ese derecho. Dicho de una manera menos eufemística: Sindicatos RIP. (En lo sucesivo), las revisiones de “un pacto colectivo” tendrán por objeto restablecer el equilibrio entre los factores de la producción, a cuyo efecto podrán aumentar o disminuir el personal, la jornada, la semana de trabajo, los salarios y, en general, modificar las condiciones de trabajo de la empresa. En los contratos de trabajo se podrá pactar que la relación laboral queda sometida a un periodo de prueba, a fin de que se confirmen las cualidades exigidas a un trabajador... (Abril de 1997, La plataforma legislativa del PAN 1997-2000/ Retroceso para los trabajadores mexicanos. Juan Millán Lizárraga, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República. El autor señala que esa plataforma del PAN piratea las Propuestas del sector privado para el sexenio 2994-2000.)
Y a eso le llamaron “nueva cultura laboral”
Aunque en el apartado anterior, esa política contra la clase trabajadora se atribuyó genéricamente al “sector privado”, la mano que ha movido la cuna desde 1929 (año en que el Presidente interino Emilio Portes Gil promovió la reglamentación del artículo 123 de la Constitución), ha sido la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), la misma que, en 1936, con el pretexto de la huelga contra la Vidriera de Monterrey, se lanzó al paro empresarial. Para el periodo legislativo federal 1997-2000, el presidente de ese sindicato patronal era Carlos María Abascal Carranza, gestor de una meliflua Nueva política laboral.
Hacia 2001, ya instalado en el poder presidencial el demente Vicente Fox, el que definió su gobierno como uno de empresarios, por empresarios y para empresarios, y Abascal Carranza (hijo de Salvador Abascal Infante, el más aguerrido comandante de la cristera Unión Nacional Sinarquista) fungía ya como secretario de Trabajo y Previsión Social, los candidatos a dirigir la Coparmex, Jorge Espina Reyes y Valentín González Cosío y Elcoro, coincidieron en un planteamiento: No descansaremos hasta que el ideario de la corporación “se convierta en políticas públicas”.
Al año siguiente (noviembre/ 2002), Abascal Carranza -que solía recomendar a los trabajadores confiar su suerte a la Virgen de Guadalupe- parecía cortar oreja y rabo al anunciar el pacto entre el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el charro Congreso del Trabajo (CT) -éste representado al efecto por Juan Moisés Calleja- para promover, por fin, una reforma laboral negociada (278 artículos de la ley de Trabajo vigente), pero súbitamente le salió respondona la criada: El dirigente del CT, Leonardo La Güera Rodríguez Alcaine (+) reventó el acuerdo al desautorizar la firma de Calleja: Si no se retira la propuesta de crear el registro público de sindicatos y el voto secreto y universal para elegir dirigentes sindicales, no hay reforma.
Aún así, Abascal Carranza dio por consumado el pacto. La Unión Nacional de Trabajadores (UNT) se retiró de la mesa no sin antes emitir un comunicado en este tenor: “El día de hoy asistimos a la mesa central de decisión, en la que se pretende convalidar un proyecto cuyo texto ni siquiera se puso a disposición de los asistentes. Al más viejo estilo, se busca que primero se apruebe y después se conozca. Se ha impedido una negociación transparente de cara a los sectores productivos y a la sociedad, por lo que expresamos nuestro más enérgico rechazo frente al rompimiento de los acuerdos de principio que dieron vida a esta supuesta concertación”.
 El presidente del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Luis Bueno Rodríguez declaró entonces que “la propuesta de reforma de empresarios y viejos sindicatos no moderniza las relaciones laborales, pero sí legitima la ofensiva del capitalismo salvaje que atenta contra los derechos de los trabajadores. El gobierno apuesta a los viejos mecanismos de control para que los empresarios impongan sus condiciones y conceptos a los sindicatos y trabajadores. Ese es un peligro que hay que rechazar. La propuesta central de Abascal es crear empleos, pero empleos precarios, con bajos salarios, sin derechos laborales, de trabajo parcial, de temporada o por horas…”.
El espurio nunca pierde, y cuando pierde, arrebata
Vísperas ya del zafarrancho electoral intermedio de 2003, Fox Quesada prefirió hacer mutis a esa erizada cuestión. En la Cámara de Diputados, en el interior de la bancada panista se produjo una rebelión contra su coordinador. Los sublevados exigían que en la iniciativa se rescataran los principios de democracia sindical y el voto secreto para elegir dirigentes. El coordinador entonces era un tal Felipe Calderón Hinojosa. El mismo que, cuatro años después, se proclamaría Presidente del empleo y nombraría secretario de Trabajo y Previsión Social al porro Javier Lozano Alarcón, con instrucciones expresas de ejecutar de facto lo que no fue capaz de concretar en la norma legal. Sus acciones atrabiliarias son aplaudidas por membretes tan prestigiados y patrióticos como Sociedad en Movimiento, Mejor Sociedad Mejor Gobierno, Unión Nacional de Padres de Familia, Libre Acceso, Alianza Indígena Mexicana, Red por un México Libre de Adicciones, Fondo Unido Rotario de México, Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, y otros antifaces de El Yunque. Ahora el país es un polvorín de mecha corta.
“La diferencia que existe entre los empresarios ensoberbecidos de los tiempos normales y su transaccionismo durante las huelgas es muy significativa: Sólo la poderosa presión de los movimientos huelguísticos, que hieren el capital en su parte más sensible -la ganancia-, concluye por amilanar a los patrones intransigentes, que entonces teorizan sobre el espíritu de conciliación y los deseos de armonizar sus intereses con la clase obrera”. Mario Pavón Flores, El ABC de las huelgas. 1937.
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