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Edición 221

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Los costos del lacayismo

Aquí, donde spot electoral mata debate de programas de gobierno, no era necesario esperar el zarpazo a Luz y Fuerza del Centro (LyFC) para especular sobre si esa acción configura golpe de Estado. Bastaría echar un vistazo a la plataforma legislativa que, hacia la renovación de la Cámara de Diputados, a principios de 2009 discutió el Partido Acción Nacional (PAN) para presentarla ante el IFE. Una perla, nada más, como ilustración: El PAN propuso entonces que las iniciativas presidenciales que no sean discutidas ni dictaminadas por las cámaras del Congreso de la Unión, se den por aprobadas de facto. En el caso de LyFC, la decisión excluyó al Poder Legislativo.

VocesEn el documento citado, el PAN incluye un apartado -Para proteger tu economía- en el que denuncia las prácticas monopólicas de las grandes empresas que generan precios excesivos tanto para consumidores finales como para compañías que dependen de sus insumos. Históricamente, ese ha sido uno de los argumentos panistas con dedicatoria a las paraestatales del sector energético. No hay ni siquiera coartada: se trata de eliminar restricciones a la participación de la inversión en sectores clave de la economía (revisar el régimen jurídico vigente), y, sólo como un ejemplo, más adelante va al grano: abrir la refinación de energéticos a la inversión “complementaria” (léase privada.)

En la “liquidación” de LyFC apareció, como manzana (podrida) de la discordia, el control de la fibra óptica. En la pugna por este negocio se dio a conocer la constitución de la empresa WL Comunicaciones, en cuyo capital participan dos ex secretarios de Energía del gabinete panista de Vicente Fox: Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens.

Otro dato, de no poca monta, es el siguiente: Desde octubre de 2007, antes de que se cumpliera el primer año de gobierno de Calderón, empezó a cocinarse un acuerdo entre Petróleos Mexicanos (Pemex) y las firmas españolas Abengoa y Obener Energía, por dos mil millones de dólares y con extensión hasta 2023, por el que esas empresas generarán y abastecerán electricidad a Pemex, dejando de lado a la Comisión Federal de Electricidad y a Luz y Fuerza del Centro. El acuerdo fue formalizado el 14 de septiembre pasado por Pemex Exploración y Producción.

No son datos aislados los que revelan la vocación privatizadora de “sectores clave”: El 12 de febrero de 2008 supimos que los corporativos españoles Iberdrola, Gas Natural y Unión Fenosa controlaban ya el 70 por ciento de la generación privada de electricidad en México. A finales de ese mes, en la Ciudad de México se realizó un foro México-Estados Unidos, en el que cinco secretarios de Calderón -entre ellos la de Energía, Cristina Kessel, y de Hacienda, Agustín Carstens- cursaron invitación a los inversionistas de la Unión Americana para que aprovecharan las oportunidades que brindaba el Programa Nacional de Infraestructura. Raudos, los de la contraparte estadunidense anunciaron la disposición de 140 mil millones de dólares para energía, transporte y agua potable.

Al día siguiente de ese encuentro, se dio a conocer un hallazgo en México: en septiembre de 2007 (casualmente un mes antes de iniciarse pláticas del acuerdo Pemex-Abengoa-Obener Energía citado) se firmó conjuntamente por la Comisión Federal de Electricidad, Petróleos Mexicanos, Secretaría de Energía y Comisión Reguladora de Energía un contrato a 15 años por 16 mil millones de dólares, en favor de la española Repsol para el suministro de gas licuado, importado de Perú, una de cuyas leoninas ventajas es el uso gratuito del puerto de Manzanillo, Colima.

Ya para mayo de 2008, se sabía que Pemex había reservado como información clasificada la correspondiente a las adquisiciones de bienes y servicios de importación directa con proveedores extranjeros, hechas con la intermediación de Integrated Trade Systems, de diciembre de 2002 a mayo citado. Puesto sobre rieles el debate sobre la reforma energética propuesta por Calderón, un grupo de expertos denunció el disimulo de los gobiernos panistas respecto de la urgente renegociación con el gobierno de los Estados Unidos del Tratado del Hoyo de Dona, que estableció una mora de diez años a la exploración y explotación petrolera en aguas profundas de esa zona.  “México podría vivir”, alertó entonces el embajador Alberto Székely, “un episodio similar al que en el pasado nos hizo perder parte del territorio”.

También en julio del año pasado, se hizo del dominio público aquí que la petrolera del vicepresidente de los Estados Unidos, Dick Cheney -Halliburton- había sido favorecida durante el gobierno de Fox con 159 contratos de obras y servicios por un monto de mil 221 millones de dólares…

En diciembre de 1980, invitado por el doctor John Saxe-Fernández, director del Proyecto Lázaro Cárdenas sobre la Condición Estratégica del Petróleo/ El caso México, dictó aquí una conferencia el doctor Clyde Mark, de la División de Asuntos Extranjeros y Seguridad Nacional/ Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Después de referirse a una investigación (1973-1974) sobre la factibilidad de utilizar la fuerza militar norteamericana para ocupar campos petroleros en el Cercano Oriente y sus implicaciones, el ponente citó la opinión de gente que defendía otra opción: Si los Estados Unidos no tienen la capacidad de tomar petróleo del Cercano Oriente, ¿por qué no tomar otros campos petroleros que están más próximos? No requiere mucha imaginación pensar en dónde están esas otras áreas:  Venezuela, Canadá y, obviamente, México. Se deben concentrar los esfuerzos militares en intimidar a sus gobiernos. Las condiciones, sin embargo, no eran propicias. La Casa Blanca intentaba finiquitar actitudes coloniales hacia América Central y del Sur.

La actitud, sin embargo, cambió en 1977 como resultado de la Revolución Islámica. De pronto, expuso el doctor Mark, México se convirtió en algo muy importante: Los campos petroleros en Reforma y Campeche, los nuevos descubrimientos iban aumentando las dimensiones de la reserva petrolera. De nuevo en los Estados Unidos surge un conflicto: desarrollar una fuerza de intervención rápida o establecer un diálogo con México sobre petróleo. Pero la combinación actual del problema inmediato del suministro petrolero con el número de crisis que surgen y la deficiencia en la fortaleza militar norteamericana, me hace pensar que el momento actual es mucho más crítico, mucho más peligroso que cualquier otro que hayamos visto en los últimos 30 años. Temo que en todo este conjunto de eventos peligrosos, los Estados Unidos vayan a actuar irracionalmente como resultado de la frustración, el disgusto, el desencanto y el no saber qué hacer. Hasta ahí el doctor Mark.

Era 1980. Los líderes políticos mexicanos no supieron o no quisieron aprovechar ese momento de incertidumbre en el ánimo de Washington para hacer valer el petróleo como factor de negociación soberana. Optaron por un deshonroso lacayismo. Ahora todos pagamos el costo.



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