¿Qué fue del humanismo cristiano?
Entre el rico acervo documental recuperado para exhibirlo como evocación de la Revolución mexicana en su centenario, no hemos visto aquellos azucarados oficios que ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cruzaron con el chacal usurpador Victoriano Huerta para, después del asesinato de Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, expresarle su beneplácito por la sustitución en el Poder Ejecutivo de los inmolados. Ni falta que hace, ya lo dijo el clásico: La historia se produce una vez como tragedia y más tarde como farsa. Los supremos jueces cambian de nombre y toga, pero no de entraña.
En pleno vendaval económico desatado por el error de diciembre de 1994, el presidente Ernesto Zedillo se dio como prioridad, sin embargo, dar golpe de timón contra el Poder Judicial de la Federación, cesando de manera fulminante a los ministros entonces activos de la Corte suprema e imponiendo cambios en la Constitución en materia de justicia.
Tres años después (6-XI-1997) en pleno, los ministros de la Corte promovidos por Zedillo dirigieron un insólito manifiesto a la opinión publica para denunciar ataques contra jueces en general y, en especial, contra los órganos que constituyen el Poder Judicial. “Estos ataques”, escribieron, “tienen distintos orígenes; provienen, incluso, de una dependencia (no citada) del Ejecutivo Federal. La Suprema Corte ha guardado silencio, confiando en que la entrega al trabajo que se le ha encomendado superaría esa situación. Sin embargo, lejos de disminuir, los embates han arreciado y ya no sólo se cuestiona al sistema judicial federal, sin distinciones, con lo cual se pone en riesgo su autonomía e independencia, sino que también se pone en duda la bondad y la responsabilidad del juicio de amparo…”. Autonomía e independencia, son los términos clave.
No es la defensa del juicio de amparo, lo que ahora nos llama la atención. Consideramos que el quid del asunto, de ahí que califiquemos insólito el manifiesto, es el alegato de los ministros que se apoya en los artículos 39 constitucional, que establece que la soberanía reside en el pueblo; el 41, que señala que el pueblo ejerce esa soberanía por medio de los Poderes de la Unión; y el 49, que dispone que el Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judicial (en ese orden). “Es obvio que el Poder Judicial de la Federación es un poder político que en ningún caso puede ceder, en el ejercicio de sus facultades exclusivas, ante el Legislativo y Ejecutivo”. Más claro, ni el lodo.
Loable, el reconocimiento de la soberanía popular y su ejercicio por medio de los Poderes de la Unión. Desafiante, la reivindicación del Judicial como poder político. Destacable, que, entre los abajo firmantes que reconocen la soberanía del pueblo, aparezcan los nombres de los ministros de derechas Mariano Azuela Güitrón y Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Once meses después, octubre de 1998, precisamente en juicio de amparo, los mismos ministros de la Corte, con la honrosa excepción del togado Juan Díaz Romero, resolvieron una contradicción de tesis referida a la cuestión de intereses sobre intereses en los contratos bancarios de apertura de crédito (anatocismo), para sentenciar que la usura es legal si la practican los prestamistas, no importa si el bien social superior es conculcado; pero el anatocismo no es legal, si el reclamo proviene de ahorradores o depositantes, ciudadanos estafados, según votación de los honorables ministros en casos posteriores, en que especulativamente abogaron por la estabilidad del sistema bancario. “La soberanía popular reside en el pueblo”. (Sic que interroga sobre la imparcialidad y la universalidad de la justicia a la mexicana.)
Pero, vamos: En aquel documento comentado, está la reivindicación del Judicial como poder político por los ministros firmantes, algunos de los cuales permanecen en activo, sentencia que sentencia. En enero de 1961, un ministro de la SCJN, Alfonso Francisco Ramírez, por añadidura presidente de la Academia Mexicana de Derecho Político, presentó (Editorial Trillas) su obra Antología del pensamiento político, en la que acopió textos clásicos desde 493 a.C..
Tomamos al azar: “Ética y política: La noción de persona, del hombre fin en si mismo, es el eje ético sustentador de la idea pura del Estado que brota, como planta de su semilla, de la coincidencia esencial de la ética, del derecho y, consiguientemente, de lo político. Todo se traduce o expresa en conducta humana. Ningún acto jurídico -y ningún acto del hombre- es indiferente a la ética. Y el hacer político, por político -por referirse al Estado o ser del Estado- no se sustrae al juicio ético, ni a las exigencias de lo jurídico, y como la ética y como el derecho, la política: es decir, el Estado, tiene sus raíces más allá o más adentro -donde se forja el rayo que ilumina con la luz que viene de lo alto- de la conciencia de la persona humana: alta y luminosa la luz de ese rayo en la medida en que la persona haya ahondado en si misma”. (Alfonso González Posada y Biezca, Tratadista español.)
Lo que el ministro Ramírez pretendía con su obra, era derivar, del pensamiento de los clásicos, enseñanza y ejemplo. Advertía: En las clases directoras y en los simples ciudadanos es de pedirse más dedicación a la política. Hay que destruir viejos prejuicios de indiferencia y abstención, porque es criminal el abandonarla al dinamismo de los más audaces. Un alejamiento prolongado de las prácticas cívicas, ha sido siempre el origen de la dictadura.
Pero hay, en la presentación de la obra por el mismo autor, un rescate de Jacques Maritain, padre doctrinario de los fundadores del Partido Acción Nacional: El hombre del humanismo cristiano sabe que la obra común debe tender, sobre todo, a mejorar la vida humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres libres y gocen de los fruto de la cultura y el espíritu. Sabe que la autoridad de quienes están a cargo del bien común y que, en una comunidad de hombres libres, son designados por el pueblo, se origina en el Autor de la naturaleza y está ligada a la conciencia, siempre que dicha autoridad sea justa (…) el hombre del humanismo cristiano no busca una civilización meramente industrial, sino una civilización íntegramente humana y de inspiración evangélica”.
La esencia de este tema es, pues, la cuestión, más que de la ley, de la justicia. Es el caso que, al ventilarse recientemente el criminal asunto de la guardería ABC, de Hermosillo, donde perdieron la vida 49 niñas y niños y otros tantos quedaron expuestos al trauma de la invalidez, cabildeados ministros de la Corte que hace diez años reclamó para sí su consideración como poder político, determinaron que las argumentaciones y sentencias de los jueces deben blindarse contra la Ética y la Moral. Si tal es el caso, ¿quién será el valiente que exija que los otros dos poderes políticos de la Unión, el Ejecutivo y el Legislativo, obren con base en valores y principios éticos o morales?
Cuando iba a tratarse el asunto de la Ley Televisa, hace más de tres años, el ministro Aguirre Anguiano, el más identificado con el PAN, anunció retador: Ahí se va a ver de qué están hechos los ministros. A partir de entonces, ministros han dado pruebas palmarias de que están hechos. Por supuesto, no pasan el más elemental examen sobre humanismo cristiano.
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