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¿Y los derechos de la sociedad?
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
Una severa campaña se ha orquestado en México por la decisión de modificar el fuero militar por el caso documento de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido en 1974. Sin embargo, parece que nadie quiere hacer respetar los derechos ciudadanos de la sociedad que son violados impunemente por las bandas criminales y con complacencia de los tribunales civiles.
La lista de los derechos ciudadanos y humanos violados por las mafias criminales es bastante larga:
Los asesinatos.
Los secuestros.
Los granadazos.
Los coches bomba.
Las agresiones contra la sociedad.
Los asesinatos de inocentes por cada tonelada de droga decomisada.
Las matanzas de jóvenes.Los asesinatos en centros de rehabilitación de drogas.
La venta de droga al menudeo que afecta a los ciudadanos.
La venta de drogas a los niños para hacerlos adictos.
La leva de jóvenes para incorporarlos a fuerzas al crimen
organizado.
Las narcofosas.
Los crímenes del pozolero en tambos de ácido.
Los asesinatos de periodistas.
Las amenazas contra periodistas que se atreven a publicar reportajes contra los narcos.
Los asesinatos de alcaldes.
El asesinato del candidato del PRI a gobernador por Tamaulipas.
Los narcobloqueos en vías públicas.
El terror vía twitter para sacar a los ciudadanos de la calles.
Los cientos de policías y militares asesinados por las bandas del
crimen organizado.
Los descabezados que significan amenazas.
Los colgados en puentes.
Las narcomantas amenazadoras.
La corrupción de policías, funcionarios y políticos por parte del crimen organizado.
La impunidad de políticos como Julio César Godoy que buscan una defensa legaloide contra revelaciones que lo vinculan con las mafias.
La complicidad del PRD con la narcopolítica al proteger al diputado (ex) (no ex) perredista Julio César Godoy.
La venta de protección del crimen organizado a la ciudadanía para echar de algunas plazas a las fuerzas de seguridad.
Los ataques de bandas criminales contra fuerzas de seguridad en las calles sin importar la presencia de civiles.
El tráfico de armas que se usan no sólo para matarse entre mafiosos sino para disparar contra la sociedad desarmada.
La incapacidad de los gobiernos estatales y municipales para limpiar sus cuerpos policiacos y sus tribunales de justicia, donde se anida el poder corruptor del narcotráfico.
El asesinato impune de indocumentados migrantes por negarse a trabajar para las mafias del crimen organizado.
Los ataques armados contra instalaciones policiacas para intimidar a los policías y obligarlos a renunciar.
El lavado de dinero en el sistema financiero, con la complicidad de empleados bancarios.
La falta de respeto a la ley, al Estado de derecho y a los derechos humanos por parte de los criminales.
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