joomla visitor
AuditorŪa
Sospechosa conjura contra las reformas a la ley de seguridad
Voces Diario
Banner
Noticias
Suplemento 369
Banner
Voces del Periodista EnVivo
Banner
Radioteca
Club de Periodistas
Posada del Periodista
Banner
Buscar Autor o Artículo
ÔĽŅ
PULSE LA TECLA ENTER
370
Banner
368
Banner
367
Banner
366
Banner
365
Banner
364
Banner
363
Banner
ÔĽŅ

Ver Otros Artículos de Este Autor

Edición 265

{vozmestart}

Sospechosa conjura contra

las reformas a la ley de seguridad

 

José Alfonso Suárez del Real y Aguilera

Muchos hemos sostenido que desde lo m√°s alto del poder se alienta la velada oposici√≥n a responder a la respetuosa solicitud que las Fuerzas Armadas hicieron en los albores de la ‚Äúguerra‚ÄĚ no convencional que declar√≥ el inquilino de Los Pinos al crimen organizado en diciembre de 2006.

Como legislador, siempre me inquiet√≥ la inacci√≥n tanto del Ejecutivo como de la bancada mayoritaria de Acci√≥n Nacional para responder a la petici√≥n castrense de contar con un marco jur√≠dico que definiera el alcance de la coadyuvancia que en materia de seguridad p√ļblica corresponder√≠a a las Fuerzas Armadas y marcara par√°metros puntuales, legales y precisos del quehacer de los elementos castrenses involucrados en las acciones asumidas en funci√≥n de la orden del Mando Supremo.

 

1

Guillermo Galv√°n.

A la evidente vulnerabilidad derivada de la falta de ese sustento jurídico se sumó la pretensión panista de abrogar la Ley para Salvaguardar la Neutralidad del País, acción legislativa que, a la luz de un huidizo pacto bautizado como Iniciativa Mérida, despertó profundas sospechas -curiosamente coincidentes con los mandos militares- sobre la apertura del país a la presencia de bases armadas a fin de combatir al narcotráfico.

Esa batalla se zanj√≥ ante la escueta defensa que de la referida Ley hiciera el general secretario Guillermo Galv√°n ante el pleno de la Comisi√≥n de Defensa Nacional en San L√°zaro, en la que, sin andarse por las ramas, calific√≥ a dicho ordenamiento cardenista como un ‚Äúseguro‚ÄĚ a pretensiones extranjeras.

La ostensible molestia panista ante dicha respuesta generó una sistemática resistencia legislativa a abordar cualquier propuesta proveniente de las reuniones de trabajo con los mandos militares, fuese en materia presupuestal y evidentemente en materia legislativa.

Habiendo pasado m√°s de un a√Īo sin atender puntualmente la solicitud de las Fuerzas Armadas en torno a¬† instrucciones presidenciales -cada vez m√°s arriesgadas ante su ostensible ilegalidad- personalmente nos abocamos a generar un paquete de reformas e iniciativas de leyes que respondieran a la necesidad de fortalecer los derechos humanos de la poblaci√≥n en situaciones de crisis, por lo que se abord√≥ una propuesta de ley reglamentaria del art√≠culo 29 constitucional, as√≠ como la correspondiente a la fracci√≥n V del art√≠culo 89 entorno a la facultad presidencial para usar las Fuerzas Armadas y una propuesta de reforma sustantiva de la Ley de Seguridad Nacional, cuya carga a favor del Cisen la hac√≠a peligrosamente restrictiva y violadora de derechos humanos.

 

BlakeMora

Blake Mora.

 

Pese al trabajo desarrollado, la marcada falta de inter√©s de mi grupo parlamentario, y evidentemente, del resto de las fracciones pol√≠ticas, me llev√≥ presentar en ‚Äúsolitario‚ÄĚ el paquete de cinco ¬†reformas y dos iniciativas de ley durante el segundo periodo del segundo a√Īo de ejercicio de la LX Legislatura, mismo que fue turnado a las comisiones de Gobernaci√≥n y de Defensa Nacional, presididas ambas por militantes de Acci√≥n Nacional.

Fue hasta mayo de 2009, prácticamente al final de esa Legislatura, que el Ejecutivo envió su iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional como respuesta al pedimento militar planteado en febrero de 2007.

Result√≥ evidente que la soluci√≥n legislativa que propuso el Ejecutivo al problema planteado se finc√≥ en ‚Äúdarle la vuelta al 29 constitucional‚ÄĚ accediendo a reglamentar su facultad de disposici√≥n de la Fuerza Armada bajo el argumento de que la presencia militar se deb√≠a al escalamiento del problema de seguridad p√ļblica en el que irresponsablemente se ha situado a las acciones delictivas del crimen organizado con el perverso fin de inhibir la invocaci√≥n del 29 constitucional que electoralmente repercute en la calificaci√≥n del partido en el gobierno, el cual reconoce su incapacidad de mantener la paz y tranquilidad p√ļblicas (es decir, la gobernabilidad y la gobernanza) y que adem√°s infiere un s√≥lido control ciudadano ejercido a trav√©s del Congreso de la Uni√≥n o la Comisi√≥n Permanente, colegiando que autorizar√°n la declaratoria de Estado de Excepci√≥n que da certeza jur√≠dica a la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles.

Aunado a lo anterior, en el ‚Äúmanoseo‚ÄĚ de la referida iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional fue ostensible la injerencia del secretario Garc√≠a Luna pues en todo art√≠culo en el que se enlistara a las instituciones militares aparec√≠a como primera invocada su dependencia de gobierno, es decir, bajo el esquema de la prelaci√≥n, el funcionario se salt√≥ las trancas y subordinaba a su mando a las instituciones militares del Estado mexicano, hecho inadmisible pero que puede acreditarse.

Tras el descalabro electoral de julio de 2009, en el que Acción Nacional cedió su primera mayoría al PRI en San Lázaro, el Ejecutivo determinó que la Cámara de origen de la reforma fuese la de Senadores en la que mantiene una endeble mayoría y gracias a ello pudo incidir en ubicar su propuesta dentro de la corriente pro-derechos humanos, lo cual llevó a los senadores a concordar los debates entre la Reforma Constitucional y la modificación de esta Ley.

En el curso del proceso se da el debate sobre el artículo 57 del Código Militar y el Ejecutivo, a través del secretario Gómez Mont, se convence a las partes (Ejército y Legislativo) de posponer ese debate.

El desenlace de la iniciativa de reformas a la Ley de Seguridad Nacional gener√≥ una minuta que apuntal√≥ la reforma constitucional en lo general, pero que nunca resolvi√≥ la ecuaci√≥n planteada por el Ej√©rcito en febrero de 2007, es decir, no defini√≥ la coadyuvancia y sus alcances en materia de seguridad p√ļblica, ni gener√≥ par√°metros legislativos que permitieran normar la acci√≥n de la tropa y sus mandos en el cumplimiento de las √≥rdenes giradas por el Mando Supremo.

La Minuta del Senado no s√≥lo no resolvi√≥, sino que reforzando la defensa de los derechos Humanos, profundiz√≥ la incertidumbre jur√≠dica de todos y cada uno de los elementos del Ej√©rcito y la Armada de M√©xico que se debaten entre la obediencia a las √≥rdenes del Mando Supremo, la objeci√≥n de conciencia (con lo que ello implica para hombres y mujeres adiestrados a cumplir las √≥rdenes y no a discutirlas) y la estoica aceptaci√≥n de ser juzgados por violar los derechos humanos en cumplimiento a las instrucciones de ese Mando Supremo que, de dientes hacia fuera, dice apoyarlos pero que en realidad difiri√≥ por m√°s de dos a√Īos su iniciativa e intriga en contra de su aprobaci√≥n.

 

Marinosmexicanos

Marinos.

 

En la C√°mara de Diputados, la minuta de las referidas reformas a la Ley de Seguridad Nacional lamentablemente se integr√≥ al paquete de las ‚Äúreformas estructurales‚ÄĚ que aparentemente el Ejecutivo defiende, y ello la sumi√≥ en el perverso juego del trueque pol√≠tico, agudizado por la peregrina idea de haber turnado dicha minuta a cuatro comisiones: Gobernaci√≥n, Defensa Nacional, Marina y Derechos Humanos, lo que cuadriplic√≥ los escenarios del chantaje y complic√≥ enormemente el debate y discusi√≥n de una propuesta de reforma a la reforma que atendiera el planteamiento militar.

Al seno de la Comisión de Defensa Nacional se estableció un grupo interinstitucional conformado por algunos legisladores e integrantes de las Fuerzas Armadas que de manera conjunta trabajaron un documento de reformas.

De manera independiente y bajo la coordinación del diputado Navarrete Prida, el PRI generó un documento consensado entre los integrantes de ese grupo parlamentario.

 

JavierSicilia

Javier Sicilia.

 

Las pugnas y tensiones entre panistas, inmersos en su proceso de selección interna de candidato, y en el que la coordinadora Vázquez Mota es constantemente bloqueada desde Los Pinos y sus operadores en San Lázaro, distractor que ha permitido y alentado un protagonismo desmedido de parte del diputado Corral, presidente de la Comisión de Gobernación, que, todo indica, juega en el equipo de Felipe Calderón en la estrategia de obstaculización a la referida Ley.

 

IsabelMirandadeWallace AlejandroMarti

Isabel Miranda de Wallace.                Alejandro Martí.

 

Es por ello que desde esa presidencia se dieron una serie de hechos que generaron la ruptura del diálogo asumido en Chapultepec entre los legisladores, -entre los que se encontraba Vázquez Mota en su doble papel de coordinadora de bancada y presidenta de la Junta de Coordinación Política de San Lázaro- y los integrantes del Movimiento por la Paz con Dignidad y Justicia.

Y en este mismo contexto advertimos que se juega la inclusión de otros actores sociales por parte del secretario Blake Mora, generando además condiciones de confrontación entre actores sociales con un origen ubicado en la pérdida de un hijo y el consecuente dolor que ello provoca, sentimiento encausado en todos esos casos en luchas a favor de la seguridad y su máxima aspiración la paz.

Por ello, no debe sorprendernos que lancen a la palestra a Alejandro Martí y a Isabel Miranda de Wallace, ambos unidos en el dolor de la pérdida de un hijo a favor de la ley, como abiertos contrapesos a la figura del poeta Javier Sicilia, a quien ubican contrario a la ley.

Dentro de esta estrategia de ampliación de interlocutores, se ubica la lacónica declaración del presidente de la Coparmex en el sentido de que el empresariado también es víctima de la violencia, lo que se traduce que sus representantes deben incluirse en la mesa de diálogo, cuyas dimensiones amenazan con hacerla inmanejable.

Si tras todos estos datos a√ļn se duda de la existencia de una conjura presidencial contra esa ley, aportamos la indignante postura asumida por el subsecretario de enlace legislativo, Jorge Marcos Guti√©rrez, quien gener√≥ un escollo insalvable al descalificar la invitaci√≥n que hace el poeta Sicilia al Ej√©rcito y a la Marina a participar en el di√°logo, convocatoria hecha desde una de las sedes del Poder Legislativo a dos instituciones del Estado mexicano, cuyas inquietudes dieron origen a las reformas a la ley que han generado este intenso debate social.

El bur√≥crata de marras, curiosamente enlace legislativo entre Blake y el Congreso, violent√≥ el principio de divisi√≥n de poderes y denigr√≥ epigramaa las instituciones castrenses al darles el trato de dependencias subordinadas a Gobernaci√≥n, y no creemos que sea por ‚Äúignorancia supina‚ÄĚ sino por una medida estrategia que al generar varios frentes de conflicto busca desactivar un frente multisectorial que construya una soluci√≥n legislativa que obligue al Ejecutivo a asumir su responsabilidad, lo que se traducir√≠a en someter sus decisiones al imperio de la ley, es decir, a reconocer que existen mecanismos constitucionales claros para afrontar invasi√≥n, perturbaci√≥n grave de la paz p√ļblica o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto y cuyos instrumentos y procedimientos fueron claramente delineados desde 1857, sometiendo al Ejecutivo al control ciudadano representado por el Legislativo (y durante recesos por la Comisi√≥n Permanente), hecho que en concordancia con el esp√≠ritu de esa Legislatura constituyente definitivamente acota su facultad de disponer de la totalidad de la Fuerza Armada‚Ķ para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federaci√≥n.

 

Y que el propio texto constitucional fue reformado en su administraci√≥n a fin de garantizar que las instituciones de seguridad p√ļblica ser√°n de car√°cter civil, definici√≥n derivada del reconocimiento constitucional de que la seguridad p√ļblica es una funci√≥n a cargo de la Federaci√≥n, el Distrito Federal, los estados y los municipios como lo define el art√≠culo 22, y que su determinaci√≥n de sacar a las Fuerzas Armadas de sus cuarteles contraviene los dispuesto por el art√≠culo 129 constitucional, pues nunca se declar√≥ que existiese una perturbaci√≥n grave a la paz p√ļblica o cualquier otro que ponga a la sociedad en grave peligro.

Y para mayor abundamiento de dicha conjura, simple y llanamente veamos que el argumento toral en la negativa a la participaci√≥n del Ej√©rcito y la Marina a la mesa de di√°logo, que esgrimi√≥ el lic. Guti√©rrez afirm√≥ que la discusi√≥n y el debate es una tarea que compete s√≥lo a las autoridades civiles, pues se trata de asuntos de seguridad p√ļblica en la que Ej√©rcito y Marina s√≥lo son coadyuvantes.

 

CAR

{vozmeend}



More articles by this author

Insolencia trumpiana Insolencia trumpiana
Insolencia trumpiana José Alfonso Suárez Del Real Y Aguilera HA TRANSCURRIDO UN...
Reforma laboral: ¬ŅUn paso m√°s hacia la integraci√≥n? Reforma laboral: ¬ŅUn paso m√°s hacia la integraci√≥n?
REFORMA LABORAL: ¬ŅUn paso m√°s hacia la integraci√≥n? JOS√Č ALFONSO...
Comentarios (0)Add Comment
Escribir comentario
 
 
corto | largo
 

busy
¬ŅQui√©n est√° en l√≠nea?
Tenemos 244 invitados conectado(s)
Tenemos visitas de:

224
Banner
273 Suplemento
Banner
Ediciones Anteriores
362
Banner
361
Banner
360
Banner
359
Banner
358
Banner
357
Banner
356
Banner
355
Banner
354
Banner
353
Banner
352
Banner