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Edición 274

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papeles al viento

RAABRAHAM

2012 a√Īo electoral complejo

Imperativo: Moderar el poder

 

Testimonio personal

Cuando uno hace el registro diario de los resultados del ba√Īo de sangre instituido en M√©xico (casi 1.4 ejecuciones cada hora), tiende a insensibilizarse ante la omnipresencia de la muerte. S√≥lo se reacciona -reflejo autom√°tico del ego√≠smo- cuando se trata del pellejo propio.

 

Si se nos concede la licencia, entramos a estas notas con un testimonio en primera persona sobre cómo logramos dar el salto sobre la barrera hacia el 2012.

 

Del 4 de agosto al 12 de diciembre de 2011, como muchos otros pacientes -no todos, por desgracia, superaron la prueba- experimentamos la inminencia del √ļltimo adi√≥s como consecuencia de un accidente cardiovascular que nos remiti√≥ en la primera fecha al Hospital de Cardiolog√≠a del Centro M√©dico Nacional Siglo XXI del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

 

De entrada, vale expresar el reconocimiento y agradecimiento a peritos cirujanos -tender cuatro puentes para reactivar el funcionamiento de un oxidado sistema cardiaco, no es enchílame otras-, médicos residentes en las áreas de coronarias, sala de cirugía, terapia intensiva, piso y rehabilitación, y personal de enfermería del establecimiento hospitalario, que conspiraron noblemente para lograr nuestra supervivencia después de un artero ataque al Plexo solar.

IMSS: No se deja defender

Parece, literalmente, una fatalidad, que lo que construye en la ma√Īana el √°rea hospitalaria del IMSS, lo destruye en la tarde la ventanilla farmac√©utica (la ciencia saboteada por la burocracia). Despu√©s de que, hasta hace todav√≠a unos meses, en cada unidad m√©dica familiar se exhib√≠a un reporte del por ciento de recetas surtidas (hasta m√°s de 90 por ciento), ahora lo que se exhiben son extensas listas de medicamentos no disponibles; carencia que obliga a miles pacientes, la gran mayor√≠a de la tercera edad, a interrumpir el tratamiento recomendado por los facultativos despu√©s de graves diagn√≥sticos o en periodo postoperatorio. Como experiencia personal, despu√©s de un exitoso¬† proceso de revascularizaci√≥n, que ha significado m√°s de cinco meses de convalecencia, nos hemos quedado colgados de la brocha por la falta de los medicamentos prescritos para evitar una nueva crisis. A fin de cuentas, no es un caso personal: A ma√Īana, tarde y noche, largas. y para algunos dolorosas, colas esperan que despu√©s de una, dos, tres, cuatro, ocho, diez, vueltas a la farmacia, el requerimiento sea satisfecho. No ocurre. No es asunto personal. El pasado 8 de enero, Televisa-Monterrey estuvo recibiendo y divulgando incesantes quejas de afiliados y derecho-habientes que durante semanas han esperado recibir su medicina. Lo peor es que, en la unidad familiar 28 (Mancera y San Borja) de la ciudad de M√©xico, es imposible ser escuchado. La administraci√≥n est√° abandonada y la direcci√≥n ac√©fala. El suplente, se dice que m√©dico, Ernesto Romero se encierra a piedra y lodo para no ser molestado. La jefatura m√©dica no cambia la receta por un equivalente disponible y el m√©dico familiar permanece en eternas vacaciones. Qu√© le vamos a hacer. Y Calder√≥n presume de la cobertura universal en salud. (AGI)

Un dato, que nos parece veros√≠mil, impulsa doblemente nuestro sentimiento de gratitud: Seg√ļn nos enteramos durante nuestra estad√≠a en convalecencia, desde el asalto por la tecnoburocracia a la direcci√≥n general del IMSS existe una recomendaci√≥n no escrita para darles avi√≥n a pacientes mayores de 70 a√Īos: Su edad incrementa el riesgo de muerte; intervenci√≥n quir√ļrgica de alta tecnolog√≠a, tiempo de hospitalizaci√≥n y medicamentaci√≥n permanente, adem√°s de su condici√≥n de pensionados -en muchos casos ya ‚Äúimproductiva‚ÄĚ-, significa un alto costo para las finanzas del instituto.

 

Que, contra ese helado criterio gerencial, se imponga la responsabilidad científica y, sobre todo, la vocación humanista de la mayor parte del personal médico de la institución, acredita el sentido revolucionario y solidario que inspiró a sus fundadores y, en general, a sus más eficientes administradores. Que los ha habido.

 

Cuando la actual tendencia de los gobiernos neoliberales del Primer Mundo y de algunos de pa√≠ses perif√©ricos, como el de M√©xico -que piensan primero en el negocio por encima de la persona humana- va en la direcci√≥n de restringir o suprimir los sistemas de Seguridad Social para hacer rentables las econom√≠as estatales, resulta imperativo defender una instituci√≥n que, como el IMSS, es la √ļnica opci√≥n para millones de familias que no est√°n en¬† aptitud de financiar la onerosa medicina privada.

3RAABRAHAM

Hacerlo, implica tener presente el acelerado e indignante proceso de corrupci√≥n en que los gobiernos de la alternancia azul han hundido el r√©gimen pol√≠tico mexicano. S√≥lo durante la administraci√≥n calderoniana, seg√ļn el √ćndice Mundial de la Corrupci√≥n, M√©xico ha ca√≠do del lugar 72 al 100 entre los pa√≠ses monitoreados, con una calificaci√≥n de 3 en la escala de diez puntos. Dicho lo cual‚Ķ

 

De poder a poder: El

recurso del chisme

Desde el cen√°culo de su desesperante y desesperada soledad, el presidente designado Felipe Calder√≥n Hinojosa suele activar su tronera visceral contra quienes no se alinean al criterio gubernamental, sin consideraciones a la jerarqu√≠a ciudadana y, lo que es peor, a la paridad entre los poderes p√ļblicos reconocidos por la Constituci√≥n.

 

Entre los temas m√°s recurrentes del debate p√ļblico, los de la conducci√≥n econ√≥mica y la comandancia de la guerra contra el crimen organizado son objeto de cr√≠tica permanente de voces autorizadas que act√ļan en los recintos legislativos, en los partidos pol√≠ticos, en el movimiento social, en la Academia o en los observatorios ciudadanos. En el abusivo ejercicio de la reacci√≥n inmediata, de manera irreflexiva el Presidente mismo o al trav√©s de sus colaboradores responde a la ligera a los planteamientos que no encajan en los esquemas del discurso oficial.

 

Rota la comunicación política y sin una eficaz estrategia de comunicación social, generalmente las respuestas de la Presidencia a todo cuestionamiento revelan un talante autoritario que se funda en el viejo y antidemocrático supuesto de que el jefe siempre tiene la razón… y más cuando no la tiene. Esta actitud intolerante ha enervado particularmente las relaciones entre el Poder Ejecutivo y los poderes Legislativo y Judicial, blancos de ataque sistemático porque el segundo no produce las leyes que quisiera el mandatario o porque el tercero no los aplica en los términos que pretendería el ocupante de Los Pinos.

 

Por lo menos desde 2008, ante al fracaso de la guerra contra el narco, el Presidente ha acusado, sin mencionarlos por su nombre ni llevar el caso a instancias de competencia, a integrantes del Poder Judicial de la Federación que presuntamente se coluden o deciden sus sentencias en connivencia con los transgresores de la ley.

 

Inexistentes, registros de

la ‚Äúinformaci√≥n‚ÄĚ de FCH

 

‚ÄúHe sabido -ha dicho p√ļblicamente el michoacano- de jueces que han recibido dinero, que dialogan con criminales y que liberan a criminales‚Ķ pero mientras no tenga alguna prueba, o la procuradora no la tenga, ese juez es juez, y ese ciudadano es ciudadano y, adem√°s, es inocente‚ÄĚ. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n han pedido elementos de prueba para proceder en consecuencia y han tenido la callada por respuesta.¬† Sin embargo, el michoacano ha insistido: ‚ÄúS√≠. Ya s√© -perd√≥nenme la expresi√≥n- la cantaleta de los jueces. Pero yo se que est√°n en la n√≥mina. Yo se cuanto reciben‚ÄĚ.

Un ciudadano requiri√≥ a la Presidencia de la Rep√ļblica datos probatorios de lo dicho por el jefe del Ejecutivo. La gesti√≥n dio pie a la causa 5182/11 en la que intervino el Instituto Federal de Acceso a la Informaci√≥n y Protecci√≥n de Datos (IFAI). La respuesta de la Oficina de Presidencia fue que el mandatario accede a fuentes ‚Äúde informaci√≥n‚ÄĚ de las cuales no se guarda registro documental. Y, como si fuera una excusa v√°lida, la oficina alega que las declaraciones del Presidente no forman parte de un proceso penal, pero porf√≠a: ‚ÄúLa inexistencia de registro, no implica que no exista sustento‚Äú en los dichos presidenciales.

El remate del alegato de Los Pinos no tiene desperdicio: Pone de parapeto la Libertad de Expresi√≥n. Si una persona del llano -un periodista, por ejemplo-, escud√°ndose en la Libertad de Expresi√≥n emitiera el tipo de acusaciones que lanza el Presidente, no escapar√≠a de la acci√≥n judicial por calumnias. Pero, seg√ļn lo referido, el jefe del Ejecutivo est√° exento de probar sus dichos. Guante blanco del ministro Silva M. Con independencia de cualquier lectura capciosa de ese penoso antecedente, podemos sostener que la Suprema Corte de Justicia de la Naci√≥n demuestra una voluntad conciliatoria en nombre de la sociedad, la institucionalidad y la democracia. Haciendo abstracci√≥n de los ataques a jueces y magistrados, en su reciente informe el ministro presidente del tribunal supremo, Juan N. Silva Meza, ha respondido con guante blanco, si bien plantea el imperativo de moderar el poder. No escapa a la serena visi√≥n del ministro presidente Silva Meza la gravedad del entorno que rodea el inicio de 2012: Todos sabemos, previno, que ser√° un a√Īo complejo que requiere de patriotismo y lealtad de las instituciones. ‚ÄúLa sociedad debe tener plena confianza en que la parte del proceso electoral que descansa en el Poder Judicial de la Federaci√≥n, se atender√° con diligencia por instituciones preparadas, apegadas a la ley y a la Constituci√≥n‚ÄĚ.

No es ocioso invocar la plena confianza de la sociedad en trance como el de la sucesi√≥n presidencial de 2012, porque, precisamente, de confianza es el d√©ficit de que est√°n adoleciendo los trabajos organizativos de las elecciones generales de este a√Īo, despu√©s de la aciaga experiencia de 2006. Somos, expres√≥ Silva Meza, juzgadores de la democracia: ‚ÄúAsumir nuestro trabajo desde la perspectiva republicana significa precisar que lo importante es fortalecer el Estado; que esa tarea nos supera, es m√°s grande que cualquiera de nosotros. Las instituciones, no las personas, son las que sostienen al pa√≠s. La obra mayor de un servidor p√ļblico en cualquier poder, en cualquier nivel de gobierno; su verdadero legado, es la contribuci√≥n que hace para fortalecer la viabilidad y la continuidad de las instituciones‚ÄĚ. ¬ŅDeclaraci√≥n de principios o un compromiso mayor? En un clima generalizado de suspicacia, de escepticismo, de pesimismo, como el que respira la comunidad nacional, no deja de ser alentador que al menos uno de los poderes de la Uni√≥n lance un mensaje que debe ser, m√°s que una mera declaraci√≥n de principios, un compromiso pol√≠tico de envergadura mayor. Despu√©s de todo, al Poder Judicial de la Federaci√≥n pertenece el Tribunal Electoral en el que radica las facultades de analizar los resultados de las elecciones de Presidente de la Rep√ļblica y la de calificar su validez. No satisfizo su actuaci√≥n en 2006.

Si el buen juez por su casa empieza, la apuesta es porque satisfaga su actuaci√≥n en 2012. Obviamente, en materia de legalidad y constitucionalidad, una cosa es el buen decir y otra cosa el deber ser. De buenas intenciones est√°n empedrados los caminos al infierno. Aqu√≠ nos referimos en n√ļmero pasado de Voces del Periodista a la contracultura jur√≠dica que priva en M√©xico. En el informe del ministro presidente Silva Meza aparece un dato que al informante le parece preocupante y a nosotros nos parece espeluznante: De noviembre de 2010 a diciembre de 2011 ingresaron cinco mil 177 casos y egresaron cinco mil 121. De la estad√≠stica procesada, 31 por ciento de los casos corresponde a incidentes de inejecuci√≥n derivados de incumplimiento de las sentencias de amparo por las autoridades responsables. En t√©rminos llanos, se est√° hablando de desacato. Por desacato, buceado selectivamente, se promovi√≥ en 2005 el desafuero como jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andr√©s Manuel L√≥pez Obrador, para tratar de impedir su candidatura a la Presidencia de M√©xico.

Es necesario fortalecer o, en su caso, reconducir -conmina el presidente de la Corte- la cultura de cumplimiento de las autoridades, pues para exigir el respeto a la ley debe predicarse con el ejemplo: Nosotros seguiremos trabajando con rigor estricto para obtener su cumplimiento. Mil 600 pruebas de impunidad p√ļblica Si son, tan solo en un a√Īo, m√°s de mil 600 las sentencias de amparo incumplidas, m√≠nimo existen mil 600 autoridades responsables de ese monstruoso desprop√≥sito. Son mil 600 pruebas de que, en las estructuras gubernamentales, existen francotiradores que se resisten a contribuir al fortalecimiento de la viabilidad y la continuidad de las instituciones. Decirlo no tiene sentido, si no se asumen ¬°pero ya! acciones ejemplarizantes. De otro modo, el propio Poder Judicial de la Federaci√≥n continuar√° permitiendo que la cultura de la impunidad cree estado. Y seguiremos d√°ndole vueltas a la noria de la hipocres√≠a y, al final, el dura lex lo seguir√° siendo s√≥lo para los pobres.

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