EDITORIAL
O todos coludos
o todos rabones
UNA VEZ QUE EL PRESIDENTE Felipe Calderón ha establecido -el foro de consejeros de Banamex no fue casual, pero tampoco único- que la contienda presidencial ha de polarizarse entre el priista Enrique Peña Nieto y la panista Josefina Vázquez Mota, excluyendo tácitamente a Andrés Manuel López Obrador, el aparato estatal y sus bocas de ganso, locales y foráneos, han profundizado su estrategia para mojarle la pólvora al Partido Revolucionario Institucional (PRI), retomando la ofensiva que señala al tricolor como culpable de la situación de violencia que impera en México por la protección que a los cárteles de la droga brindaron o brindan sus gobernantes.
El relanzamiento de la campaña contra el PRI la inició en febrero en forma de suyo enredosa la Procuraduría General de la República con una alerta migratoria en contra de los ex gobernadores de Tamaulipas Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington Ruvalcaba y Eugenio Hernández Flores, a quienes relacionó con el cártel del Golfo. En los primeros días de marzo, las baterías se enfocaron expresamente sobre Yarrington Ruvalcaba a partir de indagatorias atribuidas a fiscales texanos que lo vincularían con el capo Osiel Cárdenas Guillén, indiciado en los Estados Unidos.
En el caso específico, según versiones reproducidas en México, la implicación de Yarrington Ruvalcaba derivaría de reportes de la Agencia Antinarcóticos (DEA) de los Estados Unidos, fundadas en testimonios de testigos protegidos. Es el mismo método aplicado por la PGR en los casos de Cavazos Lerma y Hernández Flores. Sin respuesta hasta el momento ha quedado la reacción de legisladores priistas que demandaron a su vez la investigación a los ex gobernadores panistas de Baja California, Ernesto Ruffo y Eugenio Elorduy, por causa similar a la esgrimida contra priistas.
Desde luego, corresponde a la defensa legal de los presuntos implicados -expuestos antes que a instancias judiciales al tribunal mediático- actuar en consecuencia. Lo que llama la atención, es la precisión casi quirúrgica con la que se procede a seleccionar los sujetos de la tentativa de acción judicial: Cuadros políticos medios del PRI.
En 2001, en entrevista para un canal televisivo de Texas, el célebre ex comandante judicial Guillermo González Calderoni reveló que los servicios del jefe del cártel del Golfo, Juan García Ábrego fueron requeridos en 1988 por Carlos Salinas de Gortari para eliminar a los estrategas electorales de Cuauhtémoc Cárdenas, Francisco Xavier Obando y Román Gil Hernández. A cambio, se le habría ofrecido a García Ábrego libertad de acción en territorios bajo su dominio. Tiempo después, el capo sinaloense Miguel Ángel Félix Gallardo aseguró que González Calderoni era el encargado de distribuir las zonas de operación de los cárteles. Todavía hace ruido la declaración que a la conductora Carmen Aristegui hizo el expresidentes Miguel de la Madrid, denunciando ligas de Salinas de Gortari con el narcotráfico.
Entre militares hace años sometidos a sanción por la Secretaría de la Defensa Nacional, se haya el nombre de un general recientemente fallecido que relacionó a la familia política de Ernesto Zedillo Ponce de León con la conexión Colima de cárteles del Pacífico.
En el caso de Vicente Fox, es recurrente la especie de que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, después de su sospechosa fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001, fue erigido en El capo del sexenio, sitial en el que aún permanece a pesar del reciente desliz de la señora Janet Napolitano, quien lo habría condenado al mismo final que el de Osama Bin Laden.
Sorprende, pues, que el aparato de procuración de justicia del actual gobierno no haya levantado la mira para echar luz sobre esas versiones, a fin de poner el tema y sus protagonistas en su estricta dimensión. O todos coludos o todos rabones.
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