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Edición 279

VOCES DEL DIRECTOR
MOURIS SALLOUM GEORGE

La dictadura de la encuestitis

NO ES, COMO MUCHOS despectivamente desearían, que los mexicanos tengan memoria flaca. Lo que sucede es que, a fuerza de dar coces al aguijón, la mayoría termina por asumir su impotencia ante la soberbia del poder, y del tal estado sicológico pasa a la negación o a la transa.

Voces del Periodista

Al menos los especialistas en la materia recuerdan, y han sustanciado este ejercicio en algunas investigaciones llevadas a la divulgaci√≥n editorial, que entre las consideraciones que hicieron los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federaci√≥n (Trife), al dictaminar por unanimidad la elecci√≥n presidencial de 2006, est√° aquella que estableci√≥ t√°citamente que la intromisi√≥n de Vicente Fox en la campa√Īa, pudo ser causal de nulidad de los resultados.

Con el lenguaje jesuítico propio de juristas gelatinosos, el texto del dictamen-sentencia afirma en algunas de sus líneas, que las acciones de Fox “constituyeron un riesgo para la validez de los comicios, pero no fueron consideradas determinantes porque su influencia fue atenuada y no se probó la concurrencia de otras irregularidades. (sic). Con ese sí, pero no, la transgresión presidencial a la norma, salvo la impunidad, no tuvo mayores consecuencias jurídicas.

Tiempo después, el entonces presidente del Trife, ya con nueva prebenda burocrática, Leonel Castillo González, en conferencia académica defendió la facultad de interpretación de la ley por el juzgador, supliendo éste la deficiencia o la insuficiencia del texto de la legislación. Lo que los expertos cuestionan, no es la facultad per se, sino el sentido que se le dé a dicha facultad.

El sentido que los magistrados unanimistas le dieron a su facultad, en ese caso, fue la declaraci√≥n de Presidente electo a favor de Felipe Calder√≥n Hinojosa, que casi seis a√Īos despu√©s no ha podido sacudirse el estigma de su designaci√≥n, por muchos tipificada como ileg√≠tima. Seg√ļn algunos estudios de opini√≥n, m√°s del 30 por ciento de los mexicanos.

Para que consejeros y magistrados electorales vuelvan a tropezarse con la misma piedra, el usufructuario de la decisión de 2006, Calderón Hinojosa, al parecer seguro de que vale más pedir perdón que pedir permiso, está asumiendo la misma actitud que Vicente Fox y, de palabra y de obra, ha venido infringiendo la Constitución, el Código Electoral y cuanto manual se le ocurre al Instituto Federal Electoral, para procurar compulsivamente la permanencia de su partido en Los Pinos.

Para no ir m√°s lejos, hace apenas unos d√≠as los consejeros del IFE resolvieron un recurso interpuesto contra Calder√≥n Hinojosa por la tendenciosa difusi√≥n de los resultados de una encuesta en la que se ‚Äúda por muerto‚ÄĚ al candidato presidencial de las izquierdas, y se posiciona a la contendiente del PAN a unos cuantos puntos porcentuales (cuatro) del aspirante puntero del PRI-PVEM. Ob-via-men-te, sin siquiera ponderar la calidad √©tica y t√©cnica de la agencia ‚Äúencuestadora‚ÄĚ, el IFE exoner√≥ al michoacano, para dejarlo en aptitud de seguir abusando de su inmunidad. Dicho sea de paso, no puede hacer juicios de valor sobre la √©tica alguien que carece de ella. Con aqu√©l m√©todo tan rudimentario, la diferencia entre el candidato l√≠der y su seguidora, se disuelve simplemente aplicando el margen de error que generalmente se autoconceden las encuestadora, entre el tres y el cinco por ciento. ¬°Qu√© tal! La verosimilitud artificial sobre la verdad.

Con ese expediente en mano, una firma que oper√≥ encuestas en 2006, ob-via-men-te en favor del actual mandatario -que favoreci√≥ con cargos p√ļblicos a socios y ejecutivos de dicha empresa-, reapareci√≥ recientemente, disparando a mansalva resultados diarios en los que, para mojarle medi√°ticamente la p√≥lvora al candidato de las izquierdas, solamente expone las siglas de un partido, omitiendo a dos de los que lo nominaron. Colocado as√≠ el tablero, ob-via-men-te, dicho aspirante debiera abandonar la jugada, pues su conteo apenas si alcanzar√≠a para que el partido tomado en cuenta (y no los otros dos), pueda conservar el registro.

El cuadro pintado por la mayor√≠a de las encuestadoras, es para concluir que carece de objeto la enorme y costosa movilizaci√≥n del aparato burocr√°tico para realizar las elecciones, dado que, puesto el candidato puntero en la tesitura de ser rebasado, est√° ya resuelta la permanencia transexenal del partido que nominalmente ocupa la presidencia de la Rep√ļblica.

Decirlo as√≠ resulta f√°cil. Pero aun aquellos -algunos-, ‚Äúl√≠deres de opini√≥n‚ÄĚ que no se distinguen precisamente por su actitud disidente, empiezan a exhibir cierto pudor y han empezado a cuestionar la sujeci√≥n de las campa√Īas, partidos y candidatos, a la ley del hierro de la encuestitis. Si con el 000 000.1 por ciento de personas empadronadas y supuestamente consultadas, se puede dar por resuelto previamente un proceso constitucional, ¬Ņa qu√© exponer a la poblaci√≥n en una elecciones de resultados prefabricados, que pueden ser rechazados por la v√≠a violenta?

Toda democracia implica riesgos y costos. Pero renunciar voluntariamente a la función estatal que se juró cumplir bajo los principios rectores de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, no sólo significa un acto de irresponsabilidad: Constituye, por donde quiera que se le vea, un crimen de lesa gobernabilidad. En las actuales aciagas circunstancias, éste es un costo que la sociedad no puede darse el lujo de pagar.



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