PAPELES AL VIENTO
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
Paquita la del Barrio y el
ciudadano desechable
Tres veces te engañé:
La primera por coraje: Para julio de 1988, el presidente del PRI, Jorge de la Vega Domínguez, le ofreció a Carlos Salinas de Gortari 20 millones de votos (Ja ja ja). La cifra quedó en nueve millones 687 mil 926. Cuando la noche del 6 de julio el sistema de cómputo empezó a registrar la marea roja en favor de Cuauhtémoc Cárdenas, en Bucareli, Insurgente y Los Pinos se produjo un terremoto político, según confesaría después el ex presidente Miguel de la Madrid. Fue cuando el famoso sistema “se cayó”.
Paquita la del Barrio
La obsolescente Comisión Federal Electoral y los colegios electorales de la Cámara de Diputados emprendieron una tarea titánicamente sucia para armarle un uno por ciento a Salinas de Gortari, de suerte que la votación por la oposición quedara en 49 por ciento. A esa operación, el constitucionalista y diputado electo priista don Antonio Martínez Báez la tipificó entonces como un golpe de Estado técnico. Con el “consenso” del PAN se consumó la primera usurpación.
La segunda por capricho: “Haiga sido como haiga sido”, dijo el usufructuario del 0.56 por ciento en 2006. El consejero presidente del Instituto Federal Electoral, Luis Carlos Ugalde, bajo el síndrome de algoritmo, hizo una ronda nocturna por los sets televisivos y las cabinas de radio para cargar de confusión la atmósfera computativa. Los unanimistas siete magníficos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encargaron de hacer el resto. Éstos dictaminaron que Vicente Fox contaminó y puso en riesgo la elección presidencial. Fue éste quien, en la tétrica noche del 30 de noviembre de 2006, ungió al presidente designado. ¡Y qué!
Después de dos años, los propios magistrados cayeron en cuenta que los delincuentes electorales de cuello blanco del Consejo Coordinador Empresarial sí habían transgredido el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. ¡Y qué! La segunda usurpación hundió a la República en sangre e ingobernabilidad. Los narcos emplazan: “Plata o plomo”. Ahora, los plutócratas se siguen llevando el oro, los olímpicos mexicanos la plata, y ya hay quienes proponen medalla de plomo para Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa.
¿La tercera por placer? Antes, durante y después, los nueve magníficos del IFE (y ya son 16), con sus cajas de resonancia en el Trife, han enseñado el cobre con su constitucional e impoluta imparcialidad. Las armas legaloides están de nuevo a punto de cubrirse de gloria. Y nos despedimos de Lupita la del Barrio antes de que nos aseste: Rata de dos patas.
Derecho y ¡Lástima, Margarito”.
En el Canal del Poder Judicial de la Federación (refundido en el 638 de Sky) hemos pretendido seguir -no sin nauseas-, un panel que propone el tema de Ética judicial. Participa el ministro ex presidente de la Corte Mariano Azuela Güitrón que empieza por sentenciar bíblicamente: No juzguéis y no serás juzgado; no condenéis y no serán condenado (¿?). Es el mismo que hace siete años, como presidente del máximo tribunal, se reunía con Vicente Fox para disfrutar de un desayuno cuyo plato fuerte era el desafuero. (Todavía no se da salida legal al asunto de El Encino). Los panelistas son ministros, algunos anatocistas (partidarios de la usura bancaria), y un miembro panista del Consejo de la Judicatura Federal, quien se dirige a sus interlocutores como Caballeros de la Justicia (sic). La “ética” huye entre un interminable repaso de anécdotas personales que los togados casi convierten en jurisprudencia.
Ministro Mariano Azuela.
Pero ahí mismo, en dicho canal, en otra barra de análisis, hemos escuchado a serios magistrados que, sin pelos en la lengua y con base en estudios comparativos, aseguran que el Derecho mexicano está a años luz de los avances en sistemas judiciales de otros Estados. Un segundo afirma que la confianza en la justicia mexicana se estrella para los pobres en un ¡Lástima, Margarita!, en alusión a una vieja parodia televisiva en la que, cuando el humilde y esperanzado concursante estaba a punto de llegar a la apetecida bolsa final, se le bajaban las pilas con dicha criminal frase.
El ciudadano inexistente
No se trata del célebre Kane, que sí existe en el celuloide. Es el votante mexicano que, una vez requerido para que sufrague en secreto -las boletas electorales solicitadas por un impugnador para acreditar el fraude electoral, dicen los de la judicatura, no son (materia) documentos probatorios de nada-, después de la jornada electoral se convierte de inmediato en un ser etéreo, al que no se le pueden reconocer derechos de ciudadano. Sí: “eso dice la norma”, según la coartada jurídica.
Los recursos de inconformidad o de impugnación electorales no son acreditables al mexicano común: Pertenecen al monopolio de la partidocracia. “Son improcedentes” y hasta “notoriamente” improcedentes cuando Juan pueblo los promueve. Son, por ley, dicen los inatacables, concesión patrimonialista a partidos y candidatos. Dejemos al menos constancia -replica otros de esos magistrados-, de que la causa invocada es justa, aunque el legislador discrimine al iluso que la invoca.
Magistrado Luna Ramos
Los magistrados electorales federales sí saben cómo hacerla y saben como ocupar su tiempo: Si el PAN de Jalisco, por ejemplo, presenta fotografía y acta circunstanciada de la violación a la norma cuando el PRI pone propaganda en “un accidente geográfico” prohibido, pues hay que darle para atrás. ¡Qué temazo! Y llega otro expediente, y otro, y otro, y los jueces ponentes se queman las pestañas buscando evasivas en montañas de literatura jurídica.
El IFE blasona del uso de una tecnología de punta en sus sistemas, a prueba de hackers. Así presentó, por ejemplo, el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). El propio Poder Judicial de la Federación asombra con sus sistemas digitalizados y por ahí andan los ministros con sus laptops, como niños con zapatos nuevos. Pero, ¿sabe usted por qué se declaran improcedentes algunos recursos? Porque la documentación que se hace llegar por la Internet a las salas del Tribunal Electoral “no contiene la firma autógrafa del promovente”. Esto es inadmisible, un atentado contra el procedimiento, un crimen de lesa legalidad: “Es notoriamente improcedente”. ¡Hágame usted -dice Catón- el refrabon cavor!
Adictos al ejercicio memorioso, vemos de nuevo fotografías de los unánimes perros guardianes de la Constitución y del código electoral que actuaron en 2006 y dijeron que Fox se constituyó en un riesgo para la elección presidencial (“pero el Presidente no es imputable”) y concluyeron que los del Consejo Coordinador Empresarial operaron en esa ocasión como delincuentes electorales. Entre los unánimes aparece el magistrado Alejandro Luna Ramos. Con sus mismas barbas y con estropajosa dicción al estilo del difunto Fidel Velázquez -quien después de cada declaración aclaraba que no había dicho lo que los medios decían que dijo-, aparece ahora en las pantallas televisivas ostentando el título de magistrado presidente y participando en votaciones, para no variar, unánimes.
¿Por qué cree usted que el pasado 1 de julio se abstuvieron de asistir a las urnas casi 30 millones de mexicanos con derechos electorales a salvo? ¿Por qué al candidato “mayoritario” más 60 por ciento de los votantes le negó el sufragio? Y a esto le llaman democracia.
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