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Edición 295

PAPELES AL VIENTO
ABRAHAM GARCÍA IBARRA
(Exclusivo para Voces del Periodista)


Los 16 falsos

impolutos

En ocasión de la presentación del Código de Ética para el personal del Poder Judicial de la Federación (PJF) comentamos el acierto de ese lance purificador, habida cuenta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación era, per se, una dictadura togada, en cuyo caso cabía la sentencia popular de que “el buen juez por su casa empieza”.


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El jardín de las vírgenes

Dijimos entonces que dicho código reforzaba la exigencia constitucional para ser ministro de la Corte, a saber: Gozar de buena reputación y haber servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de la justicia o haberse distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica; si bien observamos cierto aligerado desliz de algunos de esos jueces supremos que, después de haber renegociado pendientes con la banca comercial, institucionalizaron  la usura bancaria (el eufemismo dice anatocismo)  contra deudores con debilitada capacidad de defensa.

Recientemente, con testimonios de Carlos Ahumada Kurts (Derecho de réplica), nos referimos a cómo el magistrado electoral Alejandro Luna Ramos le pidió a ese personaje su intercesión ante Diego Fernández de Cevallos para que éste destrabara en el Senado de la República el nombramiento como ministra de Margarita Luna Ramos, hermana de dicho inescrupuloso gestor.

Recordamos esos antecedentes por cuatro razones: 1) la reciente designación de dos nuevos ministros de la Corte en un procedimiento senatorial que no rechinó precisamente de limpio, 2) la propia Constitución señala que los requisitos para ser magistrado electoral no podrán ser menores que los exigidos para ser ministro de la Corte, 3) la próxima renovación de los magistrados electorales en las salas regionales, y 4) a la vista de la cuestionada reciente actuación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la designación de Presidente de la República (hubo huevazos contra el recinto de la institución), un insinuante spot del Tribunal Electoral del Distrito Federal en el que éste blasona de que en la Ciudad de México “resolvemos los conflictos electorales de manera diferente; somos independientes, respetamos la ley” (¿?).

María del Carmen Alanís

No pasamos por alto que, en la perspectiva de las elecciones generales de 2006, se ventilaron públicamente penosos disensos entre los magistrados electorales federales y su presidente, por el uso abusivo de este encargo en la colocación de recomendados en las salas regionales y otras cuestiones de orden administrativo.

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María del Cármen Alanís

Entre los siete actuales magistrados electorales ocupa un sillón María del Carmen Alanís Figueroa, se afirma que gracias al tráfico de influencias amistosas de alto nivel y sumisiones parlamentarias en San Lázaro.  Ocupó la presidencia del Tribunal de 2007 a 2011 con un desempeño controvertido en su calidad de magistrada ponente, por su presunta parcialidad en favor de un precandidato presidencial.

La magistrada Alanís Figueroa pasó tortuosamente por el Instituto Federal Electoral como consejera suplente y, a la vez, como directora Ejecutiva de Capacitación y Educación Cívica, y Secretaria Ejecutiva. Para efectos públicos, fue separada de dicho órgano por conflictos personales e institucionales con el consejero presidente Luis Carlos Ugalde, quien celebró su cese sin quedar esclarecidas cabalmente las causas de ese choque de trenes.

Todo por culpa de la pérfida Norma

Los nueve consejeros y los siete magistrados electorales no han pasado ilesos la prueba del ácido de la sucesión presidencial de 2012, pero abundan los spots sobre su maravillosa actuación. Los del IFE hacen acopio de calificaciones domésticas e incluso foráneas favorables, así observadores de la ONU hayan subrayado algunos entredichos sobre su comportamiento.

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Luis Carlos Ugalde

A mayor abundamiento, escudados en los defectos de la norma, tanto consejeros como magistrados allanaron la designación de Presidente de la República, sentenciando los segundos el proceso sin haber sustanciado elementos de juicio sobre denuncias de transgresiones al código electoral y recursos de impugnación, principalmente en materia de financiamiento y rebasamiento de topes en gastos de campaña, que a toro pasado han merecido el nombramiento de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados federal. Si no es una autoridad sancionadora supletoria, ¿de qué servirán sus resultados? ¿O propondrá juicio político contra quien encuentre culpable por omisión o comisión?

Votas y desapareces

Los magistrados electorales se colocaron en la mira de sus detractores porque, puristas en la aplicación del Derecho, lo han negado a votantes que en su condición de ciudadanos, después del l de julio introdujeron ante el Tribunal recursos de inconformidad por equis o zeta infracción, que dichos togados, celosos del texto de la ley, reservan como derechos exclusivos de los partidos políticos, aplicándole al elector común el votas y te borras de la democracia.

Los consejeros del IFE han sido cuestionados, incluso en instancias internacionales, por su sospechosa prisa en la quema de los paquetes electorales de 2012, requeridos por instituciones o personas físicas como materia de investigación profesional en ejercicio del Derecho a la Información. La coartada para la negativa, es el costo de almacenamiento de dicha documentación, olvidando su propio y recurrente argumento de que la democracia cuesta.

Pequeñas pillerías

A propósito de democracia costosa, la semana pasada el pleno del IFE aprobó entusiastamente su exigencia a la Cámara de Diputados de un presupuesto para 2013 -que no es año electoral federal- de 11 mil millones 163 mil pesos. Siete mil 449 millones para sí y tres mil 710 millones para los partidos. Entre el gasto del IFE está la contratación de ooootra credencial de elector, alegando sensacionales hallazgos tecnológicos. La renovación incluye la recientemente renovada credencial con terminación 03.

La Constitución impone que la función electoral estatal se ejerza por principios rectores que subrayan el de la legalidad. El mismo día en que los alegres consejeros aprobaron su demanda de presupuesto para 2013, sin discreción alguna abandonaron la sesión cuando se anunció como punto de la orden del día el reporte de la Contraloría General que pone a flote el discrecional manoseo de recursos en no pocos renglones. A bote pronto aparecen al menos casi 20 millones de pesos desperdigados entre las oficinas centrales y los órganos desconcentrados.

Dice el reporte que, de una muestra de 537 bienes -de un universo de 439 mil- adquiridos por la junta local ejecutiva del Distrito Federal y las distritales, al menos 30 con un valor global de 251 mil pesos, no pudieron ser localizados. Se trata sólo de “una muestra”. Se detectaron asimismo “huecos” en la asignación de 157 plazas, entre la plantilla ocupacional y los montos ejercidos como parte del presupuesto 2011. En 99 por ciento de los expedientes analizados del personal de honorarios sólo en las juntas ejecutivas del Estado de México y el Distrito Federal, se encontró que no fueron integrados con toda la documentación requerida por la normatividad. A qué hablar de pequeñeces como los agandalles en telefonía celular.

Pequeñas magnitudes hacen una gran magnitud. Y esa es la autoridad que castiga a partidos, candidatos y a quien se deje por transgresión a la ley. En buenas manos estamos.

El consejero perfecto

En buenas manos, según el perfil requerido para ser buen consejero electoral, dicho en confesiones libres a revistas del corazón -peaje a la inmortalidad-, indispensables para ser reconocido en el nuevo estatus socioeconómico que nuestros impuestos otorgan, que el académico quedó en el pasado:

“Soy impuntual.

  • No me gustan mis orejas.
  • He trabajado como consejero de José Woldenberg.
  • He estado tan cansado que llego a la cama y caigo muerto en la noche.
  • El miedo más grande que he tenido fue durante momentos de crisis en mi matrimonio.
  • (Mi autobiografía) Historia de un demócrata en una democracia en ciernes”.

Buen consejero electoral, Tacho, buen consejero: Lo que hace grande a un país, es la ramplona  vanidad de su gente.



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