XLII Certámen Nacional

e Internacional de Periodismo 

 Ocuparse de las causas

para no jugar con los efectos

 
Mouris Salloum George
Director General del Club de Periodistas de México
y coordinador del Certámen Nacional de Periodismo

LA CEREMONIA DE ENTREGA de reconocimientos correspondientes a la edición XLII del Certamen Nacional e Internacional de Periodismo, auspiciada por el Club de Periodistas de México y celebrada el 13 de marzo pasado, se dio en un marco de suyo inquietante:

1) el recrudecimiento de la violencia contra medios escritos y electrónicos, particularmente en el norte de México, y

2)  el proceso legislativo tocante a la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones. 

Nos parece ominoso que -año con año- nuestro evento se vea ensombrecido con la suma de nuevas víctimas de la recurrente embestida contra el Derecho a la Información y la Libertad de Expresión, sin que la alternancia partidista en el poder eche luces sobre un bárbaro fenómeno que, no siendo privativo del ámbito informativo, es, sin embargo, tema que tiende a insertarse ya entre meros tópicos cotidianos que registran los medios de comunicación, cuando esos ataques entrañan en el fondo una amenaza a la libre circulación de las ideas. 

No caeremos en la tentación de criminalizar por criminalizar a presuntos culpables intelectuales de esos brutales hechos. Nuestro papel no es de fiscales ni de jueces. Exigimos, sí, desde nuestra condición de representantes de un gremio cada vez más vulnerable y vulnerado, que las instancias legislativas, administrativas y judiciales, que abordan y allanan una Ley de Víctimas de la delincuencia, se ocupen de las causas para no tener que deplorar, un día sí y otro también, sus desgarradores e irreparables efectos. 

Nuestra inquietud no se limita al lamento por esos crímenes sin solución de continuidad. Se extiende al proceso legislativo de reforma a las Telecomunicaciones. No nos pasa por alto que, al menos en el ámbito de la Cámara de origen, ese tema que toca sensiblemente imperativos de la sociedad, de la cultura y del desarrollo democrático, haya tenido como centro de gravedad el aspecto puramente mercantil, en cuyo caso los intereses y las voces que predominan en el debate, no siempre transparente, son las del sector empresarial que detenta concesiones del Estado. 

Es oportuno deslindar -desde nuestro enfoque profesional- lo que gira en torno a la escena estatal, de lo que gravita en torno a la vida pública. Aquélla privilegia la supremacía de los tres poderes reconocidos constitucionalmente. Ésta, la vida pública, comprende a los sin poder y, en no pocos casos, a los sin voz. 

Desde esa óptica, no pretendemos ningún hallazgo si recordamos que los poderes de la Unión ponen en una misma canasta, por ejemplo, el control de las Fuerzas armadas, brazo coactivo del monopolio de fuerza del Estado, y el control de la Información, una de las pocas opciones de los gobernados para orientar y regir su participación en todo sistema medianamente democrático. 

En una década -70/80- el Fondo de Cultura Económica editó en México dos obras iluminantes debidas al reportero y escritor Ben H. Bagdikian,  profesor decano de la Escuela de  Periodismo de la Universidad de California, colaborador del Washington Post y merecedor del Premio Pulitzer. El monopolio de la información, es una de ellas. El título de la a otra habla por si solo: Las máquinas de la información: su repercusión sobre los hombres y los medios informativos.

Puestos ambos títulos sólo como enunciados, nos ilustran, sin embargo, sobre un hecho incontestable: Suponer a los medios de información como cuarto poder resulta, más que una metáfora conceptual, una ilusión. Por nuestra parte, despojados de toda arrogancia, creemos que así debemos asumirlo si a lo que aspiramos es que la información sea servicio a y patrimonio de la sociedad. 

Si así lo entendemos -como debemos entenderlo-, nuestra conclusión es que todo ataque a los periodistas y a los medios de comunicación y contra el potencial liberador del hombre y de la sociedad que contiene el Derecho a la Información, es un crimen de lesa democracia. Impedirlo, más que una exigencia retórica, es una misión respecto de la cual nuestro compromiso es inquebrantable.

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