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Pena de muerte, ¿un mal necesario?
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Edición 308

MICHOACÁN SIN ESTADO DE DERECHO

Pena de muerte, 

¿un mal necesario?

NICOLÁS CRUZ FLORES


AMPLIA POLÉMICA ha despertado en los círculos sociales, políticos, religiosos y en la población en general, el tema de la pena de muerte, la cual ha existido desde tiempos remotos de la humanidad, como forma de reprimir ciertas conductas antisociales.



Algunos países han abolido la pena de muerte. Con el paso del tiempo, la han instaurado nuevamente para recuperar la paz social que se ha visto vulnerada por el crimen organizado y delitos considerados como graves en su sistema jurídico penal.

En México, ¿sería conveniente volver a instaurar la pena de muerte? Más aún: ¿Sería posible nuevamente implementarla sin incumplir los Tratados Internacionales de los que forma parte para la abolición de tal pena? ¿Se justificaría el incumplimiento de los mismos bajo el amparo de ser un asunto de seguridad nacional para preservar el Estado de Derecho, que se está viendo quebrantado por el crimen organizado?

Recordemos que en la Antigua Roma el Perduellio, por traición a la patria, fue el primer delito castigado con la pena de muerte. Los griegos, hebreos, entre otros, también practicaron la pena capital.

En México, los aztecas, con el mismo castigo, sancionaron al que cometía robo, adulterio, homicidio, hechicería. Incluso, la embriaguez fue penada de este modo.

Antes de que la pena de muerte fuera abolida en nuestra Constitución federal, se crearon foros para discutir ampliamente qué tan necesario o innecesario resultaba aplicar la pena capital para aquellos delitos considerados como graves.

Algunos opinaron que la pena de muerte en nada ayudaría a bajar los altos índices delictivos, mucho menos para combatir el crimen organizado, condena que incluso serviría en sinnúmero de casos como forma legal de acabar con algún enemigo, dejando impune estas conductas.

También se argumentó que la pena de muerte atentaba contra la preservación de la vida humana, ya que en nuestro sistema jurídico penal existen muchas injusticias por el alto grado de corrupción que impera en nuestras autoridades responsables de procurar y administrar justicia, lo que a la larga ocasionaría que un inocente injustamente fuera condenado a la pena capital, dejando impune al que verdaderamente hubiera cometido el delito.

Consecuentemente, la pena de muerte en nada ayudaría -dicen los que se oponen a su ejecución- a combatir el crimen organizado, mucho menos a reducir el alto índice delictivo en nuestro país.

Opinión contraria tenían los que estaban a favor de la no abolición de la pena de muerte, ya que refutaban que era necesaria su aplicación porque estaba demostrado que la delincuencia había rebasado a nuestras autoridades de seguridad, procuración y administración de justicia. Bastaba con escuchar las noticias o leer los periódicos para comprobar tal situación.

En México, la paz social, factor determinante para el desarrollo de la sociedad, actualmente ha sido quebrantada por el crimen organizado, infiltrándose principalmente en las altas esferas de las instituciones encargadas de la seguridad, procuración y administración de justicia a tal grado que las están rebasando, como es el caso del estado de Michoacán -por no mencionar otras entidades-, donde imperan los cárteles de la droga.

De no actuar el gobierno federal de manera pronta y eficaz, Michoacán se convertirá en el primer estado gobernado por el narcotráfico.

La situación de Michoacán es preocupante y debe ser considerada de alta prioridad para el gobierno federal, ya que una paz social siempre será garantía para atraer la inversión extranjera, estimulando la confianza y desarrollo de nuestra Nación para una mejor calidad de vida de todos los mexicanos.

Por ello, lamentable resultó lo expresado en días pasados por el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, quien al ser cuestionado por los medios de comunicación al término de una reunión que mantuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de otras personalidades de la políticas de esa entidad, en lo referente a la seguridad que hoy se ha visto amenazada por los cárteles del narcotráfico, minimizo el problema, lo que sin duda no es congruente con el bienestar que dice buscar para todos los michoacanos, aunque la firma del Acuerdo por Michoacán, dijo que es el compromiso de “ir todos juntos y unidos” para lograr el desarrollo de la entidad.

El minimizar la problemática de inseguridad que viven los michoacanos, puede sonar a mentira que en nada favorece al fortalecimiento de un Estado de Derecho, el que debe estar cimentado en la verdad, por dolorosa que ésta sea.

La problemática de inseguridad que hoy vive el estado de Michoacán, se vio más agravada por la prórroga de licencia que le fue autorizada por el Congreso local al gobernador constitucional Fausto Vallejo, y por la renuncia de dos figuras principales de su gabinete, la del procurador general de Justicia del Estado Plácido Torres, quien llegó a ocupar el cargo desde el 15 de febrero de 2012.

Renuncia a la cual se le sumaría la del secretario de Finanzas Carlos Ríos Valencia, quién venía ocupando este encargo desde el pasado 13 de marzo del 2013. Al igual que el ex procurador, dimitió por motivos personales.

¿Sería conveniente y necesario implementar nuevamente la pena de muerte para recuperar la paz social en México?

Habría que preguntarles a los que por causa del crimen organizado han perdido su patrimonio, la libertad de un familiar o la vida de un ser querido, seguramente, ellos tendrán la mejor respuesta.



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