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Edición 341

VOCES 2VOCES 1

 

VOCES 3

 

UNA LARVADA CRISIS DE ESTADO, cuya gestación se hizo visible al paso de las dos recientes presidencias panistas, se está exacerbando a pasos agigantados al disolvente impacto de persistentes signos económicos adversos y un desalentador balance en la estrategia de seguridad pública, que es previsible se potencien con la entrada de un intenso calendario electoral que abarca más de un tercio de los estados de la República y convoca a casi 30 millones de mexicanos.

FRENTE A ESE PELIGRO cierto, las fuerzas beligerantes representadas por los partidos políticos con registro y una legión de francotiradores acogidos ahora a la figura de la candidatura independiente que pretenden el poder el poder mismo, no parecen tomar conciencia de la magnitud del desafío y se resisten a pactar lo que en términos de supervivencia antaño se concebía como “la tregua de Dios”.

En el seno mismo del gabinete presidencial, sin atenderse el imperativo de la unidad de mando, se acometen ya estrategias personales o grupales con vistas a la sucesión de 2018, y en la línea de sálvese quien sea, la mayoría de los trece gobernadores salientes busca a ciegas el modo de cuidar su retirada sin compadecerse de la explosiva situación en que dejan sus entidades.

El escandaloso caso del ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI, Humberto Moreira, con ser representativo de la destructiva subcultura de la corrupción pública, no es, sin embargo una expresión aislada de la descomposición en que se hunde nuestra democracia representativa.

Están en escena política los expedientes de los recientes ex gobernadores de Sonora, Guillermo Padrés, y de Nuevo León, Rodrigo Medina de la Cruz, que se suman a los de los ex mandatarios de Tamaulipas, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández, que andan a salto de mata no por temor a la justicia mexicana, sino por la acción de cortes judiciales extranjeras.

De la misma catadura son los gobernadores en funciones de Veracruz, Javier Duarte y Ochoa, y de Morelos, Graco Ramírez, cuyo estado, si bien no está incluido en el calendario electoral 2016, subvierte la densa atmósfera con su pretensión de nominarse a la candidatura presidencial.

En Puebla, Rafael Moreno Valle ha puesto en rojo los motores en ruta hacia Los Pinos, mientras que en Chihuahua y Oaxaca dos ex presidentes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Luis Barraza y Gerardo Gutiérrez Candiani, respectivamente, echan leña a la hoguera, pretendiendo el poder político estatal para los hombres de negocios.

En ese turbulento y desbordado escenario en que a todos los que se les ocurre jalan agua a sus particulares molinos, se percibe la impotencia para arbitrar la adelantada sucesión presidencial por parte del Instituto Nacional Electoral (INE) y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), legal y humanamente impedidos para aplicar acciones cautelares a fin de impedir que el conflicto se salga de madre.

Para ilustrar la vocación transgresora de la norma legal, baste el más reciente reporte del propio TEPJF que da cuenta del despacho más de 20 mil litigios sentenciados sólo en 2015, lo que revela la incesante y deliberada desnaturalización de la lucha los contrarios en México.

Lo que nos indica ese sombrío cuadro, es que los beligerantes electorales no parecen estar conscientes de su responsabilidad individual frente a la recurrencia de la violencia criminal en más de la mitad del territorio nacional y de cara a una crisis económica sin solución de continuidad que agota todos los mecanismos de compensación social que atempere la creciente resistencia popular, ahí donde no logran aterrizar las promesas de las reformas transformadoras y las vías de interlocución se han oxidado y atrofiado.

Es convicción generalizada que no todas las fuerzas representativas de la sociedad mexicana se tragaron las ruedas de molino del Pacto por México, lo que no obsta, sin embargo, para que el régimen convoque a un verdadero acuerdo institucional de salvación nacional que privilegie las coincidencias esenciales que unan, y al menos posponga el estallido de las diferencias que alimentan el desencuentro.
Mejor, dice la sabiduría, un mal arreglo que un buen pleito. Del estadista es ver que las causas tengan cauce, porque el espontaneismo de las masas suele desembocar en tentaciones fascistas cuyo fin último es no dejar piedra sobre piedra del cuerpo institucional que ahora sólo ha servido para nadar de muertito.

 

VOCES 4

 

La agenda pública está reorientándose hacia la inmediatez de la próxima visita del papa Francisco a México. Pero aún la presencia pastoral sirve a no pocos enclaves religiosos que suelen apelar a ese recurso para poner en la orden del día resabios de luchas que en el pasado profundizaron la división del pueblo mexicano y desgarraron la República.

De misericordia, dicen los organizadores del viaje pontificio, es el mensaje del dignatario romano. Pero no es compasión la virtud que la Nación reclama para su reconstrucción con dignidad. La esperanza popular y la confianza colectiva son atributos terrenales que sólo el Estado laico puede auspiciar para exorcizar la crisis humanitaria, si quien lo conduce tiene elementales nociones de la Historia de México y del mundo.

Algo, sin embargo, conspira contra la fe y, por supuesto, la esperanza de los mexicanos. El pasado 19 de enero, el presidente Enrique Peña Nieto entregó la antes honrosa y honrada Orden Mexicana del Águila Azteca, al rey saudí Salman bin Abdelaziz Al-Saud.

¿Por qué al rey de Arabia Saudita, si es fama pública mundial su condición de chacal, patrocinador financiero del terrorismo internacional, en cuyo feudo se decapitan por racimos a los presos políticos, obviamente sin pasarlos por el debido proceso? Sólo que sea por eso.

Si en el huerto ajeno la violación de los Derechos Humanos es condecorada con dorada presea, imposible esperar que se respeten en nuestra atribulada Patria.

 

ESQUE 1



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