“POR AQUÍ PASO EL Atila tabasqueño”, es la leyenda que jóvenes creadores del estado de Morelos grabarán en una placa que planean colocar a la vera de la autopista México-Cuernavaca, en los límites entre la Ciudad de México y la sureña entidad.
DICHA placa tratará de significar un memorial de las fechorías perpetradas por el gobernador de la entidad Graco Ramírez Garrido Abreu quien, en menos de cuatro años de su mandato, ha superado los límites de violencia institucional atribuida a sus antecesores.
La madrugada entre el sábado 25 y el domingo 26 de junio, el terror tuvo su cita a la entrada de Cuernavaca cuando un comando a bordo de un vehículo con placas del Distrito Federal atacó el autobús en el que viajaban hacia la capital del país los padres de Los 43 de Ayotzinapa para participar en la 21 jornada en busca de sus hijos y de justicia.
No obstante las voces de auxilio y llamadas por celular, los viajeros no recibieron atención de Seguridad Pública y, sin más armas que el arrojo personal bajaron de su unidad e hicieron huir a sus atacantes.
Amasando engrudo
Como mero incidente, calificaron después las autoridades del estado que, de otro lado, siguen amasando engrudo en el caso del cementerio clandestino de Graco en Telelcingo, municipio de Cuautla, donde no concluye aún el macabro espectáculo de exhumación de cadáveres que en el último corte sumaban 119.
Simulando preocupación sobre el asunto, el fiscal estatal Javier Pérez Durón trató de encontrar un chivo expiatorio en la persona de la coordinadora de Servicios Médicos forenses, Ana Lilia Guerrero Moreira, pero al proceder sin sustento legal reculó en su acusación.
Ahora está desviando la atención hacia el ex fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, en cuya gestión se multiplicaron los homicidios en la entidad, muchas de cuyas víctimas fueron sepultadas clandestinamente entorpeciendo las investigaciones correspondientes.
Las organizaciones civiles que presionan sobre el caso sospechan que ese anuncio de Pérez Durón es un simple blof porque la notificación del citatorio se le hizo al ex funcionario a sabiendas de que ahora despacha como delegado de la Procuraduría General de la República.
Choque de “únicos” contra comunitarios
En tanto, en el municipio de Ayala se ha generado un nuevo conflicto porque, frente a la situación de violencia ininterrumpida en ese territorio, civiles encabezados por la abogada Adelaida Marcelino Mateos han decidido constituirse en autodefensas.
Desde el Palacio de Gobierno se dio la orden de que se movilizara un escuadrón de 100 activos del llamado mando único que en una primera razia pusieron tras las rejas a 17 de aquellos policías comunitarios.
En plena capital, a fines de junio continuó la represión contra comerciantes y artesanas indígenas que han sido expulsados de su tradicional centro de actividad en la plaza Emiliano Zapata, de la capital.
En el mismo tenor, contingentes de la Unión de Trabajadores del Campo (UTC) se han estado manifestando ante el Congreso estatal para denunciar que Graco les ha retenido por sus pistolas los apoyos federales para bodegas, semillas y maquinaria que apremian para el inicio de la temporada de lluvias.
Recursos desviados
A los pronunciados les llama la atención que, mientras a los campesinos se les regatea un apoyo de 10 millones de pesos, el gobernador haya desviado a la construcción de un estadio de fútbol en Zacatepec, a un costo de casi 500 millones de pesos.
En apoyo de la UTC se manifestará también Antorcha Campesina en la agenda conmemorativa de su fundación.
Otro foco de protesta se encendió en Jiutepec, con rumbo a la capital del estado, a cargo de pobladores de ese municipio que denuncian un fraccionamiento residencial de la constructora favorita ARA amenaza con segar una fuente de recarga natural de los mantos acuíferos.
La obra se ataca en el predio Los Venados, considerado un pulmón verde, donde las arboledas están siendo arrasadas por dicha fraccionadora.
En otro ámbito, diversos proyectos productivos planeados para el desarrollo agroindustrial en la zona norte están a punto de cancelarse porque los inversionistas tanto locales como foráneos no encuentran condiciones ni jurídica ni de paz pública para ponerlos en marcha no obstante que los capitales están a la vista.
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