LAS PRIMERAS INVESTIGACIONES académicas, desde un enfoque histórico-jurídico-sociológico, que se acometieron en América Latina para tratar de encontrar y explicar las raíces y el contexto actual de las crisis que postran a nuestras sociedades regionales, se basaron en la situación de Argentina.

NO POR ACCIDENTE, esos ensayos se fundaron en la experiencia golpista reincidente en Argentina en el contexto de La operación Cóndor y las primeras tentativas de implantación del modelo neoliberal en el Cono Sur, donde el primer pupilo de los padres fundadores de esa doctrina fue el general Augusto Pinochet, asesino del socialista Salvador Allende.

Argentina se hallaba entonces sometida a la dictadura militar del general Jorge Rafael Videla. Fue el periodo en que constituyeron piedra de escándalo nacional e internacional los fraudes maquinados en algunos bancos privados y entes públicos.

Resulta pertinente comentar que algunos textos de esos estudios fueron editados en México por el Instituto de Ciencias Penales de la Procuraduría General de la República a finales de la década de los ochenta, data del primer sexenio tecnocrático-neoliberal en nuestro país.

Impunidad, un “derecho” por todos compartido

Recorriendo la Historia latinoamericana, las investigaciones citadas se remiten a la subcultura de la corrupción en un continente conquistado y colonizado.

Un punto sociológico del análisis destaca la preocupación de sus autores por el consentimiento social a las transgresiones perpetradas por la clase dirigente; de lo que sigue la reproducción de esas perversas conductas en los sectores dominados, contaminados por el espectro de la impunidad.

La clave de ese proceso de descomposición, la situaríamos a partir de la pregunta: ¿A quién beneficia el crimen? No pasamos por alto las conspiraciones militares pero, para efectos prácticos de este tema, nos referimos a la simbiosis a la que asisten privilegiados segmentos de la sociedad civil en complicidad con los altos mandos castrenses.

Las tesis consultadas nos indican que las crisis de Estado en la región no son, necesariamente, de generación espontánea. Pasan por un proceso interno de alevosa premeditación a la que no son ajenos intereses extranjeros de orden económico, político y militar.
Desde el punto de vista ideológico, los impulsores de esas crisis de Estado —según se ha documentado en el caso de la Operación Cóndor—, esgrimen argumentos como el de la Seguridad Hemisférica, acuñada por Washington para su “área de influencia”.

No es casual, que algunas dictaduras militares sureñas hayan tendido lo que en el lenguaje estratégico codifican como “fronteras ideológicas”.

La misión de los mandarines tecnocráticos

Un elemento nuevo en la ejecución y el desarrollo de esos subversivos fenómenos, es la figura del asesor nativo, pero formado en centros de estudios superiores extranjeros, que sirven igual al sector empresarial que al hombre público.

Son los llamados mandarines que abrazan y contagian sus supersticiones económicas y financieras instituidas por el neoliberalismo. Sus disciplinas académicas son preferentemente administrativistas, en las especialidades más idóneas: Economía, Administración de Empresas, servicios actuariales, etcétera.

En línea con la Escuela de Chicago —de Milton Friedman—, por citar la universidad representativa de formación de esos consejeros latinoamericanos, hay que denostar y desmontar el Estado megalómano, desplazarlo de la gestión económica y llevarse entre las espuelas lo que para ellos es un dogma inaceptable: La Justicia Social.

El fin último de esa bien deliberada estrategia, es sustituir el corporativismo encarnado por la clase trabajadora por un nuevo corporativismo, el empresarial, inspirado en la Revolución conservadora proclamada y puesta en marcha por Margaret Thatcher y Ronald Reagan a principio de los ochenta, que dio los fundamentos y la carta de navegación a la globalización.

La subversión para alzarse con el santo y la limosna

Retomando la cuestión de a quién beneficia una crisis de Estado, los estudios más autorizados no dejan pie a ninguna duda: Al poder económico, suma de todos los poderes fácticos.

En los casos históricos analizados —en la actualidad se

pueden ilustrar los casos de regímenes de izquierda de Cuba, Argentina, Brasil, Venezuela, Nicaragua, tangencialmente Ecuador—, el proceso de desestabilización empieza por tocar básicamente la vértebra económico-financiera.

El objetivo medular de ese método subversivo, es infundir temor entre la clase empresarial de buena fe y generar el malestar social de las clases excluidas para conducirlas políticamente a la sublevación; si es pasiva, bien; si es armada, mejor.

Dicho en términos populares, pescar en el río revuelto del caos, implantando regímenes a modo a la economía especulativa, que invariablemente deviene Economía criminal.

La Generación del Cambio transó con los saqueadores

En México, ese proceso depredador arrancó en el umbral del neoliberalismo en los ochenta: La primera señal, fue el devastador crack de la Bolsa de Valores en 1987, por el que cambiaron de manos lo que en aquel momento se cuantificó en 36 billones de pesos, cuando aún no se le quitaban al peso tres ceros.

La autodenominada Generación del cambio —de tecnócratas puros—, producto de la usurpación del poder presidencial, transó con los usufructuarios de aquella mega estafa. Dejó de lado la República Social para suplantarla con la República de los empresarios, que desplazó incluso a familias patronales tradicionales que contemporizaban con el Estado posrevolucionario.

La siguiente operación como concesión a los nuevos ricos, nativos y extranjeros, consistió en la transferencia del control del sistema de banca y crédito nacional, a la que siguió en cadena la gran nómina de entes públicos. La mayoría de esas transacciones se negoció a crédito, “garantizado” con pagarés-chatarra.

Como coartada para continuar el proceso de desmantelamiento del Estado, sirvió el Error de diciembre de 1994, maquinado en el Eje Nueva York-Washington.

De ahí vino la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas: La deuda de los grandes corporativos privados, asumida por el Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa) y el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) pasó de deuda contingente a deuda pública con cargo a los contribuyentes cautivos.

Éxito final de la trama: Gobierno financieramente estrangulado

Finalmente, en el siguiente sexenio, se pronunció una declaración pública que desnudó el secreto a voces de la tecnocracia: El gobierno, se dijo entonces, es de empresarios, por empresarios y para empresarios.

Un golpe de Estado técnico no precisamente incruento, como lo demuestran los trágicos saldos que han roto hasta las costuras el tejido social.

Hoy, las finanzas públicas están en quiebra. Han perdido el gobierno y el basto conglomerado social. La plutocracia ha consolidado de tal forma su poder, que no permite una urgente reforma fiscal, única fuente de supervivencia del Estado.

En la situación de postración y desesperanza que paraliza y humilla a la sociedad civil, si alguien pregunta a quién beneficia el crimen, no necesita ir a Roma por la respuesta.

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