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Edición 367

16

La condena de Lula profundiza la crisis brasileña

 

Raúl Zibechi

 

LA CRISIS BRASILEÑA,económica pero también social y política, que se arrastra desde 2013, no puede ser superada con la condena de Lula por la justicia y, por lo tanto, con su impedimento para ser candidato presidencial.

 

LO QUE HA SIDO JUZGADO,junto a la figura de Lula, son los 12 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (2003-2015). En aquel período hubo un crecimiento considerable de la economía y una mejora innegable del nivel de vida de los sectores populares, pero también debe recordarse que terminó con la mayor recesión en la historia del país y graves acusaciones de corrupción que afectan al PT y al propio Lula.

 

Al haber sido condenado por los tres magistrados de forma unánime, quienes pidieron que se aumentara la pena de prisión de nueve a doce años, se reducen sus posibilidades de ganar una apelación ante el Supremo Tribunal Federal. Lo más seguro es que no sólo no pueda ser candidato sino que deberá purgar buena parte de su condena en prisión.

 

Lula da Silva corre el riesgo de perder sus derechos políticos y, con ello, la posibilidad de disputar la presidencia de Brasil abanderado por el Partido de los Trabajadores (PT)

 

Esto tiene varias consecuencias de corto y largo plazo. Entre las primeras están las elecciones presidenciales que se celebran en apenas nueve meses, a comienzos de octubre. Entre las segundas, la principal es que deja una sociedad profundamente dividida y crispada, con heridas que no habrán de cerrarse a la brevedad.

 

Las encuestas para las elecciones muestran a Lula muy por delante de los demás candidatos, con el 35% de apoyos, seguido del derechista Jair Bolsonaro con el 16%, estando los demás candidatos por debajo del 10%. La no participación de Lula provocará una dispersión del voto y una mayor incertidumbre. En un panorama semejante, aún en el caso de que Lula indique sus simpatías por otro candidato, los resultados son muy inciertos.

 

Lo más probable es que el parlamento que salga de las próximas elecciones siga siendo tan conservador como el actual, dominado por las bancadas del agronegocio y evangélica, que buscan introducir reformas para reducir el déficit fiscal y sobre todo el enorme agujero de la seguridad social. Esto no se puede hacer sin recortar beneficios sociales a los trabajadores, lo que inevitablemente tiende a generar conflicto social.

 

La izquierda brasileña sufrirá una severa derrota y su representación parlamentaria se verá reducida a los niveles que tuvo antes del gobierno del Partido de los Trabajadores.

 

La segunda cuestión es que el país queda profundamente dividido, por múltiples motivos. Por un lado, por la fractura social. Las clases medias rechazan la presencia de sectores populares (en general negros y mestizos) en las universidades, aeropuertos y en los espacios que han ido ganando desde que se implementaron políticas sociales como el programa Bolsa Familia, que llega a 50 millones de brasileños, un cuarto de la población.

 

La división social es también geográfica. El norte y nordeste, pobre y negro, apoya mayoritariamente a Lula y al PT. El sur y el sureste, los estados más ricos y blancos, fueron los que se movilizaron desde 2014 para conseguir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff (2011-2016). Esos movimientos muestran a la vez un perfil clasista y racista, que los ha llevado a defender las políticas conservadoras y la represión policial contra quienes viven en favelas, los barrios más pobres del país.

 

El hecho de que la Bolsa de Sao Paulo haya saludado la condena de Lula con una importante subida, refleja la alegría del gran empresariado ante la derrota de una persona a la que aceptó a regañadientes cuando fue presidente.

 

Esta división se ve agravada, y tiende a resbalar hacia el resentimiento, cuando se observa que la justicia no funciona igual para todos. Aunque hay miembros de todos los partidos presos por la operación Lava Jato (como se conoce la investigación por corrupción en los contratos de la estatal Petrobras), el PT es sin duda el partido más castigado. Esto es algo que los brasileños no van a olvidar y que coloca un manto de sospecha sobre el sistema político en su conjunto.

 

El presidente Michel Temer, que sucedió a la impugnada Rousseff, ha sido acusado de hechos mucho más graves pero cuenta con el apoyo del Congreso. Una mayoría de parlamentarios tienen también acusaciones de corrupción, pero salvaron a Temer de ser destituido aun cuando la Justicia pidió autorización para juzgarlo. La credibilidad de las instituciones está tocando fondo, y esto es mucho más grave que la condena a Lula.

 

En tercer lugar, tanto el actual Gobierno como el que saldrá de unas elecciones sin Lula, tiene amplia sintonía con los Estados Unidos y las grandes empresas vinculadas al Pentágono. Un buen ejemplo es lo que está sucediendo con las negociaciones entre Boeing y Embraer para la fusión o la compra de la brasileña por la estadounidense.

 

Aunque el actual presidente de Brasil, Michel Temer, ha sido acusado por actos de corrupción, no ha sido penalizado

 

La presencia de Boeing en Brasil tendrá tres consecuencias dramáticas para la independencia del país. Los programas de desarrollo en el área de Defensa quedarán expuestos y los desarrollos en curso (como el programa de submarinos y la aviación militar) pueden ser suspendidos o modificados a gusto del Pentágono.

 

Boeing tiene intenciones de utilizar la base de lanzamiento de cohetes de Alcántara, que hasta ahora era el centro de desarrollo de programas fuera del control del Pentágono. Desde hace mucho tiempo Estados Unidos desea hacerse con esa base, ya que está situada muy cerca del Ecuador, en un lugar geográfico inmejorable para los lanzamientos espaciales.

 

Por último, el acuerdo con Boeing puede afectar el programa de construcción de cazas que Brasil ha acordado con la sueca Saab, fabricante de los Gripen. Este programa es tan importante como el de los submarinos, ya que en pocos años Brasil tendría la capacidad de fabricar cazas de quinta generación gracias a la transferencia de tecnología acordada con la empresa sueca.

 

Más allá de que Lula sea o no culpable de hechos de corrupción, es evidente que la deriva actual de la política brasileña lleva al país a una crisis cada vez mayor, sobre todo por la falta de legitimidad de sus instituciones, y a una dependencia creciente de Washington.

 



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