APUNTE
Que veinte años es nada
Jorge Guillermo Cano
CULIACÁN DEL CAOS VIAL, LOS BACHES Y LOS TOPES, SINALOA.
En octubre de 1998, hace más de 19 años, el entonces presidente del Club de Roma, Ricardo Diez Hochleitner, afirmó, con referentes irrefutables al canto, que 245 multimillonarios acaparaban el 46 por ciento de la riqueza mundial.
También Margarita Marino de Botero, integrante del mismo órgano, dio cifras alarmantes: de seis mil millones de habitantes que había en el mundo, 600 millones no tenían trabajo; mil 300 millones sobrevivían con menos de un dólar diario; 100 millones vivían en la calle; 800 millones padecían desnutrición; había mil millones de analfabetos y una cantidad similar no consumía agua potable.
La información (en 1998) se complementaba con el siguiente dato: de las 100 economías internacionales más importantes, 51 no son países sino empresas que controlan el 70 por ciento de la riqueza mundial. Marino de Botero hizo la afirmación dramática: “vivimos en un mundo donde los pobres se han vuelto desechables”.
No se puede esperar
En tanto, por las mismas fechas, el presidente del Banco Mundial (BM), James Wolfensohn, advertía que la pobreza “no puede esperar nuestras (de ellos) deliberaciones, no puede esperar a que debatamos (entre ellos) una nueva arquitectura del mundo”.
En la actualidad, el uno por ciento de la población concentra más de la mitad de la riqueza mundial y el 10% acapara alrededor del 90 por ciento. Así, sencillamente, no se puede.
Simples golpes de pecho
Por esas fechas, el BM reconocía que la crisis no era solo financiera, “sino que es la crisis del dolor humano por el incremento de la pobreza”. Desde luego, el organismo pasaba por alto que, con sus políticas, es responsable en más de un sentido de lo que estaba y está ocurriendo y de la miseria que acarrean sus estrategias diseñadas para proteger al gran capital y sus ganancias.
A toro pasado, Wolfensohn repetía las cifras que ya había dado a conocer el Club de Roma: mil 300 millones de seres humanos que sobreviven con menos de un dólar al día; otros tres mil millones con menos de dos dólares; tres mil millones sin servicios sanitarios y así.
Casi 20 años después, las cosas siguen igual y en muchos casos peor.
El 98 en México
Ese año (1998) según cifras del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el 10 por ciento de la población, en el estrato superior donde se concentran las familias más ricas de México, captaba el 37.89% del ingreso nacional. En contraparte, el 50 por ciento, que son las familias más pobres, apenas si accedían al 19.11% del ingreso total del país.
Todavía más: en el extremo inferior, la décima parte de las familias mexicanas, las más pobres, recibían solamente el 1.75% del ingreso nacional. Tamaña desproporción sólo era, y es, posible en el esquema neoliberal que padecemos.
Han pasado casi 20 años y la situación no solamente no se ha arreglado, sino que tiende a agravarse. El problema es el sistema y mientras el capitalismo siga haciendo de las suyas el drama mundial, y por supuesto el nuestro, no tendrá fin.
No se tardaron con los casinos
Revisando los archivos, también a fines de 1998, estaba por reeditarse la discusión sobre la pertinencia o no de autorizar la apertura de casinos en México. Era un asunto ciertamente espinoso, con implicaciones sociales, culturales y éticas, pero que, con todo, debía ser discutido de manera abierta.
En Estados Unidos, varios gobiernos locales ya habían autorizado los centros de juego a partir de una realidad: muchos de sus ciudadanos se iban a Nevada (Las Vegas, Laughlin, Reno, Lake Tahoe) y dejaban ahí periódicamente buena parte de sus ingresos anuales, sin cubrir impuestos en su estado de origen.
También estaban sufriendo ya las consecuencias negativas, la ludopatía en ascenso y de la delincuencia asociada a los centros de juego.
En México, se manejaba ya como argumento que la atracción del juego incrementa el flujo turístico de manera importante (hay quienes viajan sólo para eso, se decía).
En cuanto a la derrama económica, se esgrimía el dato de que, en Las Vegas, un jugador promedio deja entre dos mil y cinco mil dólares por viaje. En algunos casos, mucho más. Entre ellos, decenas de miles de mexicanos.
Se dejaba de lado que las ganancias de los casinos van a los bolsillos de sus dueños y de los grupos de interés a su alrededor, entre los que se ha contado desde siempre a las mafias.
Se salieron con la suya
A mediados de los noventa del siglo pasado, en Quintana Roo el gobierno estatal sostenía que los casinos generarían más de seis mil empleos, indirectos y directos, y que se captarían alrededor de 25 millones de dólares en inversión de capital. Una vez en funcionamiento, se aseguraba, obtendrían 23 millones de dólares al año por impuestos.
Lo mismo argumentaban otros gobiernos estatales y hasta herederos de políticos, como los Hank. Dejando de lado la confiabilidad de esos indicadores, era claro que la propuesta debía ser evaluada en todas sus vertientes, los beneficios probables y también sus grandes inconvenientes.
Pero advertimos lo que finalmente sucedió. Como se dan las cosas en México, el riesgo era que, a fin de cuentas, la autorización para lo operación de casinos se diera sin la previa discusión de la problemática que implica.
Eso fue precisamente lo que pasó y ahora se recogen, en el plano social, las derivaciones negativas del juego. Si no, que lo digan miles de familias que, nada más en Sinaloa, sufren por la ludopatía de sus miembros.
¿Cuál cosa pública?
Ya lo hemos comentado en esta columna que anda por los 48 años de estarse publicando en diversos medios (con algunas interrupciones menores, ciertamente): con eso de las jurisdicciones, ámbitos de competencia y demás, la mayoría de los presidentes municipales pretenden justificar su desatención a problemas sentidos por la población.
Que tal cosa es asunto federal; estatal la de más allá; paraestatal la otra, y así, en la búsqueda inconsecuente de argumentos en pretendido descargo de la pasividad.
Un buen presidente municipal es aquel que, ni modo, se mete en todo lo que tiene qué ver con la vida pública de su comunidad; aquel que plantea, gestiona y promueve soluciones sin atarse de manos.
Uno esperaría, por ejemplo, que los alcaldes de Sinaloa tuvieran opinión y propuestas específicas frente al caos imperante en casi todo tipo de servicios públicos.
El hecho es que sí hay competencia legal para intervenir en casi todos los casos. Lo que sucede es que, en lo general, la atención de la cosa pública, a diferencia del espíritu original de la vida democrática, se constriñe, se parcela y queda encerrada entre los muros de la supervivencia política. Y a ver hasta cuándo.
El informe de Quirino
Cuando uno mira cifras y estadísticas, lo primero que viene a la cabeza es la duda. Los investigadores en ciencias sociales saben bien que esa es una forma, bastante socorrida, de ocultar la realidad o maquillarla, cuando menos, a conveniencia del discurso de los grupos en el poder.
Desde luego, la duda se puede relativizar ante evidencias que son, precisamente, lo que se requiere (si aparecen).
No tengo en mis manos manera de corroborar o desmentir, así que señalaré lo que me parece más relevante del primer informe del gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel.
De entrada, se destaca que, a septiembre de 2017, hay “un incremento de 26 mil 474 empleos formales, respecto al mismo mes de 2016, de acuerdo a los registros del IMSS”, y “se estima que la inversión privada al cierre de 2017 alcance los 28 mil millones de pesos, 5 mil más que los registrados en 2016”.
Sobre la seguridad pública
En el informe se consigna que se han invertido “más de 800 millones de pesos en vehículos, video vigilancia, y equipamiento en seguridad: 241 patrullas para las policías municipales, estatal y federal; dos drones equipados con alta tecnología; dos mil 361 nuevas cámaras de video vigilancia; 437 nuevos Puntos de Monitoreo Inteligente (PMI); 284 cámaras lectoras de matrículas vehiculares; 20 sistemas de lectura de placas vehiculares para patrullas y 100 cámaras de video personal para grabar los hechos en los operativos”.
En este rubro, uno de los más sentidos por la población, hace falta que tal equipamiento arroje mayores resultados a los que se anotan en el informe: “aseguramiento de 534 armas entre largas, cortas y granadas; recuperación de mil 829 vehículos con reporte de robo; aseguramiento de 21 mil 268.2 gramos de drogas, entre mariguana, cocaína y cristal y 349 detenciones del fuero común y 407 del fuero federal, así como 648 aprehensiones”.
Será, pero falta muchísimo más.
Los grandes pendientes
En infraestructura, vialidades y obra pública en general, así como en desarrollo económico e innovación, es también mucho lo que está pendiente.
Y está el asunto de las investigaciones sobre los manejos irregulares (por emplear un eufemismo) de la pasada administración estatal, que deben llegar a sus consecuencias legales.
Se han dado avances, relativos, pero notoriamente insuficientes. El pueblo espera que se haga justicia y se siente un precedente necesario.
En general, en el primer informe de Ordaz Coppel se presentan avances significativos, pero aún insuficientes, al tenor de la Vox Populi (que suele ser Vox Dei).
Si de recuperar credibilidad se trata, se tiene que proceder en consecuencia. Vamos a ver si para el segundo informe esto se puede ver.
Tamborazos
-Sigue la inefable GNP de los Bailleres rehuyendo su responsabilidad en el caso del siniestro número 62992342, ocurrido en la ciudad de Culiacán el 19 de agosto de 2016, “cuando ni siquiera pagó la grúa para llevar el carro al taller”, se nos informa. Para eso cuentan con la complicidad de condusefes, profecos y juzgados.
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