El problema es económico,
no político
CARLOS RAMÍREZ HERNÁNDEZ
EN MEDIO DE LOS JALONEOS para encontrarle paternidad a una ley de ingresos bastarda, el fondo del asunto fiscal sigue sin ser debatido: el país está perdiendo de nueva cuenta la oportunidad de redefinir la política económica para reencontrar de nuevo el camino del desarrollo con distribución de la riqueza.
Pero los legisladores comenzaron por el final: cuadrar las cifras de ingreso con las de gasto. Sin embargo, el problema es mucho mayor: las evidencias de que la política económica tradicional ya no satisface las necesidades de atenuar la desigualdad social acumulada. El actual modelo de desarrollo y su correlativa política económica alcanza, si acaso, para atender al 40 por ciento de los mexicanos. Por tanto, el 60 por ciento restante no tiene ninguna viabilidad.
El problema de México es económico. La política es consecuencia de la correlación de fuerzas productivas. Por tanto, la posibilidad de encontrar una salida de fondo, real y de largo plazo a la crisis depende de la definición de un nuevo modelo de desarrollo. El debate sobre aumentar un punto al IVA o encarecer las gasolinas o apostarle al precio de referencia del petróleo o aumentar la deuda son solamente acciones de evasión de responsabilidades.
Centrar la decisión sólo en aumentar los ingresos sería condenar al país a otros tres años de crisis. El próximo año, el 2010, será de diez elecciones de gobernador y nadie querrá ir a las urnas con el fardo de una carga fiscal adicional a los ciudadanos. El 2011 también no va a contar porque la fiebre de las precandidaturas presidenciales atará a los partidos a la inmovilidad. Y el 2012 no debe contar más que para elegir el próximo presidente de la república.
La irresponsabilidad ha sido integral. Ni el gobierno, ni los legisladores, ni los partidos se sentaron a racionalizar la dimensión de la crisis. Como siempre, los problemas económicos no son de ingresos. Si acaso, en los ingresos se refleja el agotamiento del viejo modelo de gasto público. El problema real, estructural, de México radica en el hecho del pobre crecimiento económico. Y el PIB debe medirse no en función de porcentajes sino de creación de empleos formales porque ahí se percibe el bienestar social.
El país necesita crecer a una tasa promedio anual de 7.5 por ciento de PIB para crear el millón 200 mil nuevos empleos para la población que cada año se incorpora por primera vez al mercado de trabajo. La tasa promedio anual del PIB en el largo periodo 1932-1982 fue de seis por ciento. La tasa promedio anual del PIB en el periodo 1983-2012 será de apenas 2.5 por ciento. La tasa promedio anual del PIB en el primer trimestre de la administración de Calderón fue de -0.3 por ciento y será de sólo 1.7 por ciento anual si se cumple la meta de recuperar el crecimiento de 3.7 por ciento anual en el segundo trienio.
La política fiscal es parte de la política económica para el desarrollo.
Por ello el gobierno federal debió de haberle apostado a la oportunidad de la crisis para volver a alinear el fisco con el desarrollo requerido. Y los legisladores, ahora tan bravos con el ejecutivo, debieron de haberse puesto exigentes para utilizar sus atribuciones en la reconfiguración de la política de desarrollo. El problema fue que nadie quiso entrarle a la gran decisión de rehacer el modelo de desarrollo y todo se quedó, como siempre, en ajustes fiscales con cargo al ciudadano.
Lo grave de todo es que la falta de una política fiscal para el desarrollo va a condenar al país a un trienio más de estancamiento. Aunque a nadie en las alturas del poder parece importarle.
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