Javier Lozano:
Unchivo en cristalería
Es de suyo subversivo, que el gobierno federal, desde que asumió su control la casta tecnoburocrática neoliberal, haya cancelado, de facto, la responsabilidad tutelar de las garantías sociales que la Constitución mexicana impone al Estado mexicano, pero es altamente disolvente que dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), especialmente durante las dos presidencias ejercidas por el Partido Acción Nacional (PAN), haya abandonado deliberadamente los imperativos que su propia denominación entraña, según los define el artículo 123 constitucional y los especifica la Ley Federal del Trabajo.
Derechos como los de la libertad de elección de trabajo (prerrogativa anulada donde el empleo escasea), de petición, de asociación sindical; de la jornada laboral de ocho horas y a un salario remunerador y a la seguridad social, de huelga, etcétera, han sido sistemáticamente conculcados desde que Vicente Fox -que definió su gobierno como uno de los empresarios, por los empresarios y para los empresarios- nombró a un ex presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) como titular de la STPS. Esa opción clasista, sin embargo, se ha enervado desde que Felipe Calderón entregó la gestión de esa dependencia a manos de Javier Lozano Alarcón.
Haciendo mérito a su condición de egresado de la Escuela Libre de la Derecha, el poblano se ha alquilado como ariete del más salvaje segmento de la clase empresarial, manipula y distorsiona criterios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pretendiendo hacer abstracción de la condena de este organismo a la violación de la libertad sindical en México, y ocupa a su personal, ya no para dictar la fe de errata de toda información u opinión referida a la perversa conducta de la STPS, sino para insultar y amenazar a cuanto crítico de la política antilaboral se pronuncia en defensa de la clase trabajadora.
Conjugando la conseja aquella de que, cuando la perra es brava, hasta los de casa muerde, ahora Lozano Alarcón es implicado indirectamente en un crimen de lesa hacienda pública al tolerar y fomentar la trata de mano de obra en favor de empresas privadas y paraestatales que se han acogido al sistema de outsourcing (triangulación del reclutamiento de personal: dos millones 500 mil obreros o empleados, según reciente padrón) para eludir el pago de impuestos y de seguridad social, etcétera, que han provocado un boquete fiscal de más de 500 mil millones de pesos en los últimos cinco años, de acuerdo con reciente estudio en posesión de la Cámara de Diputados.
Si tan descomunal despropósito no fuera bastante, a Lozano Alarcón se le atribuyen intrigas que estarían a punto de precipitar la separación de Fernando Gómez Mont de la Secretaría de Gobernación, bajo el supuesto de que con ello se mataría dos pájaros de un solo tiro: Se eliminaría a un potencial candidato a la sucesión presidencial de 2012 por las derechas y quedaría acéfala y disponible la operación de la política interior en horas aciagas en que la falta de unidad de mando tiene al garete la conducción del Estado.
Aunque el caos es la marca de la casa en la administración calderoniana, no deja de ser significativa la especulación sobre un eventual relevo de Gómez Mont: Surge apenas una semana después de que la Secretaría de Gobernación, en uno de tantos palos de ciego, había llamado a la clase política y a “los críticos más acendrados” a la revisión de la estrategia de combate al crimen organizado, un mes después de que el propio Presidente pretendió maquillarla, cambiándole la denominación por la de una estrategia para “recuperar la seguridad” de los mexicanos.
Sea lo que resulte de aquella difundida especie, lo que deja claro es que en el círculo más cercano al mandatario ha empezado a escocer la cosquilla del cuarto año: No son pocos los que se sienten con cuerpo de torero para 2012, creyéndose aptos para cortar oreja y rabo.
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