México se chihuahuiza
En cuestiones de Estado -la Seguridad Nacional, por ejemplo-, generalmente se identifica esa función estratégica como oficio de tinieblas, dado el hermetismo que debe imperar en la gestión de la agenda correspondiente, cuyo ejercicio ha sido depositado en la Secretaría de Gobernación, reconocida como responsable de la política interior, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Hoy leemos ese concepto como simple tópico de nota roja.
En tratándose de tareas de inteligencia político-militar, el secreto es un imperativo básico. De esta suerte, tenemos lo que, en un código críptico, se puede identificar como modelo: Jorge Tello Peón, ingeniero civil, acreditó sus calificaciones como parte del equipo fundador y director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen); del Centro de Planeación para el Combate a las Drogas (Cendro) y el Instituto Nacional de Combate a las Drogas (Incd); en las subsecretarías de Gobernación y de Seguridad Pública, y en la formación de la Policía Federal Preventiva. Esa experiencia le mereció en marzo de 2009 el nombramiento de secretario técnico del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), organismo constitucional en el que, teóricamente, participan los gobiernos de los estados
Fue tal la discreción de Tello Peón, que su renuncia al último encargo se conoció sólo hasta que semanas después Alejandro Poire fue designado por el presidente Felipe Calderón en lo que indistintamente se le denomina “vocero de Seguridad Nacional” o secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, puesto en el que, algunas veces desde Los Pinos, suele anunciar resultados de operaciones policíacas, en cuyo caso debiera hablar el secretario técnico del SNSP, Juan Miguel Alcántara Soria -relevo nominal de Tello Peón- a quien se le mantiene en un bajo perfil, quién sabe si por su bajo rendimiento.
Lo que preocupa es que, desde la muerte de José Luis Santiago Vasconcelos en el mismo accidente en el que perdió la vida también el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, los temas de las reformas a la Seguridad Pública y la Justicia Penal, que coordinaba Santiago Vasconcelos, se mezclan indiscriminadamente en un batiburrillo que mete en un mismo saco materias de Seguridad Nacional, que tiene otra dimensión en lo que toca a doctrina y teoría del Estado.
El asunto es que la presidencia de la República ha puesto a competir al debutante Poire con el propio Calderón en la incesante campaña mediática para presentar “los éxitos” de la campaña armada contra el crimen organizado, con tal intensidad e improvisación que el funcionario está cayendo en despropósitos que, lejos de generar confianza y credibilidad públicas, dan pie a la crítica por la ligereza e inconsistencia de sus declaraciones.
En ese orden de cosas se inserta el caso de los asesinatos de periodistas en Ciudad Juárez, Chihuahua, en cuya lista se han agregado recientemente los nombres al menos dos colegas de El Diario, de aquella localidad, cuyos editores emplazaron a los sindicatos del crimen a responder a la pregunta de qué quieren y, en última lectura, a establecer una tregua, habida cuenta la ausencia o la ineficacia de autoridad legalmente instituida.
“Ya no queremos más muertos (…) es tanta la falta de justicia, es tanta la desolación e impotencia que siente todos los sectores, que no es descabellado comenzar a aplicar acciones que realmente duelan a quienes tienen la obligación de hacer más por salvaguardar la seguridad de la ciudad, del estado y del país”, afirmó en un editorial la indignada dirección del rotativo.
Los Pinos, en voz de Poire, replicó no sólo en forma tendenciosa y calificando del “orden común” aquellos crímenes -sólo que ya deban verse como “comunes” las interminables matanzas-, sino remitiendo a los denunciantes a “la única autoridad legítimamente constituida por emanar de la ley y de los procesos electorales”. ¿De dónde saca el vocero que los órganos de justicia -justicia es lo que exige la población- emanan de los procesos electorales? Si los representantes del gobierno no pueden quedarse callados, lo menos que se les puede demandar son palabras fiables, ya que sus actos no lo son. Mientras continúa la verborragia oficial, México se chihuahuiza, según lo proponían desde la zona fronteriza los panistas bárbaros del norte.
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