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Edición 280

EDITORIAL

Niñez,
carne de funeraria
o de presidio

 

VIENE LA FECHA en la que los personeros de la burocracia pública se aparecerán en vivo, en directo y a todo color para invadir la escena nacional con gimoteos y promesas con los que tradicionalmente se celebra el Día del Niño, mientras las pantallas televisivas, las marquesinas y los escaparates comerciales incitan a un consumismo desenfrenado que obliga a no pocos padres de familia a empeñar hasta la camisa para satisfacer el reclamo de sus vástagos.

Editorial Voces del Periodista

Cuando está a punto de concluir el segundo sexenio de los gobiernos que postulan el humanismo político, después de doce años de gestión es llegada la hora de preguntarles ¿en qué consisten las políticas públicas para proteger los Derechos de la Infancia, aquí donde recientemente los gobernantes azules exhibieron sus genuflexiones ante el papa Benedicto XVI y fingieron escucharlo cuando pidió crear un mundo en que los niños puedan vivir en paz? Es doloroso decirlo, pero no existe una política pública defendible para tan noble fin. No hemos escuchado, tampoco, de los candidatos presidenciales, el diseño de un programa realista, creíble,  para atender la supervivencia de ese sector.

Como si el cumplimiento del imperativo ético de dar a los niños, los adolescentes y los jóvenes una vida razonablemente decorosa y gozosa fundada, sobre todo, en la buena salud y la buena educación, dependiera sólo de la legislación y no de la voluntad administrativa -que para otros efectos se ejerce tan discrecional como diligentemente- se habla de una ley más sobre la trata de personas, cuyo segmento más vulnerable es, precisamente, el de la niñez. Los promotores de esa iniciativa no incluyen en la exposición de motivos, para nada, el fenómeno de más de siete millones de ninis mexicanos que no estudian ni trabajan por falta de oportunidades, y constituyen la más abundante veta en la que se nutre ése, el peor mercado negro de seres humanos.

Se puede documentar que, al menos desde los años setenta, en entidades fronterizas y otras como el Distrito Federal, Colima y Jalisco se practica el tráfico de infantes hacia los Estados Unidos, que se incrementó exponencialmente a causa de las guerras centroamericanas que expulsaron a miles de familias hacia México, que arrastraron con ellas a los niños de la guerra; mientras que las política neoliberales importadas desencadenaron la crisis que ha desintegrado a millones de hogares nuestros, lanzando al vacío socioeconómico a los menores de edad.

Hace unos días, el corresponsal de La Jornada en Nueva York, David Brooks, rescató una investigación del Instituto de Políticas de Agricultura y Comercio (USA), publicada en la Revista de Salud Ocupacional y Ambiental, que revela que los Estados Unidos exportan una epidemia de obesidad a México, aplicando las políticas comerciales y empresariales previstas en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y que, monitoreando sólo el periodo de 2000 a 2006, incrementaron la obesidad y el sobrepeso en 12 por ciento entre nuestros compatriotas.

El radical cambio de la cultura alimenticia de los mexicanos, impulsado compulsivamente por trasnacionales estadunidenses instaladas en territorio nacional, que basan la dieta humana en productos procesados, bebidas gaseosas y otros alimentos cargados de grasa y azúcar, ha insertado a México en el campeonato mundial de la gordura y ha disparado los factores de riesgo para la salud derivados de la diabetes, derrames cerebrales y enfermedades cardiacas.

Los indefensos niños mexicanos, expuestos a la incesante ingesta de comida chatarra, son las primeras víctimas propiciatorias de ese inmoral comercio solapado por las secretarias de Economía y de Salud, a cuya omisión o comisión se suman las secretarías de Gobernación -responsable de la regulación publicitaria- y la de Educación, en cuya red escolar medran los envenenadores públicos.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, aúpa a patrones inmorales que explotan abusivamente a más de tres millones de individuos que ejercen el obligado trabajo infantil en el mercado laboral jornalero. Las secretarías de la Defensa Nacional y de Marina disputan a los cárteles del narcotráfico el reclutamiento de adolescentes y jóvenes para incorporarlos a la guerra narca. Según conteo de organizaciones no gubernamentales, la cifra de reclutados entre ambas partes varía de 200 mil a un millón de personas menores de 18 años, mientras que el Congreso de la Unión legisla para hacerlas imputables (criminalizarlas) desde los 14 años.

He ahí, el rostro del ogro filantrópico que se disfraza de humanismo político.



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