EDITORIAL
Consejero Alfredo
Figueroa, rara avis
CUANDO APARECIERON LAS MEMORIAS del cacique potosino Gonzalo N. Santos, identificado en la picaresca política como El alazán tostado, en las que éste revela las empistoladas trapacerías del llamado partido de la revolución para robarse las elecciones, cierta corriente intelectual y política tomó sus reseñas de la violencia electoral a título de fe, como prueba incuestionable de la corrupción del PRI y sus métodos para hacerse el poder. Con las armas lo tomamos; con las armas lo conservaremos, dijo alguna vez el cacique cetemista Fidel Velázquez.
En la temporada de alternancia en Los Pinos -contando desde 1997, con la protocolización de Amigos de Fox, compadres en andanzas transgresoras con los del Pemexgate, hasta la primavera-verano de 2012-, el registro de desviaciones a la Constitución y al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, dejan las narraciones de Santos como cuentos para párvulos mayores de cincuenta años.
2012: Candidatos asesinados antes llegar a la cita electoral, aspirantes sorprendidos con las manos en las chequeras del narco, votantes masacrados “a boca de urna” (Chiapas), intromisión dolosa de poderes fácticos, despilfarro de fondos públicos para implantar famas electoreras de dudosa probidad, flagrantes chapuzas de partidos y candidatos antes, durante y después de las campañas, denuncias a puño y letra de consejeros o funcionarios electorales institucionales sobre prácticas sucias en la preparación y ejecución de los comicios (Veracruz) y todo un catálogo adicional de violaciones a la más elemental cultura cívica. Y sin embargo… la elección presidencial fue ejemplar.
Desde que el Poder Judicial de la Federación puso a la consejera presidenta del Tribunal Electoral -responsable de la calificación de la elección presidencial- al servicio de la causa de un gobernador-candidato a huésped de Los Pinos, para -en cena privada- exponer a consulta de sus representantes el sentido de su ponencia sobre las acusaciones en su contra, resultó claro para qué lado se cargaban los dados.
Después del 1 de julio, empezó a exhibirse una elocuente mecánica: Tras la presentación de cada recurso de inconformidad o impugnación introducido ante los órganos electorales, el partido proclamado triunfador hacía un montaje para tratar de defenderse. Después de cada montaje partidista, consejeros o magistrados -maquillados y pasados previamente por los filtros de la televisión- sentenciaban a sabor de dicho partido o, en contrapartida, daba por buenas las imputaciones contra partidos adversarios. La elección presidencial fue ejemplar.
Opera un consejero electoral que, antes de serlo, desde la torre de marfil académica pontificaba sobre la corrupción electoral sustentada en financiamientos ilícitos de campañas electorales. Casos Amigos de Fox y Pemegate. Ahora, en expediente de parecida naturaleza jurídica, razona con elegancia retórica su voto a favor de las prácticas que había denunciado desde su modesto cubículo de investigador universitario.
Es el mismo expediente en el que otro consejero, Alfredo Figueroa, único que votó en contra del dictamen exculpatorio, denunció que la instancia fiscalizadora del IFE omitió en la investigación del caso en comento requerimientos de información a personas físicas o morales nombradas como partícipes en los hechos denunciados, comunicadores de medios electrónicos todos. Diligencias fundamentales, fue el término expresado. Un expediente entre tantos. Pero la elección presidencial fue ejemplar.
En las mismas horas en las que los consejeros se devanaban los sesos en su autodefensa, la Procuraduría General de la República, por conducto de su delegación en Guanajuato (expediente AP-1599/ Fepade, caso Monex), tomaba declaraciones de cuatro representantes generales del PRI que involucraron al secretario de Finanzas del CEN, Jorge Estefan Chidiac, y al secretario de Administración del mismo órgano de dirección tricolor, Luis Vega Aguilar, en el manejo de monederos electrónicos para pagar servidumbre electoral, apoyando sus dichos en documentos contractuales. Pero la elección presidencial fue ejemplar.
“Pequeñas” magnitudes, para consejeros y magistrados electorales, no hacen una magnitud. Qué le vamos a hacer. Es el poder legal de 16 sujetos, siete de ellos inatacables. Que, frente a ese poder oligárquico, la autoridad y la legitimidad sigan durmiendo el sueño de los “justos”. ¿Y el votante? Bien, gracias. Su misión-uso terminó a las 18:00 del 1 de julio.
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