EDITORIAL
Pemex:
Homicidio industrial
“INCIDENTE” -DE ACUERDO CON LA DEFINICIÓN académica-, es un acontecimiento de mediana importancia que se presenta en el curso de un asunto o negocio que trasciende al público. En nuestro cotidiano proceso informativo, voceros gubernamentales y periodistas que reproducen una declaración o comentan el tema, recurren cada vez con mayor frecuencia a esa acepción, induciendo al receptor de la noticia o la opinión a minimizar el efecto de un suceso material, político o económico, y su impacto en el orden social.
Verbigracia, conforme se fueron multiplicando y potenciando las consecuencias en número de protagonistas y víctimas de las acciones relacionadas con el combate al narcotráfico durante el sexenio pasado, los responsables de los reportes al respecto institucionalizaron su tipificación como “incidentes”. El término, eminentemente valorativo, no se compadece de la tragedia humana ni de la convicción generalizada de que crimen organizado es codificado ya como cuestión de Estado y, expresamente, como problema de Seguridad Nacional.
¿Pueden etiquetarse 100 mil muertos, 25 mil desaparecidos, cientos de miles de desplazados de sus hogares y sus actividades productivas como un acontecimiento de menor importancia? Sólo la insensibilidad política y social permite ponderar a la baja la dimensión de un drama colectivo de tamaño calibre.
Lo mismo está ocurriendo en nuestros días en el tratamiento “informativo” de la enésima tragedia que tiene como centro de gravedad la industria petrolera cada vez menos mexicana. “Incidente”, se repite incesantemente con odiosa ligereza para tratar de frenar o achicar la reacción sicológica y política de la sociedad ante la catástrofe.
El petróleo, es fluido que dinamiza la empresa productiva, soporte financiero imprescindible de la hacienda pública, fuente de ocupación laboral de millones de mexicanos, y hasta facilitador del esparcimiento de la sociedad. Es, por supuesto, uno de los bienes más apetecido por la rapacidad ora doméstica, ora extranjera.
Todo siniestro que -además de cobrar vidas humanas- altere técnica y administrativamente su exploración, producción, distribución y consumo genera un costo extraordinario cuyo resarcimiento implica la distracción de recursos humanos y materiales requeridos para satisfacer otras estratégicas y prioritarias funciones del Estado y de la comunidad nacional. Aun originado por la negligencia, ese siniestro es tipificable como homicidio industrial, no como mero “incidente”.
La reciente y trágica explosión en la Torre de Pemex en la Ciudad de México, último eslabón de una cadena interminable de onerosos hechos que erosionan a la paraestatal, pretende ser explicada -con acusado grado de urgencia- por voceros oficiales, con hipótesis que, así sean preliminares, dados los expedientes en casos similares suelen interpretarse como definitivas y, por lo mismo, topan con la suspicacia y el escepticismo, productos de una bien ganada falta de credibilidad en el gobierno.
Que expertos no gubernamentales en la materia expresen dudas razonables en torno dictámenes mediáticos, más que peritajes decantados sobre la naturaleza de la explosión, no es asunto de poca monta. Más grave aún, es que componentes del propio Estado, como es la comisión bicamaral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, haya convocado a comparecencia a los secretarios de Gobernación y Energía; al director general de Pemex y al procurador General de la República, para que expliquen qué pasó ahí, da la medida de los vacíos en la estrategia de comunicación gubernamental.
En última lectura, el imperativo insoslayable es no sólo evitar técnicamente la repetición del desastre, reforzando el sistema seguridad industrial en la paraestatal, puesto en entredicho en pormenorizado estudio por la propia Secretaría de Energía semanas antes de que terminara la administración federal saliente. El imperativo categórico es que, de una vez por todas, el gobierno actual clarifique públicamente, sin hueca retórica, qué se propone hacer, de veras, con la empresa insignia de la economía nacional.
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