MICHOACÁN SIN ESTADO DE DERECHO
Pena de
muerte, ¿un mal necesario?
NICOLÁS
CRUZ FLORES
AMPLIA POLÉMICA ha
despertado en los círculos sociales, políticos, religiosos y en la población en
general, el tema de la pena de muerte, la cual ha existido desde tiempos
remotos de la humanidad, como forma de reprimir ciertas conductas antisociales.
Algunos países han
abolido la pena de muerte. Con el paso del tiempo, la han instaurado nuevamente
para recuperar la paz social que se ha visto vulnerada por el crimen organizado
y delitos considerados como graves en su sistema jurídico penal.
En México, ¿sería
conveniente volver a instaurar la pena de muerte? Más aún: ¿Sería posible
nuevamente implementarla sin incumplir los Tratados Internacionales de los que
forma parte para la abolición de tal pena? ¿Se justificaría el incumplimiento
de los mismos bajo el amparo de ser un asunto de seguridad nacional para
preservar el Estado de Derecho, que se está viendo quebrantado por el crimen
organizado?
Recordemos que en la
Antigua Roma el Perduellio, por
traición a la patria, fue el primer delito castigado con
la pena de muerte. Los griegos, hebreos, entre otros, también practicaron la
pena capital.
En México, los
aztecas, con el mismo castigo, sancionaron al que cometía robo, adulterio,
homicidio, hechicería. Incluso, la embriaguez fue penada de este modo.
Antes de que la pena
de muerte fuera abolida en nuestra Constitución federal, se crearon foros para
discutir ampliamente qué tan necesario o innecesario resultaba aplicar la pena
capital para aquellos delitos considerados como graves.
Algunos opinaron que
la pena de muerte en nada ayudaría a bajar los altos índices delictivos, mucho
menos para combatir el crimen organizado, condena que incluso serviría en
sinnúmero de casos como forma legal de acabar con algún enemigo, dejando impune
estas conductas.
También se argumentó
que la pena de muerte atentaba contra la preservación de la vida humana, ya que
en nuestro sistema jurídico penal existen muchas injusticias por el alto grado
de corrupción que impera en nuestras autoridades responsables de procurar y
administrar justicia, lo que a la larga ocasionaría que un inocente
injustamente fuera condenado a la pena capital, dejando impune al que
verdaderamente hubiera cometido el delito.
Consecuentemente, la
pena de muerte en nada ayudaría -dicen los que se oponen a su ejecución- a
combatir el crimen organizado, mucho menos a reducir el alto índice delictivo
en nuestro país.
Opinión contraria
tenían los que estaban a favor de la no abolición de la pena de muerte, ya que
refutaban que era necesaria su aplicación porque estaba demostrado que la
delincuencia había rebasado a nuestras autoridades de seguridad, procuración y
administración de justicia. Bastaba con escuchar las noticias o leer los periódicos
para comprobar tal situación.
En México, la paz
social, factor determinante para el desarrollo de la sociedad, actualmente ha
sido quebrantada por el crimen organizado, infiltrándose principalmente en las
altas esferas de las instituciones encargadas de la seguridad, procuración y
administración de justicia a tal grado que las están rebasando, como es el caso
del estado de Michoacán -por no mencionar otras entidades-, donde imperan los
cárteles de la droga.
De no actuar el
gobierno federal de manera pronta y eficaz, Michoacán se convertirá en el
primer estado gobernado por el narcotráfico.
La
situación de Michoacán es preocupante y debe ser considerada de alta prioridad
para el gobierno federal, ya que una paz social siempre será garantía para
atraer la inversión extranjera, estimulando la confianza y desarrollo de
nuestra Nación para una mejor calidad de vida de todos los mexicanos.
Por ello,
lamentable resultó lo expresado en días pasados
por el gobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna García, quien al ser
cuestionado por los medios de comunicación al término de una reunión que
mantuvo con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de otras
personalidades de la políticas de esa entidad, en lo referente a la seguridad
que hoy se ha visto amenazada por los cárteles del narcotráfico, minimizo el problema, lo que sin duda
no es congruente con el bienestar que dice buscar para todos los michoacanos,
aunque la firma del Acuerdo por Michoacán, dijo que es el compromiso de “ir todos juntos y unidos” para lograr
el desarrollo de la entidad.
El minimizar la problemática de inseguridad que viven los
michoacanos, puede sonar a mentira que en nada favorece al fortalecimiento de
un Estado de Derecho, el que debe estar cimentado en la verdad, por dolorosa
que ésta sea.
La problemática de inseguridad que hoy vive el estado de
Michoacán, se vio más agravada por la prórroga de licencia que le fue
autorizada por el Congreso local al gobernador constitucional Fausto Vallejo, y
por la renuncia de dos figuras principales de su gabinete, la del procurador general
de Justicia del Estado Plácido Torres, quien llegó a ocupar el cargo desde el
15 de febrero de 2012.
Renuncia a la cual se le sumaría la del secretario de
Finanzas Carlos Ríos Valencia, quién venía ocupando este encargo desde el
pasado 13 de marzo del 2013. Al igual que el ex procurador, dimitió por motivos
personales.
¿Sería conveniente y necesario implementar
nuevamente la pena de muerte para recuperar la paz social en México?
Habría que preguntarles a los que por causa del
crimen organizado han perdido su patrimonio, la libertad de un familiar o la
vida de un ser querido, seguramente, ellos tendrán la mejor respuesta.
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