De acuerdo con reportes financieros de Petróleos Mexicanos (si son los que se entregan a las bolsas de valores de Wall Street, seguramente los más confiables), a partir de 1995 hasta el primer semestre de 2014 la paraestatal logró ingresos, sólo por concepto de crudo exportado, por 542 mil millones de dólares.
En los desagregados de la estadística oficial de ese periodo, se establece que, durante el sexenio de Ernesto Zedillo Ponce de León, la captación fue de 64 mil millones de dólares; en el tiempo correspondiente a Enrique Peña Nieto, 77 mil millones de dólares.
En poco menos de ocho años de administraciones priistas, la suma fue de 141 mil millones de dólares.
En doce años de las presidencias panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, el ingreso por exportación de crudo alcanzó poco más de 400 mil millones de dólares. A un tipo de cambio promedio de doce pesos por dólar, esa captación se aproxima a los cinco billones de pesos. Se está hablando sólo de la conversión de petrodólares ingresados por ventas al extranjero. No se incluyen las ventas en el mercado interno.
Según la revisión de las Cuentas Públicas del gasto federal en los dos sexenios panistas, practicada por la Auditoría Superior de la Federación de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, en ese lapso se detectaron graves y cuantiosos desvíos en la gestión de la renta petrolera.
Durante el sexenio de Fox, el Producto Interno Bruto (PIB) creció a un promedio anual de 2.28 por ciento. Fox en campaña había prometido 7 por ciento anual de crecimiento de la economía. Durante el mandato de Calderón, en el que las cotizaciones del crudo en el mercado internacional se dispararon, el PIB apenas creció a una tasa de 1.91 por ciento anual.
A la par que la opinión pública se preguntaba qué destino tuvo la colosal captación de dólares por la exportación de petróleo, medios de comunicación empezaron a develar tráfico de influencias y negocios en Pemex atribuidos a los hijos de la señora Marta Sahagún de Fox, por supuesto con la anuencia y complicidad de los sucesivos directores generales de la paraestatal.
Los datos citados se circunscriben únicamente al ingreso foráneo de Pemex, pero la propia Auditoría Superior de la Federación reportó irregularidades contables en la operación de centenares de fondos y fideicomisos utilizados para trasegar recursos del presupuesto, y que durante los sexenios de Fox y Calderón estuvieron fuera del alcance de la fiscalización legislativa, so capa de respetar el secreto fiduciario.
En ese periodo azul -que no pocos analistas han bautizado como el de La docena trágica-, salvo en el escándalo del Pemexgateimputado al PRI, la Secretaría de la Función Pública y la Procuraduría General de la República fueron omisas en la investigación sobre los crímenes económicos a costa del patrimonio nacional.
Hace unas semanas, el jefe nacional del PAN con licencia para buscar su nominación a una diputación federal, Gustavo Madero Muñoz declaró que, el de la corrupción, es en México un “problema cultural”. Y se quedó tan campante.
¡Hete ahí! que el 3 de octubre pasado, el jefe nacional suplente del PAN, Ricardo Anaya Cortés, sin el menor asomo de autocrítica a la conducta de sus propios gobernantes, lanzó a la rosa de los vientos una lucidora iniciativa de reforma constitucional para crear un ente con el pomposo nombre de Sistema Nacional contra la Corrupción (para “la ética pública”, no faltaba más), a fin de combatir la peste que cuesta a los mexicanos anualmente billón y medio de pesos; 9 por ciento del PIB.
El PAN propone -novedad de novedades- que tal sistema quede a cargo de representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo y los gobernadores, entre otros. Y aconseja más: Darle más facultades a la Secretaría de la Función Pública, que desde hace dos años es conservada en el limbo jurídico, sin titular pero con jugoso presupuesto.
En buen cristiano, la nueva ética pública equivale a dejar la Iglesia en manos de Lutero. Tartufovuelve a atacar… con balas de salva
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