* El Distrito Federal, Estado de México, Veracruz y Oaxaca, los focos rojos donde repuntan las agresiones
* En la jornada electoral reciente, reporteras del Estado de México, sufrieron cárcel y vejaciones.
La tarea de informar y ejercer la libertad de expresión por parte de mujeres periodistas, reporteras, conductoras, fotógrafas y editoras, en nuestro país, hoy está en alto riesgo. A la condición de una profesión calificada de peligrosa, se suma un aparato institucional, que a través de funcionarios públicos, ejercen desde violencia verbal hasta violencia física hacia las mujeres que ejercen el periodismo en México.
Fabiola González Barrera, responsable del área de redes de periodistas y el programa de libertad de expresión de la organización Comunicación y Organización de la Mujer (CIMAC), afirma que del 2002 al 2013, los ataques a las mujeres periodistas aumentaron en un 2,250%, en tanto que hacia los hombres, las agresiones aumentaron en 276%, lo que indica que la agresión es sistemática y estructural.
Nuestra organización -comenta- realiza una evaluación cada dos años sobre la violencia hacia las mujeres en México, y en este momento, estamos por terminar la evaluación que incluirá, también lo sucedido en las pasadas elecciones federales, donde registramos al menos cinco casos de violencia hacia las mujeres periodistas.
"Lo que podemos adelantar por ahora, es que la tendencia de estas situación adversa al ejercicio periodístico en las mujeres, se está concentrando en el Distrito Federal, Veracruz, Oaxaca y Tamaulipas. Ya el informe señalaba que de las 32 entidades, el DF registró 40 casos, Oaxaca 22 y Veracruz con 20".
Pero la violencia no individual, es parte de un contexto, de la estructura misma de un sistema y el comportamiento de los funcionarios en turno. La medición de la violencia hacia los periodistas, hombres y mujeres, pasa necesariamente por la evaluación de otros parámetros que tiene que ver con el comportamiento de las instituciones, de funcionamiento, del cumplimiento por parte de los funcionarios públicos para cumplir con la transparencia de la información, con su comportamiento ético y con la aplicación de la ley y la justicia.
El pasado año, un reporte de la organización internacional Freedom House, calificó a nuestro país, como un lugar donde " No hay libertad de prensa", ubicándonos en un grupo junto a Cuba, Venezuela, Ecuador y Honduras.
"Saldo blanco"
La jornada electoral del 7 de junio, también dejo saldos en contra de las periodistas
Para las autoridades federales, las elecciones tuvieron un "saldo blanco", no así para el gremio que registró 27 agresiones a periodistas, cinco de estos casos directamente relacionados con mujeres que estaban ejerciendo su derecho de informar para sus medios.
El caso que más llamó la atención, fue el de las reporteras Teresa Cárdenas García y Claudia García Fragoso, de los periódicos Azteca y Expediente, ambos con difusión en el Estado de México.
Teresa y Claudia, explica Fabiola González, fueron detenidas al momento de documentar la compra de votos en la zona oriente del Estado de México. Sin precisar bajo qué argumentos fueron detenidas en un ministerio público por más de 24 horas, fueron agredidas verbal y sociológicamente. Por parte de la autoridad no se obtuvo una respuesta legal y racional sobre estos lamentables hechos. Ahora el caso lo lleva la organización Propuesta Cívica y ya interpusieron una demandan ante la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
La violencia hacia las mujeres periodistas en México, afirma Fabiola, es la sicológica, seguida de la violencia física y la violencia institucional, que está presente por parte del Estado Mexicano, propio de un régimen de impunidad.
Un dato que llama la atención, es que las agresiones se acentúan en las periodistas que laboran en los llamados medios alternativos o empresas pequeñas y que la edad de las oficiantes oscila entre los 30 y 35 años de edad.
Principal agresor el Estado Mexicano
 Para CIMAC, no hay medios pequeños, todos tienen la misma importancia y las mismas facultades y la oportunidad de la trascendencia ante una sociedad ávida de información.
El caso de la periodista Carmen Aristegui, la organización Comunicación e Información para Mujeres, lo registra como una censura, cuando se sabe que el principal agresor es el Estado Mexicano.
Otro emblemático caso, es el de Ana Lilia Pérez, quien tuvo que abandonar nuestro país, refugiarse en Alemania para poder denunciar la profunda corrupción en las instituciones mexicanas, entre ellas, Pemex. Y también el caso de Lidya Cacho, que sigue enfrentando su denuncia ante un aparato de justicia impermeable de corrupción.
Y en este apartado, también se incluye el caso de la periodista Celeste Saénz de Miera, quien ha sido amenazada y vulnerada en su privacidad por el aparato de gobierno del Estado de Morelos.
¿Qué hacer?
 La representante de Cimac, sostiene que en primer lugar, para evitar que ese clima vaya en detrimento de la calidad de la vida y ejercicio profesional, el Estado Mexicano tiene la obligación de cumplir con la declaración del Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer.
Además de reafirmar el Examen Periódico Universal y las recomendaciones que la misma Relatoria Especial por la libertad de Expresión de la Organización de los Estados Americanos.
Necesario y urgente que el Estado garantice una vida libre de violencia e incluya la participación de las mujeres en el ejercicio de la libertad de expresión.
Y…qué les dices a las mujeres periodistas, a las reporteras que enfrentan condiciones difíciles todos los días?
Primero que no desistan de una profesión de gran importancia para la sociedad, que la ejerzan con ética y que apliquen protocolos de seguridad y prevención. Y que si por alguna circunstancia se ven inmersas en una situación difícil, se dejen acompañar por organizaciones que nos dedicamos a ofrecer guías y protección a periodistas, concluye Fabiola González Barrera, responsable del área de redes de periodistas y el programa de libertad de prensa de CIMAC.
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