GRACO RAMÍREZ DEJÓ POR ALGUNAS SEMANAS SU CAMPAÑA en busca de la candidatura a presidente de la República y ya no ofrece conferencias de prensa a medios nacionales. La razón: le van a preguntar sobre las fosas de Tetelcingo y los 150 cadáveres ahí enterrados.
NI LOS MÁS de 400 millones de pesos anuales que gasta en publicitar su imagen pudieron evitar que este escabroso tema lo bajara de cualquier encuesta sobre presidenciables.
Y es que a partir del 5 de noviembre pasado el tema de las fosas “clandestinas” ha llegado hasta medios internacionales que cuestionan quién manda en Morelos.
La imagen enviada por los corresponsales a sus respectivos medios hablaba por sí misma: hombres vestidos con trajes especiales de color blanco sacaban cadáveres con la ayuda de una máquina de las conocidas como “mano de chango”. A simple vista se observaban decenas de bultos depositados en el pasto mientras la máquina seguía con su macabra tarea de seguir exhumando cuerpos… o lo que quedaba de ellos.
Para ese momento, el video conteniendo las mismas imágenes ya descritas se hacía viral en las redes sociales. “Encuentran fosa con 150 cadáveres en Morelos”, titulaban los portales digitales.
En las oficinas de Gobierno los teléfonos no dejaban de sonar. Las agencias internacionales ya estaban solicitando una versión oficial de los hechos a la Secretaría de Comunicación pero lo cierto es que esa oficina tampoco tenía información al respecto.
Con lo único que contaban era la propia entrevista concedida por los familiares de una de las personas inhumadas, donde aseguraban que se trataba de una fosa clandestina.
“Ahorita lo que estamos haciendo es buscar la verdad, que se esclarezcan los hechos, que paguen los culpables quienes tengan que pagar y lo he dicho como madre, yo ya tengo a Oliver, pero sí pido justicia, que se esclarezca la verdad, además de los 149 cuerpos que hay ahí”, declaraba a los medios María Concepción Hernández.
La página de internet de la influyente revista Proceso subía el macabro video alrededor de las 19 horas del jueves 5 de noviembre, y “lo vendía” así:
 “La Fiscalía General de Morelos cuenta con sus propias fosas comunes clandestinas donde inhuma sin permiso y de manera subrepticia cadáveres que nadie reclama, algunos de los cuales ni siquiera cuentan con número de carpeta de investigación ni siquiera constancia alguna del levantamiento del cuerpo.
“Al menos 150 cuerpos fueron colocados en dos fosas ubicadas en un predio del poblado de Tetelcingo, en Cuautla, según la investigación realizada por la familia Rodríguez Hernández, que incluye una grabación en video en la que se observa una diligencia en la que se exhumaron los cuerpos y luego fueron inhumados de nueva cuenta”.
Asociated Press no tardó en enviar la información a todo el mundo: “Una agencia gubernamental de derechos humanos investigará por qué 150 cuerpos de víctimas del crimen fueron enterrados en fosas en el estado de Morelos, en la región central de México.
“Algunos de los cadáveres pudieron ser enterrados en las fosas comunes con el simple propósito de limpiar una morgue estatal. Pero otros cuerpos no llevaban consigo las etiquetas de caso con la que supuestamente deberían ser sepultados, lo que ha generado dudas sobre las causas de su muerte”, decía la agencia de noticias internacional.
Máximo nivel
 Pero la noticia alcanzó su máximo nivel cuando el video apareció en la cadena norteamericana Univisión. En transmisión en vivo desde París, donde acababan de ocurrir atentados terroristas, el famosísimo conductor Jorge Ramos presentó la información de esta manera: “En los actos terroristas de los últimos días aquí en Francia murieron alrededor de 120 personas, pero en sólo una fosa clandestina en México se encontraron más de 150 cadáveres”.
Y como si no fuera suficiente el escándalo, le agregó un ingrediente más: la opinión del sacerdote Alejandro Solalinde, premio nacional de Derechos Humanos, quien desde días cuestionó la versión oficial del gobernador de Morelos, Graco Ramírez, en el sentido de que era una fosa común, no clandestina.
“Son dos fosas y sí son clandestinas porque por más que el Gobierno de Graco Ramírez quiera decir que están en orden, todo es irregular. Tengo las pruebas. Y no nos extraña que el gobierno quiera ocultar todo, más bien si se hiciera una investigación habría que ver los nexos que seguramente algunos funcionarios del Gobierno de Graco Ramírez tuvieron con los cárteles”, dijo el Padre Solalinde en horario triple A de la cadena más importante de habla hispana.
El hecho provocó la burla de los críticos del gobierno graquista, al considerar que de nada sirvió que en el 2013 Morelos haya ocupado el cuarto lugar nacional en pago a medios de comunicación, con más de 400 millones de pesos, y que un solo hombre haya echado por tierra la reputación del gobernante.
Oliver, el origen de todo
 Lo más increíble de este asunto, es que el hecho no es nuevo ni desconocido para muchos en Morelos.
El reportero Carlos Quintero ha venido cubriendo el caso de Oliver Wenceslao Navarrete Hernández desde hace por lo menos ocho meses, cuando contactó a la madre del joven secuestrado y asesinado en mayo del 2013, en la ciudad de Cuautla.
Ella le relató cómo la mañana del 3 de junio, en la carretera federal Cuautla-Izúcar de Matamoros en una barranca conocida como Los Papayos del municipio de Ayala, la policía encontró de manera fortuita el cadáver de Oliver, quien contaba con 31 años al momento de su muerte.
El personal de servicios periciales y agentes de investigación criminal llevaron a cabo la diligencia del levantamiento del cuerpo que estaba en avanzado estado de descomposición y por eso la familia solicitó un examen de ADN y confirmó que se trataba de Oliver, iniciándose la carpeta CT/UIDD-A/1791/2013 por homicidio.
La madre de la víctima, María Concepción, reclamó su cuerpo y se entrevistó con la entonces Subprocuradora de la Región Oriente, Liliana Guevara Monroy, quien le pidió dejar un tiempo más el cadáver para realizar nuevas pruebas científicas “porque ya tenemos identificados a los responsables y tenemos que evitar que salgan libres, una vez que sean detenidos”, argumentó.
La familia decidió colaborar con la autoridad ministerial para que el crimen de Oliver no quedara impune, por eso accedieron a dejar un tiempo más el cuerpo de Oliver en la cámara frigorífica del Semefo de Cuautla.
“Posteriormente, la carpeta se la llevan a Cuernavaca, la tenía el licenciado Rodrigo Dorantes en ese entonces el fiscal, se la turnan a la licenciada Adriana Pineda junto con el licenciado Christian Vizuet. Dos o tres veces por semana yo iba a que se me diera información sobre las investigaciones que se iban realizando, a su vez yo preguntaba que pasaba con (el cadáver de) mi hijo Oliver, a lo que ellos siempre me contestaban que estaba aquí en el Semefo de Cuautla”, narró la afligida mujer.
Pero en diciembre de 2014, un familiar del occiso acude al anfiteatro a cumplir una tarea como estudiante de Derecho y se entera fortuitamente que el cadáver de Oliver ya no está. Más tarde le confirmarían a la madre que todo ese tiempo la estuvieron engañando, pues el cadáver de su hijo fue inhumado, junto con decenas de desconocidos, desde el 28 de marzo del 2014.
A partir de ese momento, la indignación de una madre y el deseo de darle cristiana sepultura a su hijo, se convertirían en el motor de un incansable peregrinar con un desenlace que ningún servidor público pudo siquiera imaginar.
El segundo entierro de Oliver
La madre de Oliver se entrevistó con el entonces Fiscal General Rodrigo Dorantes Salgado, casualmente cuando éste acudió a Cuautla a darle posesión al nuevo titular de la Fiscalía Regional, José Manuel Serrano Salmerón.
En ese entonces la mujer pidió al Fiscal General que exhumaran el cadáver de su hijo y se lo entregaran para que ellos le dieran una sepultura digna.
Hasta el momento, desconocen la razón por la que “alguien” decidió enviar el cadáver de Oliver a la fosa común, cuando ya estaba perfectamente identificado.
Prácticamente un año tardó la familia para lograr que la autoridad resarciera su error y exhumara el cuerpo de Oliver.
El colmo fue que prácticamente todos los gastos generados por esta operación, fueron sufragados por la familia del occiso, incluyendo la contratación de maquinaria pesada.
¿Y los otros cadáveres?
Las autoridades suponían que, al haber cumplido con su compromiso moral y religioso de darle una sepultura digna a Oliver, la familia dejaría “por la paz” el asunto.
Pero no fue así. La familia contrató un abogado para que presentara una denuncia por posibles delitos de ejercicio indebido de servicio público, así como violación a las leyes sobre inhumación y exhumación de cadáveres, en el caso de Oliver.
Y no sólo eso. También denunciaron a la opinión pública las irregularidades que descubrieron al acompañar a los empleados de la Fiscalía a hacer la exhumación de Oliver, y ver las condiciones en que fueron enterrados los demás muertos.
 Según la madre y la tía de Oliver, ellas sienten un compromiso moral con todos esos seres humanos que están enterrados en esas dos fosas de Tetelcingo, que quizás también tienen madres y esposas buscándolos desesperadamente.
Por eso es que acudieron a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) y a los medios de comunicación, sobre todo porque la Fiscalía se niega sistemáticamente a proceder contra sus propios funcionarios públicos, o al menos así ocurría hasta antes de que este asunto trascendiera a nivel nacional.
En la Comisión Estatal de Derechos Humanos se inició la queja 190/2015-2. Tras recibir toda la información de los familiares de la víctima, en octubre pasado la Comisión gira oficios al Registro Civil para que informe si se tenía conocimiento de la inhumación de los restos del finado en el predio de Tetelcingo, recibiendo respuesta en sentido negativo.
Por su lado, la familia mandó hacer un peritaje en materia de grafoscopía, mismo que determinó que la firma que aparece en la orden de inhumación, no es la del Ministerio Público Edgar Rodolfo Núñez Urquiza, que se había encargado de integrar la carpeta por el homicidio de Oliver.
Cabe mencionar que sí hubo un detenido como presunto responsable de la muerte de Oliver, un sujeto de nombre Juan Manuel, pero salió libre por falta de pruebas. Según la madre del occiso, esto se debió a un error de la Fiscalía, al imputarle al detenido sólo el delito de homicidio, y no el de secuestro. Por este “error”, la familia inició la carpeta CT-UIDD-A/586/2015.
El pasado 3 de noviembre, la CEDH solicitó al entonces encargado de despacho de la FGE y actual Fiscal General, Javier Pérez Durón, informe sobre la situación actual que prevalece en la carpeta de investigación CT-UIDD-A/586/2015 y además, si dicha institución cuenta con base de datos de los cuerpos que no han sido reclamados por familiares, ficha identificativa, protocolo de actuación para la inhumación de cuerpos donde se desconoce su identidad, si se practican pruebas de ADN y si existe registro de manera individualizada de los cuerpos inhumados por instrucciones de la misma Fiscalía General del Estado.
Hasta el momento de redactar el presente reportaje, la Comisión no había recibido respuesta alguna.
El asunto del video
¿Por qué el video comenzó a ser difundido el 5 de noviembre y no antes?
El reportero Carlos Quintero, uno de los tres autores del reportaje “Los dos entierros de Oliver” (publicado en la edición agosto de “Sólo para Abogados”) comenta que durante sus entrevistas la señora Concepción siempre habló de la existencia de un video que su hermana tomó el día de la exhumación, y que incluso el perito llamado Gerson intentó persuadirlas de que no tomaran imágenes.
Por eso es que había información documental y testimonial, pero no audiovisual.
 Fue hasta el pasado jueves 5 de noviembre la madre de Oliver y siete familiares más acudieron a la sesión de consejo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos para solicitar a este organismo dar impulso a las investigaciones, al tiempo que refieren la sospecha de que otros familiares desaparecidos pudieran encontrarse en la fosa común de Tetelcingo del municipio de Cuautla.
“En atención a lo anterior, se acordó un recorrido de inspección al predio antes mencionado para el día viernes 6 de noviembre, al cual asistió la Secretaria Ejecutiva de CDHMorelos, Mtra. Fabiola Colín Bolaños, la visitadora encargada del expediente de queja 190/2015-2, Mtra. Perla Bahena Díaz, familiares de Oliver Wenceslao y peritos del Instituto de Análisis Forense e Investigación Criminal A.C. especialistas en criminología, para poder obtener estudio avalado. Cabe señalar que la FGE fue invitada a participar, sin embargo no asistió”, dice un comunicado de la CDH.
Y agrega: “Resultado de la inspección, se observó que el predio en el que se encuentran inhumados los 149 cadáveres carece de una barda perimetral, tampoco existe alumbrado público, no hay oficinas de atención al público, y carece de los servicios de agua potable y drenaje; de igual forma atraviesa dicho predio un camino de zaca, lo que nos hace presumir carece de requisitos mínimos para su funcionamiento.
En este sentido, este organismo defensor de los Derechos Humanos hará un desglose del expediente 190/2015-2, afín de iniciar un expediente por separado y de esta manera profundizar en el caso que atañe a la existencia y funcionamiento de esta fosa donde se encuentran inhumados los restos sin identificar de más de un centenar de personas en el poblado de Tetelcingo, municipio de Cuautla, Morelos”.
También menciona que, al concluir el recorrido de inspección, el personal de CDHMorelos acudió a la Fiscalía Regional Oriente para verificar las actuaciones que obran en la carpeta de investigación CT-UIDD-D/2101/2015, ya que dicha carpeta se inició de manera oficiosa por la propia Fiscalía encaminada a investigar los actos que habían sido denunciados con anterioridad por la señora Concepción Hernández, “observándose que la indagatoria sólo cuenta con tres actuaciones desde su inicio hace 6 meses y no cuenta con registro de avance reciente, de tal manera que existe inactividad en la investigación por parte de la misma Fiscalía”.
Pero lo más trascendente de todo lo anterior, es que en esa sesión de Consejo de la CDHMorelos, fue donde se comenzó a distribuir el video de la exhumación que fue subido de inmediato a las redes, de tal manera que, al día siguiente que estaba prevista la inspección, el predio donde se encuentran las fosas, ya estaba lleno de reporteros y camarógrafos de infinidad de medios de comunicación de nivel nacional y agencias internacionales.
Los errores de la fiscalía
Como se mencionó al principio de este reportaje, cuando el video de los cuerpos “se viralizó” en redes sociales, el Gobierno del estado no sabía de qué se trataba exactamente, y su reacción fue torpe.
En medio de este “huracán informativo” se encontraba el encargado de despacho de la Fiscalía, Javier Pérez Durón, un abogado que entró a trabajar a la Fiscalía como auxiliar administrativo en julio de 2014 y un año después ya estaba a cargo de la dependencia.
Su meteórico ascenso tiene una razón: es sobrino de Olga Durón, la primera esposa del gobernador Graco Ramírez.
A la salida del entonces fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, el sobrino del mandatario se queda como encargado de despacho pero además, con opción a ser ratificado si el Congreso así lo determinaba. Y la sesión donde se elegiría al nuevo fiscal estaba programada para el viernes 6 de noviembre, apenas unas horas después de que “explotara” la bomba mediática.
Es decir, que Pérez Durón ya no sabía a qué tema darle más importancia, si a dar respuesta a los medios de comunicación sobre el asunto de “las fosas clandestinas”, o al “cabildeo” con los diputados para asegurar su permanencia en el cargo, ahora como titular.
Quizás esa fue la circunstancia que tuvo como consecuencia que la reacción del Gobierno del estado no fuera tan contundente ante el vapuleo mediático nacional e internacional.
Y es que, en un intento por no confrontarse con los familiares de Oliver, en el primer comunicado emitido por el Gobierno de Morelos la noche del 5 de noviembre en referencia a este asunto, se menciona la frase “inhumación clandestina”, como si se estuviera admitiendo el hecho.
Al otro día por la noche, cuando fue abordado por los reporteros inmediatamente después de protestar formalmente como fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón prometió castigo a los responsables y fue ambiguo en el tema de la legalidad de las fosas.
“Es un hecho lamentable, estamos integrando ya una carpeta de investigación que tenemos del asunto de Wenceslao, desde luego también estamos con los procedimientos administrativos”, afirmó. El fiscal reconoció que “no están de manera visible” los permisos de las fosas comunes operadas por la Fiscalía. “Hay un convenio por ahí, pero quisiera no dar tantas declaraciones, ya el lunes daremos una declaración.
El proceso como tal para poderlos identificar al parecer está correcto, está de manera correcta, lo que no tenemos de manera bien visible son los permisos administrativos”, dijo la noche del viernes 6 de noviembre.
Ya como titular de la dependencia, el sábado 7 el gobierno del estado difundió en redes sociales un video donde Pérez Durón asegura en forma contundente que no son 150 cadáveres sino 105, y que no se trata de una fosa clandestina, sino de una fosa común.
Sin embargo, admite que “creemos que pudiera existir alguna responsabilidad administrativa en virtud de que refieren que este panteón no cuenta con los permisos tanto de Salud como los permisos de su mismo municipio”.
 Fue hasta el jueves 26 de noviembre, durante su comparecencia ante el Congreso Local, que el fiscal general aporta una explicación más o menos completa de este asunto, en los siguientes términos:
- Que el predio donde se llevó a cabo la inhumación es propiedad de Socorro Tlapala Becerro, cuyo padre inició “los trámites de funcionalidad del panteón”, desde 1994.
- El propietario presenta un documento emitido por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas en 1999 donde se menciona que “la propuesta para instalar el nuevo panteón de Tetelcingo en el predio denominado “El Maguey” es procedente”.
- Socorro Tlapala Becerro donó el pedazo de terreno para la instalación de las dos fosas comunes a petición de la coordinadora general de servicios periciales, Ana Lilia Guerrero, SIN QUE EXISTA REGISTRO DE PAGO ALGUNO.
- Que el 28 de marzo fueron inhumados 118 cuerpos, de los cuales después fueron exhumados dos (el de Oliver y el de otra persona).
- Que ocho cuerpos no cuentan con carpeta de investigación y se trata de personas indigentes que murieron en la calle o en hospitales.
- Que todas las carpetas de investigación relacionadas con los 118 cadáveres están siendo concentradas en una fiscalía especial creada exprofeso.
- Que las carpetas datan de los años 2011, 2012 y 2013, no así del 2014 ni el presente año.
- Que Servicios Periciales asegura que se practicaron las pruebas de ADN a todos los cuerpos, pero esto se constatará cuando se tengan todos los expedientes reunidos.
- Que en 11 casos, los inhumados tienen antecedentes penales pero no se ha buscado a sus familiares para que reclamen sus cuerpos.
- Que la tarjeta informativa firmada por un elemento de la Policía del Mando Único, en el que se aseguraba que eran 150 cuerpos, carecía de veracidad, pues al ser citado a declarar ante el Ministerio Público, el policía confesó que se manejó esa cantidad durante la diligencia, pero que no le consta porque nadie contó los cadáveres.
- Que en el caso de Oliver, el cuerpo se entregó a sus familiares, pero aún no se determina por qué fue enviado a la fosa común si estaba plenamente reconocido. Para deslindar responsabilidades, se inició una investigación penal y otra administrativa.
- Lo único que no pudo desmentir Pérez Durón, es que el gobernador Graco Ramírez tuvo conocimiento de los hechos (o al menos debió ser informado) toda vez que hay documentos en poder de la familia Navarrete Hernández, con el sello de recibido de la oficina del gobernador, donde le pedían ayuda para recuperar el cuerpo de Oliver Wenceslao.
Bola de nieve
En conclusión, la difusión de un video con imágenes muy fuertes, así como las declaraciones de algunas personas que incluso insinuaban que ahí podrían estar los 43 estudiantes de Ayotzinapa, propició un efecto “bola de nieve” que no fue contrarrestado oportunamente por el gobierno de Graco Ramírez, lo que le provocó graves daños mediáticamente hablando.
Asimismo, el proceso de selección del nuevo fiscal influyó para que la reacción de la autoridad fuera ambigua y vacilante. Cuando ya se dio información precisa sobre los hechos, los efectos en contra del gobierno de Morelos ya habían producido su efecto devastador.
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