• Tres personas integran el Secretariado Ejecutivo para Asuntos de Justicia Penal
A PESAR DE QUE EN EL ESTADO DE MORELOS los juicios orales existen desde el 2008, son escasos los avances que se tienen a un año de que el nuevo sistema de Justicia Penal se aplique en todo el territorio nacional. En el sexenio de Graco Ramírez Garrido todo ha sido simulación, pues no se ha destinado prácticamente nada a este rubro, y lo que manda la Federación no se sabe dónde quedó.
UN DATO que ejemplifica claramente la falta de voluntad política del actual gobierno con respecto a los juicios orales es que el Secretariado Ejecutivo para Asuntos de Justicia Penal (órgano implementador) redujo su plantilla de 14 a sólo tres servidores públicos.
Y si bien es cierto que en comparación con el resto del país Morelos lleva una considerable ventaja en lo que se refiere a capacitación de jueces, agentes del Ministerio Público, defensores públicos e incluso policías, también lo es que éstos últimos sólo tienen nociones básicas de lo que debe ser su actuación, en tanto que los agentes del MP y defensores públicos que se capacitaron con recursos públicos, muy pronto se convirtieron en prósperos litigantes particulares y las instituciones no tienen la capacidad para preparar una nueva generación de expertos en juicios orales.
Recorte presupuestal
El principal problema del nuevo sistema de justicia penal es que el estado carece de recursos propios que pudieran ser destinados a ese rubro, de tal manera que todo, absolutamente todo, depende del dinero que mande la Federación a través de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (SETEC).
Y en ese sentido, la SETEC acaba de anunciar un recorte presupuestal de 19 mil millones de pesos a nivel nacional, lo que necesariamente repercutirá en la entidad morelense, quizás no en el rubro de las obras públicas, pero sí en el pago a policías, agentes del MP y defensores que completaban su sueldo con un bono de la SETEC.
El doble discurso de Graco
 Aunque durante su campaña para gobernador y en los primeros actos de su administración, Graco Ramírez dijo estar dispuesto a apoyar plenamente el multicitado sistema heredado por el gobierno panista, en los hechos ha demostrado todo lo contrario.
“El gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, enfrenta el terrible dilema de respetar el sistema acusatorio que asumió como suyo al iniciar su gobierno, o echar a la basura la presunción de inocencia y dar rienda suelta a la jubilosa presentación de detenidos y así dar la imagen de que está acabando con la delincuencia”, publicó la organización no gubernamental denominada “Presunción de Inocencia” en su portal de internet.
Y es que en sus inicios el gobierno estatal buscó contrarrestar las críticas sobre la inseguridad que prevalece en la entidad con rimbombantes anuncios sobre detenciones de supuestos delincuentes. En las primeras conferencias de prensa, ofrecidas por el entonces procurador Mario Vázquez Rojas, se dio rienda suelta a la vieja costumbre de exhibir a los detenidos y declararlos culpables de diversos delitos cuando el juez oral ni siquiera había calificado aún como legal su detención.
Después se fueron moderando
Decidieron ponerle una franja negra que cubre únicamente los ojos de los presuntos responsables, pero siguieron enviando esas fotografías a los diferentes medios de comunicación.
En la Procuraduría de Justicia del Estado encontraron la forma de “balconear” a los detenidos sin violar la ley que prohíbe exhibirlos: tomarles la foto cuando los están bajando de la patrulla y son conducidos al Ministerio Público, y no en las instalaciones de detención, como se hacía antes.
Aunque el gobernador del estado cuenta con un título que lo acredita como licenciado en Derecho que le expidió la Secretaría de Educación Pública mediante el polémico acuerdo 286 por “reconocimiento de experiencia”, sus discursos sobre temas jurídicos lo han dejado en evidencia. Quizás por eso se canceló la publicación de las versiones estenográficas de sus discursos.
 “Yo quisiera resaltar que estamos en la etapa que hemos denominado la cadena de justicia en Morelos, el avance del Poder Judicial en este sistema garantista de carácter adversarial, (juicios) orales, hemos avanzado mucho, vamos a entrar, ayer lo anunciaba yo en la instalación del congreso que teníamos que tomar en cuenta cómo se está construyendo el nuevo código federal de procedimiento penal que tiende también a generar ya en el sistema judicial federal, el compromiso de marchar por el sistema de justicia adversarial oral, y que tenemos que observar que en ese debate se están dando dos puntos de vista, ciertamente el sistema de justicia adversarial está generando bajo la lógica garantista... y que la presunción de inocencia y que el debido proceso... pero también está el punto de vista de que tenemos que buscar un equilibrio para que la víctima también tenga la plena garantía en ese debido proceso y sea considerada la parte de la víctima más que de la presunción de inocencia”. Como se puede observar, el gobernador de Morelos confunde los derechos del imputado con los derechos de la víctima.
En la reunión con el procurador general de la República y procuradores de varios estados, fue todavía más allá: exigió “coordinación” entre agentes del Ministerio Público y jueces para evitar que salgan libres los delincuentes.
“Y quiero decirles que la figura del Observatorio está con el Poder Judicial y la Fiscalía, vamos construyendo también una estrecha relación entre ellos, manteniendo sus autonomías pero con el Poder Judicial del estado vamos a encontrar la manera, más casos en el sistema acusatorio de justicia que se harían esta coordinación entre fiscal y el juez, para poder vincular a proceso a presuntos delincuentes con mayor efectividad”, dice la versión estenográfica del referido discurso del 4 de octubre del 2013.
El último aviso fue el 5 de noviembre de ese mismo año, al inaugurar los cuarteles de la Policía Preventiva en Huitzilac. Ahí el gobernador Graco Ramírez denunció que el 50 por ciento de los detenidos por robo de vehículo son liberados debido a que los juzgadores “aprovechan cualquier margen de error en las puestas a disposición para liberarlos”, y dio a conocer que para corregir esta irregularidad, se perfeccionan las puestas a disposición para que los juzgadores no tengan pretexto alguno que justifiquen en sus resoluciones la liberación de los delincuentes.
El entonces procurador Rodrigo Dorantes completó la información diciendo que había tres jueces denunciados ante el Consejo de la Judicatura por irregularidades en sus resoluciones.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Nadia Luz Lara Chávez, hizo una tibia defensa de sus ex compañeros (ella fue juez más de 10 años) y culpó a los agentes del Ministerio Público de las liberaciones de presuntos delincuentes.
La fiscalía heredó todo de la procuraduría, hasta su titular
El 26 de marzo del 2014 se publicó en el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, el decreto mediante el cual el Congreso Local desaparece la Procuraduría de Justicia y crea la Fiscalía General del Estado de Morelos.
En su presentación, se dijo que este decreto dota a la Fiscalía General de dos atributos:
1.- Autonomía de gestión: tendrá la capacidad de administrar los recursos humanos, financieros y materiales que permitirán hacer más eficiente el trabajo en materia de investigación y persecución del delito.
Por ejemplo, “se iniciará la operatividad del Sistema de Carrera para los Ministerios Públicos, Policías y Peritos, mediante lo cual se medirá su desempeño y se podrán reconocer a los buenos elementos que cumplen sus funciones de manera adecuada. Se podrá comprar el equipo requerido de manera directa, sin necesidad de recurrir al Ejecutivo para su aprobación”, decía el documento que daba a conocer la transformación. Agregaba que ahora se define con claridad la relación laboral y administrativa entre el personal y la Institución, pues anteriormente era sólo relación administrativa.
 2.- Autonomía técnica: implica la capacidad para regir su comportamiento bajo criterios de especialización, sin intereses particulares, de grupos sociales o políticos en su actuación y determinación. “Si bien ya existía, ahora se eleva a rango constitucional”, se justificaba. Ello posibilitará una estructura más operativa, enfocada a la investigación y persecución del delito, y menos burocrática o administrativa. “La figura de la nueva Fiscalía va acorde con un modelo de respeto a los derechos humanos, cumpliendo con el derecho al debido proceso, respetando el principio de presunción de inocencia, la protección y reparación integral del daño a las víctimas, así como la transparencia y rendición de cuentas”, presumía la institución.
Pero la realidad es que era la misma dependencia, con las mismas carencias tanto materiales como humanas, con sus mismos problemas, ahora con otro nombre.
Uno de los más graves problemas de la Fiscalía es la falta de personal en la Policía Ministerial, hoy llamada “Policía de Investigación Criminal”.
Plazas “congeladas”
De acuerdo a una investigación de la reportera Maciel Calvo, actualmente sólo 1563 plazas están activas y adscritas, mientras que 260 están congeladas y vacantes por la falta de recursos, debido a que la Fiscalía también arrastra un déficit financiero por la ligera reducción que el año pasado el Congreso realizó a su presupuesto del 2015.
Esto significa que la Fiscalía estatal tiene inactivas el 14.2 por ciento de sus plazas, de las cuales 113 están vacantes y 147 fueron congeladas desde hace más de un año.
Según el último reporte, la Policía de Investigación Criminal es el área operativa con mayor impacto negativo por la falta de personal al tener 127 plazas congeladas o vacantes, de las cuales casi el 50% (53 plazas) corresponden a la Fiscalía Metropolitana; le sigue la Dirección de Servicio Periciales, donde hay un déficit de 32 plazas; las direcciones de Investigación y Procesos Penales de las regiones metropolitana, oriente y sur-poniente, con 20 plazas congeladas; y la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas con un déficit de ocho plazas.
Rezago de 12 mil carpetas por año: abogados
“Por más que se diga que el gobierno está impulsando el nuevo sistema de justicia penal, la realidad es que está a punto de colapsar en razón de que cuando mucho el seis por ciento de las denuncias son judicializadas, el resto pasa a engrosar el rezago histórico calculado en 12 mil carpetas por año”, asegura el abogado penalista José Luis García Moreno.
Entre las razones está que no se ha invertido el dinero suficiente para cubrir las plazas de peritos, fiscales y policías de investigación criminal, bien capacitados para enfrentar esa carga de trabajo, es decir, hay un déficit de recursos humanos.
Y a pesar de las promesas, la corrupción prevalece entre agentes del Ministerio Público. “La falta de un diseño que sirva para preservar evidencias y aportar pruebas al momento de solicitar la formulación de la acusación y vinculación a proceso, ha puesto en evidencia la falta de capacidad del personal, la nula investigación y la poca experiencia en el sistema”, agrega el litigante.
Y va más allá: “Se han tenido casos en los que los fiscales en forma por demás sospechosa obtienen de los juzgadores el beneplácito para dejar sin castigo el delito, es decir, que por falta de elementos, por utilizar indebidamente el lenguaje jurídico o por estar mal formulada la petición, no se vincula a proceso, por esa razón se tiene la impresión de que hay un contubernio fiscal-defensor (incluidos los públicos que ya aprendieron a hacer negocio) y hasta jueces, abandonando a la víctima”.
Actualmente sólo 1563 plazas están activas y adscritas, mientras que 260 están congeladas y vacantes por la falta de recursos, debido a que la Fiscalía también arrastra un déficit financiero por la ligera reducción que el año pasado el Congreso realizó a su presupuesto del 2015.
Esto significa que la Fiscalía estatal tiene inactivas el 14.2 por ciento de sus plazas, de las cuales 113 están vacantes y 147 fueron congeladas desde hace más de un año. Según las autoridades estatales, el impedimento para la contratación de nuevo personal radica en la escasez de recursos por las medidas de austeridad, en los vaivenes de los indicadores macroeconómicos que afectan el erario y en que los aspirantes a formar parte de la institución no cumplen con los requisitos de ley; pero en opinión de organizaciones como la Asociación de Abogados Penalistas, el problema financiero de la Fiscalía tiene raíz en la mala administración y la corrupción.
Según el último reporte, la Policía de Investigación Criminal es el área operativa con mayor impacto negativo por la falta de personal al tener 127 plazas congeladas o vacantes, de las cuales casi el 50% (53 plazas) corresponden a la Fiscalía Metropolitana; le sigue la Dirección de Servicio Periciales, donde hay un déficit de 32 plazas; las direcciones de Investigación y Procesos Penales de las regiones metropolitana, oriente y sur-poniente, con 20 plazas congeladas; y la Dirección General de Asesoría Social y Auxilio a Víctimas con un déficit de ocho plazas.
Muchas ganas pero pocos recursos
A partir de julio de este año, el Gobierno del Estado determinó ofrecer una conferencia de prensa mensual para exponer los avances en materia del nuevo sistema de justicia penal, y designó como vocero al subsecretario de Comunicación Social, Salvador Guerrero Chiprés, quien se hace acompañar por el secretario ejecutivo de Enlace para Asuntos de Justicia Penal, Roberto Soto Castor.
Optimistas, los funcionarios aseguran que a menos de un año de cumplirse el plazo obligatorio para que en todo el país opere el nuevo Sistema de Justicia Penal (SJP), en Morelos existe “un alto nivel” en el cumplimiento de la implementación de dicho sistema acusatorio adversarial.
Soto Castor informó que en materia de infraestructura, además de las instalaciones actuales, está en proceso una inversión de 350 millones de pesos de recursos estatales y federales, para contar con más y mejores oficinas y salas de juicios orales.
Guerrero Chiprés, por su parte, aseguró que en la Fiscalía General de Estado de Morelos recibe un promedio de 4 mil 858 carpetas de investigación por mes, de las cuales el 72 por ciento se resuelve en la primera etapa, el 27 por ciento en la etapa de judicialización y un 19 por ciento se resuelve mediante la justicia alternativa. Es decir, no hay rezago.
Además, se ufanó de que la capacitación policial en Morelos es de 36%, muy superior al 5% registrado a nivel nacional, aunque no pudo precisar si en ese porcentaje están los policías municipales de Cuernavaca, que han venido recibiendo capacitación sobre ese tema desde hace siete años.
Detalló que en todo el país, de los 350 mil policías estatales y municipales, solamente 17 mil están capacitados, según los datos de la Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para Sistema de Justicia Penal (SETEC). En Morelos, añadió, 2 mil 196 policías recibieron cursos de capacitación entre enero y el 21 de septiembre, aunque reconoció que el número de horas dentro de un aula nunca será suficiente para un tema tan delicado.
 Y donde definitivamente no hay nada de recursos para invertir es en el rubro de la socialización, toda vez que en el 2014 la SETEC destinó cinco millones de pesos para difusión de las bondades de los juicios orales, pero en el 2015 sólo concedieron 800 mil pesos y el gobierno de Morelos propuso ocupar ese dinero en contratar a una compañía de teatro para que recorra los municipios representando una obra donde se habla de los juicios orales.
La dependencia que encabeza Soto Castor carece de recursos propios no solamente para difusión, sino incluso para cualquier otra actividad. Su página de internet, http://www.juiciosorales.morelos.gob.mx, la maneja el gobierno del estado y por lo tanto está plagada de publicidad oficial y más que temas de juicios orales, lo que se difunde son actividades del gobernador y del secretario de gobierno.
En tanto que la Secretaría de Información y Comunicación Social, que cuenta con más de 300 millones para publicidad oficial, no tiene ninguna partida exclusiva para la difusión del nuevo sistema acusatorio adversarial.
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