Javier Sicilia llevará el caso ante la CIDH
ENTRE “LA CIUDAD DE LA ETERNA PRIMAVERA”, Cuernavaca, y el descubrimiento de un cementerio clandestino en Tetelcingo, municipio de Cuautla, se desploman los castillos de arena que la inverecundia verborreica del tabasqueño Graco Ramírez Garrido Abreu construye con su visión “progresista” en el estado de Morelos.
COMO SUELEN hacerlo las bandas del crimen organizado en todo el territorio nacional, arrojando a granel a sus víctimas en las denominadas narcofosas, con cargo a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos se ha denunciado la existencia de un panteón (¿sólo uno?) sin licencia municipal ni conocimiento de autoridades sanitarias, donde se depositan los cadáveres no reclamados o reconocidos de personas muertas presuntamente de forma violenta.
Con independencia de lo que resulte de peritajes periciales correspondientes, se calcula que en el cementerio habilitado en un predio de propiedad privada (según parece a nombre de Socorro Tlapala Guerrero) en Tetelcingo, se hallarían los cuerpos de al menos 149 personas.
 El cadáver número 150 es el de Oliver Navarrete Hernández, de 31 años de edad, según testimonio familiar una vez que la madre del victimado María Concepción Hernández reclamó sus despojos a la FGE, que lo enterró el 28 de marzo de 2014, más de un año después de que Oliver fue secuestrado en Cuautla, encontrándosele muerto a los diez días del plagio en el barranco Los Papayos, municipio de Ayala, según consta en la indagatoria registrada con la clave CT-UIDD/ 1791-2013.
Aunque no fuera caso de excepción, el suceso sobresale porque en la Ciudad de Cuautla tienen propiedades de estancia finsemanera familias de políticos de presencia nacional, en cuyo caso resulta espeluznante el hallazgo de dos fosas en una comunidad a unos cuantos kilómetros de la sede de los poderes estatales, Cuernavaca, utilizadas como tiradero humano por la Fiscalía General morelense.
No sorprende por ello que la señora María Concepción y su hermana Amelia, tía del secuestrado, exijan que la Comisión Estatal de Derechos Humanos dé respuesta a un recurso de queja presentado desde el pasado mes de abril contra autoridades y trabajadores implicados en prácticas de inhumación clandestina y se investigue la responsabilidad no sólo de funcionarios de la Fiscalía, sino del propio gobernador Ramírez Garrido Abreu.
En vez de atender la demanda, el gobierno del estado ha desatado una feroz cacería contra de las hermanas Hernández con propósitos intimidantes, acción que movió al dirigente del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, el poeta Javier Sicilia a preparar una denuncia en contra de Graco Ramírez ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Dantesco expediente
El macabro hallazgo quedó registrado en videos grabados por familiares de Navarrete Hernández cuando los restos de Oliver les fueron entregados. A decir de estos testigos, se contaron hasta 150 bolsas de plástico conteniendo los cadáveres de otras tantas personas.
El relanzamiento de ese dantesco expediente lo motivó la reciente propuesta de una terna enviada por el gobernador al Congreso del Estado para que se nombre nuevo titular de la FGE, actualmente bajo la responsabilidad provisional de Javier Pérez Durón, sobrino del mandatario y ex fiscal metropolitano.
El propio Pérez Durán forma parte de la terna junto con la titular de la Unidad Especializada contra el Secuestro, Adriana Pineda, y la directora general de Derechos Humanos de la FGE, Norma Angélica Toledo.
La familia Navarrete Hernández ofreció su coadyuvancia para dar con los secuestradores de su pariente al gobernador Ramírez y al entonces fiscal Rodrigo Dorantes Salgado, evidentemente sin los resultados esperados.
Litigio de larga data de Graco con los diputados
El tema del nombramiento del nuevo Fiscal General Estatal no es el único que enrarece las relaciones entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo de la entidad.
 Lleva meses el litigio entre ambos poderes desde que el jefe del Ejecutivo desconoció atribuciones de los diputados para asignar o reasignar recursos públicos, en este caso de 500 millones de pesos para la construcción de un nuevo edificio-sede del Congreso.
Esa partida formaría parte de dos autorizaciones de deuda pública emitidas por el Legislativo en 2013 por un monto total de 4 mil 184 millones de pesos, cuyo destino no logra esclarecer satisfactoriamente la Comisión Especial de Vigilancia al través de su ente Superior de Fiscalización.
La disolvente crisis política en Morelos no obstó para que Graco Ramírez Garrido Abreu, quien pugna por la candidatura presidencial amarilla para 2018, exhibiera a finales de la primera semana de octubre sus dotes de Maquiavelo de zarape en el Consejo Político Electivo del PRD para la designación de nuevo dirigente nacional, en el que el tabasqueño propuso una reforma constitucional para instituir la segunda vuelta en los procesos de elección popular, iniciativa por demás plagiada.
Para seguir deshilachando la Carta fundamental estamos.
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