Con el apoyo de Estados Unidos, un nuevo sistema de espionaje satelital opera en México en las oficinas del AFI desde el año 2007 de manera discrecional
Este equipo es el primero de los sistemas de alta tecnología adquiridos para uso de los servicios de inteligencia del gobierno federal en la operación del llamado Plan México o de la iniciativa Mérida y se adecuan a los planteamientos de la iniciativa de Ley sobre Seguridad Nacional que se pretende aprobar en la Cámara de Diputados
Actualmente cualquier ciudadano puede ser monitoreado tanto en sus actividades privadas y conversaciones telefónicas, correos electrónicos, faxes e, incluso en el chat.
EN ESTE momento el país vive inseguridad y violencia: En los primeros nueve meses del año se han registrado ya 15,201 averiguaciones previas por homicidios dolosos en el país, un aumento del 16 por ciento en relación al mismo periodo del año pasado. Así lo expresan cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
Hasta el momento las estrategias de seguridad han sido insignificantes para combatir a quienes deben. Y todo parece indicar que en sesiones extraordinarias durante los meses de mayo y junio, como la fracción parlamentaria de Partido Acción Nacional junto con otras bancadas partidarias, bajo este argumento, pretenden aprobar al vapor en el Congreso de la Unión una iniciativa de ley de Seguridad Nacional, para poder legitimar lo que ha sucedido en los hechos desde hace casi diez años; un espionaje a la ciudadanía sin autorización judicial con el uso de equipos tecnológicos de punta que otorgó el ex presidente de los Estados Unidos, George W. Bush
Fueron dos años de negociaciones entre los gobiernos de México y Estados Unidos, que comenzaron en 2005 siendo entonces presidente de la República Vicente Fox, y que, en febrero de 2007 con Felipe Calderón, se acuerda entre ambos países celebrar un contrato para la adquisición de un sofisticado equipo de intercepción con operación satelital para el seguimiento y ubicación física de actividades relacionadas con el crimen organizado y el terrorismo.
El gobierno de México, que encabezó el presidente Felipe Calderón Hinojosa, envió a mediados del año 2007 una propuesta al Congreso de la Unión, para reformar la Ley de Seguridad Nacional. Dos años después al no aprobarse la iniciativa, se modifican algunos planteamientos y desde el año 2009, se mantiene en la congeladora legislativa el texto que promueve el Gobierno Federal.
El equipo central de espionaje del gobierno federal, que vigila posibles actos de amenaza a la seguridad nacional, se encuentra en las oficinas de la Policía Federal Ministerial (PFM), quien fuera hasta julio de 2012 Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ubicada en la Ciudad de México, en las calles de Violeta y Reforma, colonia Guerrero, con 30 estaciones de monitoreo en el país.
La adquisición del equipo de espionaje en mención coincide con el acuerdo llamado Iniciativa Mérida, donde el gobierno federal mexicano adquiere compromisos con Estados Unidos en materia de inteligencia además de ceder en materia de soberanía y servir de gendarme en la frontera común de ambos países, como ha sucedido en los dos últimos años, señalan analistas entrevistados por VOCES.
Gracias a este sistema que opera desde mayo de 2007, en las oficinas centrales de la PFM en el centro de la ciudad de México, se pueden intervenir y rastrear llamadas y mensajes de texto en teléfonos fijos y móviles, ubicar el lugar de las conversaciones (incluso en movimiento), revisar en tiempo real conexiones de internet (chats, correos electrónicos), descodificar faxes e intervenir cualquier sistema de comunicación electrónica y proveer de información a la llamada Alerta Amber.
Además, se vigilan áreas sensibles como: servicios de transportación terrestre; llamadas de larga distancia prepagada; servicios de entrega de publicaciones, listas de pasajeros de aerolíneas; ubicación de compradores de herrería fina y obras de arte; renta de salones y eventos sociales; reservaciones turísticas en línea; venta de refacciones; servicios de plomería; fabricación de placas conmemorativas, compra y venta de caballos y servicio de modelos entre otros.
Documentos desclasificados del Departamento de Estado de Estados Unidos, que se encuentra en la página de internet de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés), detallan los acuerdos que permiten a los órganos policiacos mexicanos tener un moderno sistema de espionaje, con tecnología satelital y el apoyo de la Drug Enforcement Administration (DEA), del Federal Bureau of Investigation (FBI), además de otros órganos de seguridad nacional del gobierno estadounidense que son coordinados por la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).
El equipo de intercepción de comunicaciones fue manufacturado por la empresa israelí Verint Technology Incorporated, líder en el mercado mundial, filial de Converse, dirigida por Dan Bodner, especialista en inteligencia militar, quien tiene su centro de operaciones en Melville, Nueva York.
Barato… solo pagas mantenimiento
El contrato S-INLEC-06-R-4042 describe que el Departamento de Estado del gobierno estadounidense fue el encargado de gestionar la adquisición del sistema, pagar el equipo y adiestrar a los agentes de la policía mexicana, en particular a los elementos de la  Procuraduría General de la República (PGR) y de la AFI. Mientras que el gobierno de México se encarga de pagar el mantenimiento anual del sistema de espionaje satelital.
La compra del equipo se derivó de los acuerdos de colaboración del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA, por sus siglas en inglés) donde la beneficiaria es la empresa Verint Technology Incorporated la cual cobró por el equipo $2´ 963,438 US dlls y su marco de venta se encuentra bajo el acuerdo de cooperación en materia de seguridad nacional.
La transacción tiene la finalidad de reforzar la seguridad nacional de ambos países, como plantea la llamada iniciativa Mérida y en la adquisición fungió como intermediario el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, el contrato respalda entrenamiento de operadores mexicanos por un grupo de soporte técnico de la empresa privada y del FBI.
Se especifica en el documento desclasificado una lista de costos para que Verint Technology Incorporated renueve cada año los servicios de mantenimiento y asesoría, dependiendo del número de empleados de la institución o empresa que adquiera equipo de intercepción.
En el caso de México, el servicio de mantenimiento oscila entre cinco y siete millones de dólares anuales, que desembolsa el gobierno federal y, extraoficialmente, se habla de que más de 250 personas dependientes de la Procuraduría General de la República, trabajan directamente con el nuevo equipo, sin contar las nuevas adquisiciones que obtuvieron hasta marzo de 2009 que podrán sumar hasta 2,500 agentes operando los equipos de espionaje.
El acuerdo detalla que el costo por servicios y mantenimiento va de un millón de dólares, cuando el equipo sea operado por 50 personas, hasta 17 millones de dólares o más, cuando el personal especializado o el número de usuarios estén por arriba de mil personas.
Silencio nacional
Para buscar respuestas sobre la compra y el funcionamiento del equipo de intercepción satelital, VOCES solicitó información a diversos funcionarios del Gabinete de Seguridad Nacional, pero no hubo respuesta al cierre de esta edición.
Cabe recordar que existe una solicitud en el Instituto Federal de Acceso a la Información número 04100000160307 a través del IFAI,  con fecha 9 de julio 2007, en el que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) respondió que “no se identificaron contratos celebrados con la empresa señalada.
No obstante, existen dos contratos celebrados con SOGAMS, S.A. de CV., que se ostenta públicamente como representante exclusivo de Verint Systems Incorporated y Verit Systems Incorporated, Ltda., en México”.
SOGAMS forma parte del núcleo corporativo Sistemas Automatizados de Productividad, (ASAP) dedicado a suministrar tecnología de punta, equipos, sistemas y servicios a la industria y dependencias gubernamentales, para combatir el crimen, la inseguridad, espionaje industrial, conflictos sociales y el terrorismo. En particular mantiene contratos con algunas alcaldías que detenta el Partido Acción Nacional en Jalisco, Guanajuato y Puebla.
En el año 2008, el periódico The New York Times, informó que el gobierno del entonces presidente George W. Bush, entregó al expresidente de México Felipe Calderón Hinojosa, un equipo para espiar a la población con el fin de detectar posibles confabulaciones terroristas, destruir las redes de narcotraficantes y anular la creciente ola de violencia en el país.
El contrato
En el agregado 1 de la Declaración de Acuerdos de la solicitud S-INLEC-06-R-4042 del contrato, se especifica que el equipo proporcionado deberá cumplir con las leyes de Estados Unidos, incluyendo las que establece el Acta de Asistencia en las  Telecomunicaciones para el Cumplimiento de la Ley, (Communications Assistance For Law Enforcement Act., CALEA), aplicable a las leyes mexicanas e internacionales.
El texto describe que la intención de la transacción es procurar un servicio legal “para establecer soluciones de intercepción que serán provistas al gobierno de México y a sus dependencias (PGR y AFI) quienes tendrán capacidad de interceptar, de todos los tipos de sistema de comunicaciones que se encuentren operando en México”.
Los sistemas de análisis y acopio de información deberán de ayudar a detectar, prevenir y mitigar actos criminales de orden federal en México, incluyendo tráfico de narcóticos y terrorismo.
Los sistemas de intercepción de comunicaciones deberán reforzar las posturas de protección de los gobiernos de Estados Unidos y México, para difundir de manera oportuna y exacta información a cada uno de los países en sus instancias federal, estatal, local y privada.
Subraya que “proveer de datos privilegiados, asegura que el gobierno mexicano tenga información para desbaratar y confrontar actividades consideradas terroristas o criminales”.
En la Sección Alcances, se detalla cómo el gobierno de Estados Unidos intenta procurar que el sistema de intercepción de comunicaciones esté disponible de manera oportuna para procesar, analizar y almacenar comunicaciones interferidas del servicio telefónico nacional y otros servicios que sean provistos en México.
Describe que el sistema de intercepción deberá cumplir con los estándares y requerimientos de la hoy PFM, para ubicar llamadas y  sesiones telefónicas desde las transmisiones de Telmex, Telcel, Nextel y TDMA, así como de Cisco Systems y Pródigy.
El cliente puede establecer un centro de monitoreo, con capacidad de ubicar y grabar llamadas en tiempo real, interceptar faxes en tiempo de envío, datos descodificados, almacenar volúmenes de llamadas por al menos 25 mil horas -de forma simultánea- en un solo día, e información específica de todas las sesiones de llamadas, monitorear estaciones e impresoras, localización y seguimiento del movimiento de telefónica celular.
Se indica en el contrato RFTS-INLEC-06-R-4024 que las capacidades de trabajo incluyen la posible escucha y grabación “tiempo real” o solo grabación sin escucha, para su análisis posterior, con base en la intercepción de sistemas operativos TDMA, GSM, CDMA, IDEN, AMPS, de PCS – como las lap top- con conexión inalámbrica, así como land line, descodificación de faxes, ingreso a direcciones de emails -sin password- salas de chat, conexiones simultáneas de internet, envío SMS (mensajes escritos) y VolP (comunicación con imagen y sonido por internet como en los chats y telefonía por internet).
El equipo puede interceptar correos electrónicos POP3, SMTP, MIME, de transferencia de archivos (FTP), Telnet y envíos de contenidos por medio de la conexión VOIP.
La base de datos de telefonía fija y móvil que entra en operación en las instalaciones de la PFM tiene capacidad para revisar e interceptar un máximo de ocho millones de llamadas en tiempo real y por medio de un equipo de 30 operadores pueden interceptar, rastrear y ubicar números sospechosos al momento que se use equipo electrónico.
El equipo de intercepción satelital puede obtener cuatro faxes en tiempo real y el equipo humano -por separado- puede grabar hasta 60 faxes de manera simultánea, para ser descodificados en minutos. Incluso se puede captar y ubicar un teléfono celular en reparación siempre y cuando esté encendido.
 El documento precisa que otras áreas que serán apoyadas para las actividades de intercepción son las de tipo detective telefónico, transportes turísticos, renta de autobuses, visitas culturales, localización de vehículos, venta de equipos de rastreo y suscripciones a publicaciones.
Serán objeto de rastreo el servicio telefónico de larga distancia prepagado; vuelos a las principales ciudades; herrería artística que fabrica faroles, lámparas, arbotantes, consolas, mesas, carros de servicio y cavas; muebles para comedor, salas, jugueteros, libreros, rejas, ventanas y protecciones; establecimientos dedicados a la cría y selección de caballos cuarto de milla, de registro, potros, yeguas y potrancas; servicio de hospedaje y transporte equino.
El Big Brother ciudadano
De salir adelante la iniciativa sobre Seguridad Nacional, que se encuentra en la Cámara baja, está ley daría de facto las facultades a la PGR para realizar detenciones, allanamientos de morada, intervenciones telefónicas y arraigos sin la autorización previa de un juez (de acuerdo al texto en discusión), con lo que se pretende regresar a las décadas de 1970 y 1980, en el periodo conocido como Guerra Sucia, donde la violación sistemática a los derechos humanos por grupos policiacos y el Ejército era cotidiano, señalan a VOCES especialistas consultados.
Andrés Lozano Lozano, experto en Seguridad Nacional, afirma que el mandatario busca que la Policía Federal cuente con la facultad  de allanar domicilios (en caso de flagrancia), que el Ministerio Público Federal intervenga “comunicaciones de forma inmediata” y que exista un Ministerio Público Autónomo, donde la confesión bajo tortura será la reina de las pruebas.
Pese a que la iniciativa no ha sido aprobada por el Congreso, el gobierno federal compró desde el año 2007, es decir hace nueve años, equipo especializado en intervenciones telefónicas y pretende con ello que la autoridad ministerial cuente con los sistemas necesarios para acelerar los procesos de investigación policiaca, además de eliminar las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas al ser consideradas materia de seguridad nacional.
La especialista en seguridad nacional y académica universitaria Elena Jean-Netti Dávila, afirma que el gobierno no cumple con la Ley Sobre Información y Transparencia ya que no ha dicho nada sobre el inicio de operaciones de este equipo, menos aún sobre el llamado Plan México y la Iniciativa Mérida.
Precisa también la académica universitaria, que las necesidades de seguridad nacional de México son distintas a las de Estados Unidos o Canadá, que son de carácter bélico. “Los gobiernos en turno no tienen visión estadista para poder ver nuestras propias necesidades que son de subsistencia, pobreza, desastres naturales, crecimiento económico, destrucción de los recursos naturales y corrupción gubernamental entre lo más sensible”.
Lamenta que se mantenga como secreto de Estado los acuerdos con la Alianza Para La Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN), mejor conocido como el TLC plus, acordado por los entonces presidentes de México (Vicente Fox) y de Estados Unidos  (George W. Bush) y de Canadá, sin intervención de sus respectivos congresos y ahora ampliándose los compromisos con la actual administración federal sin consultar a los otros poderes de la nación.
John Saxe Fernández, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la UNAM, dice que la tendencia del gobierno federal es abiertamente neofascista y esto forma parte del programa ASPAM, cuyos fines son ampliar el perímetro de seguridad estadounidense.
El modus operandi de su estado incluye la modificación en los mecanismos de control hemisférico y control militar. Indica que Enrique Peña Nieto es sumiso ante Barack Obama porque adopta las órdenes de llevar a cabo procesos de espionaje y de administración penal vigentes en Estados Unidos después del 11 de septiembre de 2001.
Dichos procesos aumentan los poderes del Ejecutivo estadounidense, pero en México no corresponden las leyes constitucionales vigentes.
El académico percibe un esfuerzo del Gabinete de Seguridad Nacional por legalizar herramientas judiciales utilizadas por la administración estadounidense, encubiertas en una supuesta guerra contra el narcotráfico, el terrorismo y la delincuencia organizada.
Saxe reprueba las acciones de un presidente de la República que aplica métodos de espionaje y mano dura militar, incluso con violaciones a los derechos humanos, motivado por “esa especie de desborde” hacía México del esquema de denominación usado por la ultraderecha en el poder en Estado Unidos, ahora encabezada por Donald Trump.
Afirma que el sofisticado equipo de espionaje va más allá de las actividades de un hacker profesional y de la legislación penal mexicana, porque, en la actualidad, el Código Federal Contra la Delincuencia Organizada estipula que el Ministerio Público, debe pedir autorización a un juez para colocar escuchas y hacer válidos jurídicamente los datos obtenidos. “El equipo comprado en Estados Unidos no es un coctel de alambres y micrófonos, es un moderno sistema de intercepción de señales”
Analistas en temas de espionaje, consultados por este medio coinciden que antes de la compra de equipos de espionaje ya estaban los llamados edificios inteligentes en San Jerónimo o Santa Fe, en la ciudad de México, donde se interceptan todas las comunicaciones satelitales.
El espionaje satelital en México, llegó con la investigación del gobierno Norteamericano que buscaba yacimientos mineros y petrolíferos, hace más de 40 años.
Precisan como en el intercambio de recursos de un gobierno a otro, México debería tener la información precisa para generar una política de Estado y políticas públicas en materia de seguridad nacional, porque los contratos de compra de equipo forman parte de una infraestructura, pero no nos dicen si existe un proyecto de nación sobre la defensa de la soberanía y menos sobre la defensa a la sociedad.
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