CUARTA TRANSFORMACIÓN
Sobre los guardianes de la democracia
Abraham García Ibarra
UNA AVENTURILLA por el laberinto de lo ignoto: La función jurisdiccional -no exenta de pasiones e intencionalidad política-, puede ser desviada por la presión pública, de tal manera que la toma de decisiones puede incumplir con el principio de imparcialidad.
Por supuesto, la “presión pública” puede ser una mera coartada para enmascarar, en funciones de Estado, la coacción que ejercen entre sí los Poderes de la Unión, en su mismo interior, o, sobre ellos, los poderes fácticos. El resultado es el mismo: El fraude a la ley.
No existe expediente de juicio político
De inmediato, cambio de página: En México, los funcionarios de los órganos autónomos del Estado, nombrados, según el caso, por las Cámaras legislativas federales, son sujetos obligados, como otros servidores públicos, de las mismas responsabilidades que codifica la Constitución.
Desde esa óptica, consejeros, comisionados, gobernadores o cualquier otra denominación burocrática, de dichos órganos autónomos, pueden ser llamados a juicio político por actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus funciones.
En términos generales, los servidores del Estado -dice el texto-, deben actuar sometidos a normas de control, eficiencia, eficacia y honestidad. Transparencia y rendición de cuentasno son, precisamente, normas accesorias.
Independencia, imparcialidad, objetividad…
Para algunos de esos servidores autónomos, responsables de funciones de Estado, los principios rectores son certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad. Estos dos últimos principios se retroalimentan. O se vulneran juntos.
Por el sistema de cuates y cuotas
Por el fáctico sistema de cuates y cuotas, mediante el cual los partidos políticos representados en las cámaras del Congreso se reparten nombramientos, el primer principio que queda hipotecado, es el de independencia. Sobran casos, sobradamente documentados.
No pretendemos abarcar todo el universo burocrático público. Reservamos, para efecto de este tema, el espacio donde operan los guardianes de la democracia. No de cualquier otro derecho.
No por accidente, elegimos un expediente: En 2007 estalló la crisis de credibilidad que hizo trizas al Instituto Federal Electoral (IFE). Su consejero presidente y cinco de sus pares fueron defenestrados sin que el escándalo tuviera posteriores consecuencias jurídicas.
La coartada fue elemental: Se discutía a la sazón la Ley de Reforma del Estado y una de las víctimas propiciatorias fue el IFE.
A partir de entonces y aun en el reciente órgano sustituto, el Instituto Nacional Electoral, empezó a reportarse un déficit de confianzaen este órgano autónomo del Estado. El sector más descreído, es la juventud, cuya ausencia en las urnas electorales es cada vez más notoria.
Si bien en 2018 la participación electoral repuntó, la estadística histórica subraya los índices de abstencionismo crecientes, así se busquen datos comparativos con sistemas políticos más avanzados. Mal de muchos...
Tres denominaciones y una misma persona
Tomamos ese ejemplo representativo porque, cuando, en 1990, fue mandada al basurero de la historia la vieja Comisión Federal Electoral (CFE), se cultivaron expectativas ilusorias al desplazarse del nuevo Instituto la representación del Poder Ejecutivo. Con ese cambio, se instituyó la figura de magistrado electoral.
Un falso debate bizantino se quedó a nivel primaria cuando, en 1994, la denominación fue sustituida por la de consejero ciudadano. Luego vendría el consejero electoral con sus 53 facultades.
En esas tres etapas se mantuvieron subyacentes algunos condicionamientos de selección: Primero, su intachable extracción académica e idoneidad. Luego, el candidato a consejero debía ser ajeno a actividades de partidos políticos: “Ciudadanos”, pues, -los otros mexicanos no lo eran ni lo son-, químicamente puros.
Falacia pura: Al tiempo, hasta un consejero presidente, antes de su nombramiento, fue identificado como militante de al menos dos partidos políticos.
Con el fierro de los gobernadores
Eventualmente, ese consejero presidente sería suplido por otro, con el fierro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, hasta hace poco más de tres años, dominada por el PRI.
En la nómina de consejeros del IFE fue inscrito un asesor en asuntos políticos y sociológicos de una fundación bancaria privada, después de la expropiación de 1982.
¿Químicamente puros? No tanto
En varios casos, una vez tamizados y matizados por el IFE, un consejero fue integrado al gabinete presidencial; dos aparecieron como precandidatos a la presidencia de la República en un partido que participó en su designación.
Otros dos aspiraron a las gubernaturas de sus estados por otro partido que también votó por su encargo de consejero. Las legislaturas han sido refugio preferido de consejeros al terminar su periodo en funciones.
De los que fungieron como directores del primer instituto, dos pasaron a las gubernaturas; uno de ellos pasó de su estado a Gobernación y fue aspirante a la Presidencia de México.
El que hace la ley, hace la trampa
Entre los guardianes de la democracia, registramos a algunos que no circulan más allá de donde termina el pavimento; no sirvieron ni siquiera como funcionarios de casilla en alguna elección.
El que hace la ley, hace la trampa: Por norma, los magistrados, consejeros o ciudadanos electorales, dado el alto ingreso recibido de la Tesorería de la Federación, debieran ocuparse de tiempo completo a sus tareas electorales.
Se les concedió, sin embargo, la gracia de atender otras actividades profesionales, rigurosamente remuneradas en metálico por sus empleadores. Doblete cachanete. A decir verdad, ejecutivos de otros órganos autónomos del Estado cojean de la misma pata.
Honestidad, imparcialidad, objetividad, rendición de cuentas… a otro perro con ese hueso. Por eso estamos como estamos. Es cuanto.
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