APUNTE
¿Le harán caso al presidente?
Jorge Guillermo Cano
- Para desterrar “una política de despojo”
- ¿Se evitarán los abusos del Infonavit?
- Inmobiliarias y bancos hacen de las suyas
- La incivilidad, una realidad innegable
- El lastre de los que no entienden
CULIACÁN DEL CAOS VIAL, los retenes, baches y topes, Sinaloa. Luego de las denuncias de los desalojos del Infonavit en Sinaloa, en complicidad con bancos e inmobiliarias, que se le hicieron llegar al presidente López Obrador, éste reiteró su propuesta al Instituto de marras, para “evitar los abusos que se cometían en pasada administraciones”, de que “cesen los desalojos a los trabajadores que, por alguna razón económica o social, por desempleo, pobreza no hayan podido ponerse al corriente en los pagos de sus viviendas”.
Ya AMLO lo había dicho anteriormente y ningún caso le hicieron las autoridades del Infonavit, los criminales desalojos siguieron con total impunidad y hasta con personal armado, oficial y no oficial, ante la pasividad del gobierno federal.
Pero es un hecho que los “derechohabientes” (¿así se dice?) del Instituto nada han podido arreglar en firme, víctimas del burocratismo más atroz y las trampas administrativas a las que se enfrentan cada vez que quieren iniciar un trámite para salvar sus casas.
En defensa de los trabajadores
Para Olivia Torres García, presidenta de “Mi casa gestión social”, en Sinaloa la situación debe ser corregida de inmediato, pues miles de trabajadores siguen en riesgo de perder su morada.
Torres reitera lo que ya comentamos en una edición anterior: “hay en el Infonavit quienes pretenden mantener una política de despojo contra los trabajadores”.
El instituto (y los beneficiarios de sus procedimientos: bancos e inmobiliarias) arman juicios “plagados de irregularidades”, contra los trabajadores y a favor de “acreedores”, sin dar alternativas al problema de cartera vencida, ocultando los pasos legales (los afectados se dan cuenta de que van a ser desalojados en el momento, sin tener la información de ley que se impone durante un proceso).
En el colmo, reitera Torres, “personas que viven en Sinaloa han sido enjuiciados, muchos sin saberlo, en Nayarit, Jalisco y otros estados”. Se enteran del proceso cuando los expulsan con lujo de fuerza de sus casas.
La complicidad con inmobiliarias
“Es necesario insistir, denunciar, el presidente tiene que saber que nos tratan como delincuentes, el Infonavit, los abogados de las inmobiliarias y el Supremo Tribunal de Justicia en el Estado” (de Sinaloa) señaló Torres.
Con los desalojos, agrega, “el Instituto ratificó su política de despojo para los acreditados”, al condenar a los trabajadores que se han retrasado en los pagos “a perder irremediablemente sus viviendas”, que pasan a poder de inmobiliarias, mismas que después las venden a precios muy altos, pero las compran en 20 o 30 mil pesos”.
Lo curioso es que los afectados no pueden comprar su propia casa a ese precio, porque “son para las inmobiliarias”, enfatizó Torres.
Así es porque los afectados no participan como primeros en la lista de postores, como lo han pedido reiteradamente, y el Infonavit lo dejó claro: “los acreditados no serán primeros en la lista de postores, es más, ni siquiera podrán participar como postores”, lo que quiere decir que “los deudores perderán sus viviendas irremediablemente”.
Parar abusos inadmisibles
Esta vez, habiéndose publicado, con referentes al canto (en “Vértice de Sinaloa” y en “Voces del periodista”) lo que sucedía, sin dejar lugar a dudas, poniendo en evidencia los abusos y la complicidad del Infonavit con inmobiliarias y bancos, el presidente aseguró que “no se cometerá ninguna injusticia más” y dio instrucciones a la representación gubernamental ante el Consejo de Administración del Instituto de que “se ofrezcan nuevas opciones para regularizar el pago del crédito”.
Esa propuesta en realidad no es nueva, ya se había hecho y no tuvo resultados, el Infonavit siguió haciendo trampas a los derechohabientes, ocultando información y manipulando plazos a su antojo, promoviendo en la práctica a despachos de cobranzas con los cuales el Instituto tenía o tiene tratos.
Esa política, dijo AMLO, “era (¿es?) una política muy irregular que daba pie a ventajas excesivas y abusos. Ahora se propondrá plantear nuevos esquemas de reestructuración de créditos a los trabajadores”.
Esa información ha sido muy bien recibida y sólo se espera que esta vez sí le hagan caso al presidente. Vamos a ver.
La incivilidad, viento en popa
La incivilidad rampante en el país, sin control alguno a la vista ante la carencia de capacidad y visión de las autoridades, incluidas las educativas (que se manejan en la pretensión de exención ante una problemática que se quiere hacer recaer solamente en la logística policiaca) es caldo de cultivo de la violencia circunstancial y la premeditada.
Es evidente la insensibilidad y la limitada percepción, cuando no la plena ignorancia, de improvisados y negligentes “responsables” de esto y aquello que no ven más allá de sus rondas del relumbrón.
En obvio, no es mero asunto de coacción. También es de cultura, de educación, de valores, de promoción de la necesaria convivencia para la subsistencia humana. Es materia que requiere de atención corresponsable, con sentido realista, a más de conocimiento, capacidad, imaginación y voluntad.
¿Lo podrán entender?
Frente a la crítica, que si no atiende la realidad a nada contribuye, el gran problema, que debe estar en el centro de la discusión, es retomar la función social del periodismo y, hasta ahora, en lo que toca a la necesaria justa dimensión, desde las agrupaciones gremiales lo que ha campeado es la tibieza que ronda las quedadas de bien.
Debería entenderlo, pero no lo hace, la “clase política” emergente: debe su presencia al hartazgo ciudadano, a la protesta radical que encontró un referente sustentable en la figura de Andrés Manuel López Obrador (que, en estricto, poco necesitaba de la mercadotecnia electoral, pues la voluntad popular era definitiva); están donde están no por ellos en sí, sino por esa indignación que, hasta ahora, sigue sin respuesta tangible.
En Sinaloa, varios lastres
No debieran, pero lo hacen, asumirse como dirigentes o líderes intocables de una transformación que, en la práctica y a la luz de sus hechos, no han entendido cabalmente. Es tiempo de corregir evidentes despropósitos, sin sombra de duda.
En Sinaloa, los Estrada Ferreiro, Chapman y Benítez (alcaldes “morenistas” de Culiacán, Ahome y Mazatlán, respectivamente) pasando por diputados que todavía no se la creen, de Morena y de las siglas que se colgaron, tienen que razonar en serio, evaluar su actuación y tratar de enmendar sus continuos desaguisados.
Si no lo hacen, el tiempo de Morena como opción recuperable, así como las inercias en que confían, se agotará sin remedio. López Obrador sería el principal afectado.
Tamborazos
-Que son 13 millones de personas que en México están recibiendo apoyo en diversos programas, y que pronto serán siete millones más. La cuestión es ver si todos los beneficiados requieren realmente de esas ayudas.
-Hay sectores que, toda vez que ya cuentan con pensión suficiente, no deberían estar en esos programas. Al respecto, no se hizo el estudio correspondiente.
-Ahora se llamará “Partido Encuentro Solidario”, el de “encuentro social” que perdió justamente el registro por no contar con los votos necesarios. Aliado del obradorismo, es un lastre que tendrá costo electoral en contra. Ya se verá.
-El nuevo PES es el mismo grupo ultra conservador y profundamente reaccionario que se colgó de la opción morenista de la que, en estricto, aún con sus bemoles, le separa una brecha inabarcable.
-Sin duda alguna, los empresarios de la gasolina han maniobrado (con éxito, pues el gobierno federal los deja hacer) para subir a su arbitrio el precio de los combustibles, acrecentando sus ganancias en comparación al sexenio anterior. Se han aprovechado del subsidio y en lugar de bajar, aumentan. Es hora de que AMLO pase del dicho al hecho.
-Hasta siete retenes militares operan en la ciudad de Culiacán y sus alrededores. Violando la Constitución (diga lo que diga la “suprema corta”) se amparan en la endeble puerta de la “sospecha razonable”, que se aplica sin criterio alguno y sin ninguna justificación creíble.
-Que hay nuevo Implan en Culiacán. Ya veremos si de algo sirve a diferencia de todos los anteriores. Mientras, la ciudad sigue siendo un caos intolerable debido a la impreparación de las autoridades del ramo y la complicidad evidente de las otras.
-De enero a marzo de este año, 8 mil 737 homicidios se registraron en México. Ha sido el trimestre más violento de nuestra historia. Que las cosas van a mejorar, dice el presidente. Ojalá. (
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