La otra guerra de Calderón
FAUSTO FERNÁNDEZ PONTE
“México es un país de indios disfrazados de mestizos. Los indios son, pues, México”.
Jean-Paul Eclaire,
diplomático francés del siglo XIX
I
En la “Declaración de México-Tenochtitlán”, los pueblos indíos y afrodescendientes de Nuestra América y el Caribe (22-V-2010), se formulan propuestas que subrayan, por inferencia, una conducta criminal de los Estados nacionales.
Y no sólo eso: aunado a tal conducta -que es deliberada- de los Estados nacionales se identifica objetivamente expresiones organizadas de genocidio mediante una guerra de exterminio y rapiña con varios estilos y fisonomías simultáneas.
Por ésta y otras razones más también de gran peso, no antójase fortuito que en la capital mexicana se haya realizado el Encuentro de Pueblos Indígenas Originarios y Afrodescen dientes de América Latina y el Caribe.
Ese Encuentro reunió en la antigua capital del Anáhuac a representantes de los pueblos originarios americanos (hubo incluso una delegación de USAmérica), quienes emitieron su muy esperanzadora declaración en un contexto asaz ominoso.
Ese contexto, por lo que respecta a México, es de una brutal guerra de exterminio rapiña y despojo del Estado mexicano en agravio de los pueblos originarios mediante modalidades como la acción impune de grupos armados irregulares.
Los paramilitares son fuerzas patrocinadas, protegidas, financiadas y dirigidas por el Estado mexicano en sus instancias federal, de las gubernaturas y alcaldías, entidades que garantizan impunidad a los asesinos de esas organizaciones milicianas irregulares..
II
Así, a las muy cuestionadas guerras del Estado contra los cárteles del tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos y contra el propio pueblo de México, súmanse la que se libra en agravio de los pueblos originarios .
Esa guerra tiene por teatro de operaciones a Chiapas, Oaxaca, Puebla, Veracruz, Michoacán, Sonora, Chihuahua, Guerrero, por citar sólo unos de los 31 Estados Unidos Mexicanos y el DF. Esa es “la otra guerra” de Felipe Calderón.
Los paramilitares están particularmente activos en Chiapas, Oaxaca y Michoacán debido a los asesinatos a mansalva y en emboscadas de dirigentes indígenas y simpatizantes solidarios tanto mexicanos como extranjeros.
El episodio trágico más reciente es el del asesinato del dirigente triqui Timoteo Alejandro Ramírez y su esposa Clariberta Castro, ocurrido en Yosoyuxi, en el municipio autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Fueron muertos por un grupo armado.
Es muy posible que al ciudadano de a pie, ajeno al ejercicio del poder -fuere éste político económico-, pero damnificado de sus alcances, le parezca increíble, sí, increíble, que el Estado mexicano cometa crímenes o que los fomente y propicie.
Cometer un crimen de Estado no requiere necesariamente un perpetrador visible -militar o policía- con credencial de l Ejército o de la Armada o del aparato de espionaje del gobierno federal o de la secretaría del despacho de Gobernación. No.
III
En igual vena, fomentar crímenes de Estado o propiciarlos e incluso inducirlos no demanda la participación activa y/o pasiva, intelectual o material, de los agentes del aparato coactivo y coercitivo -la viuolencia legal- de dicha entidad.
Para ello, el Estado -todos los Estados, en todo el mundo, según la experiencia histórica- financian grupos de sicarios y partiquinos mercenarios a los que en el argot de la sociología, son paramilitares. Éstos son grupos armados irregulares. Paramilitares.
Antes de proseguir con el tema, hágase la distinción entre el concepto crímenes de Estado y el de crímenes del poder político del Estado. En el caso mexicano, los llamados crímenes de Estado son en realidad crímenes del poder político de éste.
Dicho poder político es uno de los elementos constitutivos del Estado, subordinado a otro elemento superior, el más importante, el pueblo o la sociedad que, en el caso de México, son varios pueblos componentes de lo que denominaos Estado nacional.
En el caso mexicano, los llamados crímenes del Estado tienen la doble peculiaridad de ser acciones no sólo del poder político de dicha entidad, sino de éste mismo, dado que son perpetradoras cómplices activas y/o pasivas todas las instancias estatales.
La “otra guerra” del señor Calderón tiene motivaciones profundas que se insertan en el contexto histórico: continúa hoy el genocidio de los pueblos originarios y el despojo y saqueo de sus entornos ancestrales iniciado hace casi 500 años.
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