Viernes, 13 de Mayo de 2011 12:47 | 
Author: MOURIS SALLOUM GEORGE | 
| Edición 258 |
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Una lectura sobre
la guerra fallida
Convendría, de entrada, subrayar un primer dato: Desde que, en 1988, el Partido Acción Nacional firmó su alianza estratégica con Carlos Salinas de Gortari, los primeros gobernadores de los estados de ese partido que fueron consagrados por el salinato, blasonaban de que el PAN ya estaba cogobernando en México. De eso hace más de dos décadas. Mucho tiempo, pues.
El otro dato nos recuerda que, al tratar de explicar el desencadenamiento de la violencia en nuestro país, los voceros de las corporaciones encargadas de la seguridad pública y de la procuración de justicia del gobierno federal -apoyados en conclusiones de expertos civiles en la materia- aseguraban que el fenómeno respondía al descabezamiento del crimen organizado y la reacción de los capos libres que pretendían ocupar el lugar de los líderes desplazados y controlar los territorios supuestamente vacantes.
Pues bien: Hace unos días, el secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional, Alejandro Poiré -nueva estrella en el firmamento televisivo-, aseguró categóricamente que es falso que “la captura o muerte de los líderes criminales haya incrementado la violencia”; afirmación que obliga a reformular la hipótesis anterior, que hace todavía unos meses se tomaba a título de fe.
En otra variante del propio monsiur Poiré -que parece perder la coherencia entre uno y otro párrafo de sus aseveraciones-, el funcionario asegura que los homicidios son resultado de la confrontación entre las bandas criminales que crecieron durante muchos años “porque no se les paró el alto a tiempo”. La sintaxis es del funcionario.
Remitiéndonos al primer párrafo de estas notas, es de recordarse que entre los “muchos años” a los que se refiere monsiur Poiré están los seis en que el panista Vicente Fox se desempeñó en la presidencia de la República. Pero, entre la década de los ochenta y noventa, estados como Baja California, Chihuahua y Nuevo León -entre los de más alta densidad criminal- han sido gobernados por los panistas Ernesto Ruffo Appel, Francisco Barrio Terrazas y Fernando Canales Clariond, respectivamente. El nombre del segundo aparece en declaraciones de testigos protegidos en expedientes de la Procuraduría General de la República relacionados con el narco, como presunto protector de capos de la droga.
Este segundo punto -el de los gobernadores panistas- se retoma porque una constante en el actual discurso del Presidente, de secretarios encargados de despacho o procuradores, se refiere al repliegue de los mandatarios estatales en su compromiso de sumarse al combate federal contra el crimen organizado, implicando que esa omisión es equiparable a protección o complicidad.
La cuestión, sin embargo, puede vincularse a un enfoque teórico que desde febrero de 1997 publicó la revista semestral Propuesta, auspiciada por la Fundación Rafael Hernández Preciado, del PAN. Se trata de las notas sobre un proyecto de investigación de John Bailey, bajo el título de Crimen organizado y gobernabilidad democrática en el contexto Estados Unidos-México.
Como punto de reflexión, en esas notas el autor advierte que la profundidad y la prontitud de la apertura económica de México ha producido severos estremecimientos en los sistema político, económico y social del país, exacerbando tensiones estructurales de largo tiempo, tales como la mala distribución extrema de la riqueza. Respecto del crimen organizado, afirma más adelante, “estamos interesados en las organizaciones criminales que trascienden el umbral de importancia para conseguir capacidad para amenazar factores centrales de la gobernación democrática, incluyendo los procesos de transición desde el autoritarismo a la democracia”.
Yendo al grano, Bailey hace esta descripción: Los rasgos organizaciones criminales, son que éstas: Poseen una estructura identificable y liderazgo; operan en el tiempo y no sólo por propósitos efímeros; operan para hacer dinero de actividades ilegales; usan la violencia y la corrupción para frustrar los esfuerzos de cumplimiento de la ley, y tienen en la mayoría de los casos una base comunitaria, familiar o étnica. En los casos de México y los Estados Unidos, tiene sentido enfocarnos en grupos de importancia más obvia: Traficantes de drogas, armamentos y migrantes ilegales, y los vínculos entre éstos fenómenos y los sistemas económicos, sociales y políticos… Ambos gobiernos limitan el involucramiento de militares en el cumplimiento de la ley por las razones obvias de que las fuerzas armadas son entrenadas y equipadas para usar fuerza letal.
Previene Bailey: Involucrar a los militares en labores policiacas, especialmente en actividades antidrogas, implica serios riesgos. El más obvio, es el riesgo de penetración y corrupción entre los militares por los traficantes de drogas; pero también son importantes las tensiones y conflictos entre los militares y las fuerzas policiacas, las autoridades políticas y gobiernos en varios niveles, y los conflictos surgidos por las acciones de tipo policiaco en contra de los traficantes que se desbordan e infligen daño colateral sobre civiles inocentes.
México, observa el investigador, no tiene un principio rector -tal como el de posse comitatus en los Estados Unidos, la Ley de Seguridad Interna en Argentina o los Acuerdos de Paz de Chapultepec para El Salvador- que modele y forme a sus fuerzas de seguridad dentro de las líneas democráticas modernas. México usa los términos de seguridad nacional, seguridad interna y defensa nacional, que frecuentemente son imprecisos e intercambiables. Esto en cambio ha creado confusión acerca del papel adecuado de las fuerzas armadas.
Para cuando Propuesta publica ese ensayo, Felipe Caderón figura en el consejo editorial de esa revista y está en lo alto de la estructura de mando del PAN. Dicho trabajo es una carta de navegación que el ahora Presidente debió leer y aplicar antes de lanzarse -como El borras, dijo hace tres años prominente dirigente empresarial- a la guerra contra el narco. No lo hizo y, cuando el problema se le salió de control, sobre la marcha y sobre las rodillas ha tratado de forzar al Congreso de la Unión a resolver el esquema que Bailey trazó hace 14 años. Las atroces consecuencias de su arrebato, cuando sólo la restan 16 meses en Los Pinos, no podrán ser revertidas durante su mandato. Lo prueba la congelación de la Ley de Seguridad Nacional. Acciones tardías son tan fallidas como acciones no tomadas. Y México paga el costo.
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