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¿Adiós al paraíso?
En Estados Unidos, las organizaciones anti inmigrantes se identifican con un número, el 319 (en coincidencia con pandillas, como la Mara Salvatrucha); todas se caracterizan por promover el odio xenofóbico y sus vínculos con la extrema derecha.
The Southern Poverty Law Center (SPLC), que trabaja contra la intolerancia y el racismo, ha identificado a 173 organizaciones extremistas en Arizona, California y Texas, pero también están en Georgia, Carolina del Norte, Pennsylvania, Utah, Florida, Maryland, Ohio y Colorado.
Esas organizaciones radicales de derecha han recibido apoyo del movimiento Tea Party, donde destaca la ex candidata a la vicepresidencia de Estados Unidos, Sarah Palin (quien acaba de anunciar que no contenderá por la candidatura republicana el año próximo).
El Partido Republicano, que cuenta con adeptos en Baja California, no está al margen de esas expresiones y se le responsabiliza de iniciativas como las leyes discriminatorias.
Como sea, el avance de la ultraderecha en Estados Unidos, al igual que en varios países de Europa, es un hecho. Las consecuencias ya se están viendo.
Los Mara Salvatruchas.
El nuevo trato
Suspendida parcialmente la ley SB1070 de Arizona, con cuya vigencia plena se permitiría la detención de personas por su apariencia física, bajo sospecha de ser indocumentados, la Corte Suprema de Estados Unidos avaló una norma anterior, del 2007, que autoriza la revocación o suspensión de licencias a empresas o comercios que contraten trabajadores sin estatus legal.
En Carolina del Sur, la gobernadora Nikki Haley promulgó, a fines de junio pasado, la ley S20, que permite a la policía verificar el estatus legal de cualquier persona, a criterio de los oficiales.
La ley HB56, considerada la más dura hasta el momento, fue aprobada en Alabama. A partir de su vigencia sólo los residentes legales tendrían acceso a la educación y, al igual que Arizona y Carolina del Sur, la policía podrá interrogar a cualquier detenido sobre su situación migratoria.
Esa ley estaba suspendida pero, el pasado 4 de octubre, la jueza Sharon Lovelace Blackburn rechazó mociones del Departamento de Justicia de Estados Unidos y de grupos hispanos, dictaminando que la mayor parte de la HB56 podría entrar en vigor, aunque mantuvo la suspensión de algunos puntos.
Sede del Southern Poverty Law Cente
Una tendencia en ascenso
En Georgia, la ley HB87 fue suspendida por un juez federal y el tribunal no permitió que la policía regular indague el estatus migratorio de los detenidos. Sin embargo, se mantuvo una pena de 15 años de cárcel para quienes falsifiquen documentos de identidad.
La ley HB497, de Utah, está suspendida desde marzo pasado, debido a la impugnación de 14 países, el nuestro entre ellos, que cuestionan su constitucionalidad. Sus términos son parecidos a las precedentes.
En Texas, con la aprobación del Senado estatal, la policía podrá interrogar a detenidos sobre su estatus, independientemente de la razón de su detención. Ahí falta el aval de la Cámara de Representantes.
Janet Napolitano.
La ley SEA590, de Indiana, que prohíbe a los indocumentados pagar matrículas de residente, fue restringida por la Corte de Distrito.
Pero la escalada sigue y se estima que en los próximos meses más de 40 estados de la Unión Americana tendrán leyes parecidas, o más duras, que la SB1070 de Arizona, con la que se inició la escalada.
Obama y la realidad
Para los grupos de defensa de indocumentados, el presidente Barack Obama no sólo no ha cumplido sus promesas, sino que en su gobierno se han recrudecido las medidas anti inmigrantes.
Hace unos días, la secretaria de Seguridad Nacional (DHS) de Estados Unidos, Janet Napolitano, justificó la deportación de más de un millón de indocumentados durante la presente administración, con un costo estimado entre 11 mil y 25 mil millones de dólares.
Los republicanos, paradójicamente, hablan de que Obama pretende una “amnistía administrativa encubierta” que luego sería abierta, lo que en realidad no se ve, sino lo contrario.
Las organizaciones hispanas, por su parte, comienzan a plantear una respuesta electoral por las promesas incumplidas de Obama.
¿A qué ir?
Cada vez más el cuestionamiento previo, en las familias o en la calle, es ¿a qué ir al otrora paraíso estadounidense?
Al finalizar este año, la inefable Patrulla Fronteriza (PF) reportará alrededor de 325 mil cruces ilegales, poco más de la mitad de los que se dieron en el año 2000.
Según el Partido Republicano de los Estados Unidos, el notorio descenso del flujo ilegal es mérito de sus políticas, del incremento de agentes de la PF, sobre todo por George W. Bush, y de la tecnología que ahora se utiliza en la frontera con México.
Pero, en estricto, los “méritos” de los republicanos derechistas no lo son, ni de las nuevas tecnologías. Las razones son otras: La llegada, en no pocos aspectos, de Estados Unidos al tercer mundo, la pauperización evidente allá, que cada vez se parece más a la de acá, y la reducción de expectativas.
Así las cosas, la reforma migratoria, que permitiría estancia legal en aquel país a casi 11 millones de indocumentados, a pesar de la resistencia de los conservadores más radicales, está siendo considerada seriamente, no tanto por la benevolencia, sino por la realidad.
Gobernadora Nikki Haley
Y nada de nada
A otros temas: En Sinaloa, a casi dos meses del asesinato del periodista Humberto Millán Salazar, no hay resultado alguno de las indagaciones oficiales.
De la comparecencia de políticos acremente criticados por el periodista ejecutado, como Jesús Aguilar Padilla, ex gobernador del estado, y Jesús Vizcarra Calderón, ex candidato a la gubernatura, nada se sabe, si es que se ha producido.
De los actuales políticos en el gobierno encabezado por Mario López, duramente señalados por el extinto Millán, tampoco.
Se sabe hasta ahora de dos comparecencias ante el Ministerio Público: Una “voluntaria”, del secretario General de Gobierno, Gerardo Vargas Landeros, y otra del alcalde de Culiacán, Héctor Melesio Cuén Ojeda.
De otras probables, nada, en el secreto que, con frecuencia, raya en lo ridículo.
Y todo indica que ese será el desenlace agotadas las baterías: Nada.
Se le pregunta al gobernador y éste dice pregúntenle al procurador. Se hace y nada contesta.
¿Dónde están los escurridizos?
Hace unos días, el gobernador López dijo que si los periodistas “por temor, comodidad o por el argumento de que no hay garantías decidieron no participar en la comisión” (que el gobierno propuso para el seguimiento del caso Humberto Millán) “es muy respetable”.
Pero no hay tal respeto en esa expresión ni en lo que siguió: “Me hubiera encantado -agregó el mandatario- que quienes llegaron irritados mantuvieran ese coraje, el deseo y el valor de participar en la investigación” porque ¿sabe usted?, de esa manera, según el gobernador, “le pudieran dar en un momento dado ese aval a la autoridad que está haciendo un enorme esfuerzo por clarificarlo”.
Pero no, la bola de cómodos y pusilánimes no quiere dar el aval, mientras el gobierno del “cambiazo” hace su “enorme esfuerzo” (del que nada se ve aún) a diferencia de los periodistas corajudos, pero cobardes, sin valor y manejadores de argumentos falsos (como eso de que “no hay garantías” cuando todo mundo sabe que Sinaloa es el paraíso en materia de seguridad).
Y sobre el aval reclamado, el peine del caso, ya habrá manera de lograrlo. Bien lo saben.
Tamborazos
-En Sinaloa, a la exigencia, absolutamente justificada, de justicia en los casos de muertes impunes, se le responde con la descalificación agresiva desde la prepotencia y la intolerancia. El mero “cambiazo” aliancista. (
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