VOCES DEL DIRECTOR
Mexicanos como carne de cañón y de presidio
CONSTA EN LAS MEMORIAS de campaña presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que, al iniciar la suya Carlos Salinas de Gortari en otoño de 1987, en Morelia, Michoacán, en la voz de un representante obrero resonó la advertencia al candidato -quien como secretario de Programación y Presupuesto había sido artífice de la política económica del presidente Miguel de la Madrid: Si el gobierno se obstina en continuar por la ruta neoliberal que carga brutalmente sus costos sobre los sectores más desvalidos de la sociedad, no alcanzará el presupuesto público para la construcción de hospitales y cárceles para los compatriotas excluidos del usufructo de la riqueza nacional.
Obviamente, Salinas de Gortari, un arrogante tecnócrata, no escuchó: Llevó el modelo económico extralógico a los peores extremos de expolio popular, sin parar mientes en la serie de contrarreformas constitucionales necesarias para desarmar al Estado mexicano frente a sus irreductibles adversarios que, en colusión con el gobierno, implantaron la economía criminal, en la que protagonizan por igual los delincuentes de cuello blanco y, para no ser menos -ni menos impunes-, los delincuentes de cuello percudido.
Si los tecnócratas tricolores de mentalidad extranjerizada se caracterizan por su falta de piedad, los azules del “humanismo político” que en 2000 los sucedieron en Los Pinos no cantan mal las rancheras en lo que a exclusión socioeconómica se refiere. El dato clave de este tema es que México tiene una Población Económicamente Activa (PEA) de más de 45 millones individuos. Lo de “activa” significa simplemente que está en aptitud, no en ejercicio.
Sólo un botón de muestra. Para ilustrarlo con el derecho a la Seguridad Social, basten unos cuantos datos: En 2000, el PRI entregó al PAN un Instituto Mexicano del Seguro Social con casi 12 millones 200 mil trabajadores asegurados. A diciembre de 2011 -quinto año del Presidente del empleo- el registro del IMSS es de 15 millones 350 mil de afiliados. Si tal, es un indicador básico del empleo en México, quiere decir esto que, a lo largo de una década, el PAN-Gobierno ha creado, para un millón y medio de puestos demandados anualmente, sólo 318 mil plazas anuales. Con una agravante: En 2001, 90.2 por ciento de los empleos entraba en el rango de permanentes. Diez años después esta categoría se redujo a 86.5 por ciento.
Peor aún: A una constante de incremento de los empleos eventuales, se añade el hecho de que la desnaturalización de la economía productiva ha llevado a que el mayor número de puestos de trabajo se haya concentrado en el sector servicios (62.2 por ciento), que se distingue por sus bajas remuneraciones. En la industria 36.2 por ciento y en el campo, únicamente 2.4 por ciento. En números relativos, en el periodo analizado en el campo se han creado sólo 46 empleos como promedio anual; en la industria 39 mil 700 y en los servicios 269 mil. Aleatoriamente, la moda neoliberal impuso la triangulación de los convenios laborales para que los patrones puedan eludir toda prestación obligatoria con el empleado.
La bomba Molotov de ese de por sí destructivo fenómeno radica en que, sólo en un lapso de 24 años; esto es, desde el sexenio de Salinas de Gortari, el poder adquisitivo de los minisalarios -que son base también para los salarios contractuales- se ha desplomado 78 por ciento.
Por más esfuerzos que hacen los tecnócratas para desvincular la criminalidad de la pobreza, no hay estudio sociológico que no tome la segunda como detonante de la primera. Como se le advirtió a Salinas de Gortari en 1987, no habría suficientes cárceles para confinar a tanto criminal encubado por la devastación neoliberal.
Como si por si sola la crisis económica=disparo de la criminalidad no fuera suficiente para abarrotar los presidios, al presidente Felipe Calderón se le ocurrió declarar la guerra al crimen organizado. Pero a la falta de una estrategia eficaz se agregó la falta de prevención sobre la capacidad de los reclusorios federales para albergar a tanto criminal tomado vivo, de suerte que, a sabiendas de la corrupción en los sistemas de seguridad pública y penitenciario de los estados, el gobierno federal endosó a los gobernadores la custodia de gran parte de los reos federales, siempre presentados como líderes de la delincuencia organizada ¿Por qué se asustan ahora con lo que ocurre en una cárcel Apodaca, Nuevo León, donde más de 60 por ciento de la población penitenciaria lo formaban esos líderes? Ponen el coco y luego se espantan con él: 204 prisiones, 43 mil 191 presos sobrantes respecto de su capacidad. Se han dado en cinco años 887 “incidentes” violentos en esos establecimientos. Y contando…
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