EDITORIAL
Gobierno
de tinieblas
PARA EFECTOS TEÓRICOS -nos resistimos a decir que lúdicos-, el eje rector de la buena democracia es una sociedad bien informada, de suerte que su participación política se base en el conocimiento y el análisis de los temas sobre los que está llamada a la toma de decisiones.
VERBIGRACIA: El Estado organizará el sistema de planeación democrática del desarrollo nacional. El Poder Ejecutivo, dice la Constitución, establecerá procedimientos de consulta popular para hacer efectivo el derecho a la participación social en la jerarquización de las prioridades de esa planeación.
La propia Constitución determina que el Derecho a la Información será garantizado por el Estado. Este mandato se origina en la Reforma Política promulgada hacia 1978, pero fue mantenido congelado por agentes del propio Estado, a presión de los poderes fácticos, hasta el sexenio pasado en que segmentos de la academia articulados con vertientes del gremio periodístico pusieron en la agenda pública el tema.
Dentro de unos días, el presidente Felipe Calderón asistirá a la Sesión de Congreso General a rendir su VI y último informe de Gobierno. El mandatario anunció hace cuatro años el Programa Nacional de Rendición de Cuentas, Transparencia y Combate a la Corrupción 2008-2012. En ocasión posterior, el propio jefe del Ejecutivo declaró que la Educación de esta época significa enseñar la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas.
No nos referiremos esta vez a cómo los derechos a la Información y a la Libertad de Expresión han sido conculcados en el sexenio a sangre y fuego. Para eso hay otras formas, a saber:
*Se conservan clasificados; esto es, sin posibilidad de acceso, casi ocho millones de expedientes, buena parte reservada bajo la coartada de preservación de la Seguridad Nacional. Es decir, por “razones de Estado”·
*Entre 2003 y 2011, dependencias públicas han interpuesto al menos 436 demandas de amparo contra resoluciones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Sesenta y seis de ellas sólo en 2011. Las dependencias más asiduas a tribunales judiciales son la Procuraduría General de Justicia (PGR) y el Sistema de Administración Tributaria (SART).
De esa vocación de secrecía gubernamental, propia de regímenes totalitarios, se desprende una subversiva anomalía: Muchos temas que tienen en su centro de gravedad la Seguridad Nacional, son conocidos en México, por ejemplo, por filtraciones originadas en el Congreso de los Estados Unidos. Podríamos subrayar, a manera de ilustración, la Operación Rápido y furioso, referida a la introducción clandestina de armas desde EU a territorio nacional.
En los últimos meses, la fuente de los hallazgos de asuntos estratégicos nacionales, o hasta de mera picaresca política, ha sido la temida agencia Wikileaks, cuyo impulsor es ahora expuesto a la condición de cibernavegante en busca de protección diplomática y de libertad.
Sorprendido con los dedos en la puerta, el gobierno mexicano reacciona invariablemente con ruedas de prensa o simples boletines, tratando de desvirtuar los contenidos de las revelaciones o imputando mala fe a los emisores de las mismas, con declaraciones o textos que difícilmente pasan la prueba de credibilidad.
En materia de desinformación, un caso que fluctúa entre el descrédito y la impudicia, es el de la calderoniana guerra contra el crimen organizado: La PGR ha sido impedida a continuar públicamente el cómputo de víctimas de la violencia. De su lado, un grupo de medios de comunicación han asumido, se dice que voluntariamente, la ley mordaza.
¿Cómo esperar, entonces, que el imperativo de una Educación para la transparencia, la honestidad y la rendición de cuentas pueda instituirse, si el Estado que debe impartirla y tutelarla la vulnera con su comportamiento práctico? Con quimeras no se edifica una democracia. Sí, una dictadura enraizada en la demagogia, oferta de la que la sociedad mexicana está harta. “Hasta la madre”, claman los desesperados.
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