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Gregorio Jiménez, una víctima más del exterminio periodístico
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Edición 316

LA FEADLE, R√ČMORA BUROCR√ĀTICA

 

Gregorio Jiménez, una víctima 

más del exterminio periodístico

 


Gregorio Jiménez


REGISTRO FUNERAL: 85 PERIODISTAS ASESINADOS¬†entre 2000 a 2013. (Comisi√≥n Nacional de Derechos Humanos). 47 periodistas muertos, ocho desaparecidos y 172 bajo amenaza, s√≥lo entre 2008 y 2012, a√Īos de la guerra de Felipe Calder√≥n contra el crimen organizado. (PEN International.)¬†

DOS REPORTES, los anteriores, que complementan y dan continuidad al seguimiento que, por su lado, ha llevado sistemáticamente el Club de Periodistas de México, A. C. a partir del asesinato del columnista Manuel Buendía Téllegirón, el 30 de mayo de 1984. 

Veracruz, el estado más peligroso de México 

El caso m√°s reciente: Secuestro y asesinato del reportero y corresponsal en Coatzacoalcos, Veracruz, de Notisur y Liberal del Sur, Gregorio Jim√©nez de la Cruz, levantado frente a su vivienda familiar la ma√Īana del pasado 5 de febrero. Su cuerpo fue encontrado cinco d√≠as despu√©s en Las Choapas, en una fosa en la que se hallaron otros dos cad√°veres.¬†

Se imputa el crimen a la tabernera Teresa de Jes√ļs Hern√°ndez Cruz, quien presumiblemente contratar√≠a a cuatro sicarios para plagiar y privar de la vida a Jim√©nez de la Cruz.¬†

En el marco de ese escándalo, renunció el segundo procurador de la administración del gobernador Javier Duarte de Ochoa, Felipe Amador Flores. Diez días después, fue cesada la vocera del gobierno del estado, Gina Domínguez Colo. 

Durante el gobierno de Duarte de Ochoa, iniciado en diciembre de 2010 -en el que despach√≥ como presidente del Instituto Estatal de Acceso a la Informaci√≥n, Luis √Āngel Bravo Contreras- han sido ejecutados 10 periodistas. La organizaci√≥n Article 19 califica a Veracruz como el estado m√°s peligroso de M√©xico para el ejercicio de la libertad de prensa. Casualmente, Bravo Contreras fue nombrado nuevo procurador en lugar de Amador Flores.¬†

El pasado 23 de febrero, al pie de la columna al √Āngel de la Independencia, en la Ciudad de M√©xico, se convocaron cientos de periodistas y representantes de organizaciones civiles solidarias para protestar contra el incesante exterminio de colegas y atentados contra¬† el Derecho a la Informaci√≥n y la Libertad de Expresi√≥n.¬†

Constante de esas frecuentes manifestaciones, es la denuncia de la impunidad, y de la ineficacia de Fiscal√≠a Especial para la Atenci√≥n a Delitos contra la Libertad de Expresi√≥n (Feadle) de la Procuradur√≠a General de la Rep√ļblica.¬†

El vía crucis de Sandra Quiroz 

En efecto, la Feadle -ahora a cargo de Laura √Āngela Barbosa Moreno- no ha respondido a las expectativas de su creaci√≥n. La mayor parte de las averiguaciones iniciadas son tratadas con desconocimiento jur√≠dico, indolencia, relajo e ineptitud. S√≥lo excepcionalmente se hacen consignaciones a juzgados y, cuando se hacen, son recusada o sobrese√≠das por ineficiencia e insuficiencia de elementos de prueba.¬†



Precisamente, en el caso de Gregorio Jim√©nez de la Cruz, esa reprobable conducta fue confirmada. Asumido el caso de oficio, se design√≥ como agente del ministerio p√ļblico a Sandra Quiroz Hern√°ndez, cuando del asunto -como delito del fuero com√ļn-, ya hab√≠a tomado nota el director de Investigaciones Ministeriales de¬† ¬†la PGJV, Enoc Maldonado, quien lleg√≥ a sugerir, sin embargo, la atracci√≥n del caso por la PGR.¬†

Adentrada en las indagatorias bajo el principio de coadyuvancia,  Quiroz Hernández -quien acusa a funcionarios de la Feadle de acoso laboral y sexual- fue sometida a un trato irrespetuoso e irresponsable de parte de sus superiores, que pretendieron obligarla a inmiscuirse en las diligencias sin ofrecerle siquiera el apoyo de servicios periciales, y aun expusieron su integridad personal al negarle la protección necesaria cuando las pesquisas condujeron a la eventual participación en el crimen de individuos presuntamente relacionados con Los Zetas, cuestión que ameritaría al menos un desglose a la PGR en materia de delincuencia organizada. 

Las protestas de Quiroz Hernández por ese arbitrario trato, tuvieron como respuesta la exigencia de su renuncia y, al negarla, fue avisada de su inminente cese. 

En esas manos queda, ya no la protección al ejercicio periodístico, sino la justicia para las víctimas de la represión. 


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