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Edición 305

 

Miserias de la

justicia mexicana

 

ESTE TÍTULO PODRÍA SERVIR lo mismo para referirnos a la justicia fiscal o a la justicia electoral, pero hoy nos enfocamos sólo  a la Justicia Penal que -a contrapelo de las frecuentes reformas de los últimos años- sigue anclada en seculares usos y costumbres que niegan la Ley y, por supuesto, evaden una recta aplicación del Derecho.


 

A PARTIR DE LA IRRUPCIÓN en el poder público de la tecnoburocracia neoliberal  hace tres décadas, nunca antes en la historia de México el gobierno habló tanto del Estado de Derecho. Especialmente en las presidencias del Partido Acción Nacional (PAN), y particularmente en la de Felipe Calderón -en que las más estratégicas esferas de decisión gubernamental fueron delegadas a egresados de la Escuela Libre de Derecho- se apeló a la doctrina clásica para defender el uso de la fuerza -expresamente la armada-como monopolio exclusivo del Estado. 

El ejercicio de ese monopolio pretendió justificarse al socaire de la guerra narca, pero su depravación sirvió, de un lado, para usos electoreros o, en otra vertiente, para blindar con descarada impunidad la disolvente industria de la corrupción. 

En un lapso de apenas siete años, nada menos que dos ministros presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han sido piedras de escándalo: Uno, por su injerencia en la política electoral para inhabilitar a un candidato a la presidencia de la República; el otro más recientemente, por pretender hacer de su función pública medio de encubrimiento y solución de su conducta privada. Magistrados o jueces de distrito han sido defenestrados -pocas veces indiciados- por colusión con el crimen. 

En ese poroso terreno de licencias fácticas, agentes de procuración de justicia se han valido de medios de comunicación para el linchamiento de detenidos, haciendo abstracción de la presunción de inocencia. Por ese mismo carril, transitan litigantes privados que, a golpes mediáticos, visten de blancas palomas a presuntos delincuentes. 

En la segunda categoría se inscribe el caso de Tabasco desde que, aún antes de la entrega de la administración estatal saliente, el gobernador Andrés Granier Melo y algunos de sus colaboradores, como el ex secretario de Administración y Finanzas, José Manuel Saiz Pineda, fueron sujetos de sospecha de corrupción. 

Abiertas las averiguaciones al respecto por la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de Justicia del Estado, conforme se recopilaban y exhibían evidencias de las imputaciones, los abogados de los sospechosos se atrincheraron en la malicia huizachera para recurrir a meras truculencias, a cuya difusión se han  prestado  algunos medios de comunicación que han aceptado incluso divulgar que las acusaciones contra los presuntos responsables son producto de una conspiración orquestada por un ex candidato presidencial de origen tabasqueño. 

Saiz Pineda fue arrestado a finales de la primera semana de junio en la frontera Tamaulipas-Texas, cuando pretendió internarse en los Estados Unidos con visa suspendida. Fue entregado a agentes federales mexicanos. El 9 de junio y todavía la madrugada del 10, una cadena televisora, con la sola voz de un abogado, divulgó incesantemente que el ex secretario de Finanzas tabasqueño había comparecido ante la procuraduría estatal y esta dependencia resolvió liberarlo por falta de pruebas. 

La misma noche del 9 de junio, el procurador estatal Fernando Valenzuela Pernas había dado por detenido e indiciado por peculado y uso de recursos de procedencia ilícita al ex funcionario. Tope en eso, la versión de su liberación se mantenía en el aire. 

Serán el juez o los jueces de esa causa, los que dicten la última palabra sobre ese putrefacto asunto. Queda en el registro público, sin embargo, el dato de que la justicia penal mexicana no anda en buenos paso.



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